Los autores de la 'masacre de Tlatelolco' de México siguen impunes 50 años después

Los estigmas todavía son visibles en la mole de viviendas de protección social que delimita la Plaza de las Tres Culturas, no lejos del centro histórico de México D.F. La gran explanada recoge tres partes de la historia del país. La iglesia de Santiago, símbolo barroco de la conquista española está frente a ruinas prehispánicas, mientras que la Torre de Tlatelolco, que albergó la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta 2005, representa al México moderno.

Enrique Espinoza, de 69 años, señala el edificio Chihuahua. Recuerda a los miles de estudiantes que se dieron cita en esta plaza (que también lleva su nombre azteca, Tlatelolco) para escuchar a los líderes del movimiento. Y la posterior matanza a las primeras intervenciones. Hoy, Enrique Espinoza pelea desde la Comisión 68, que trabaja incansablemente para que se castigue a uno de los últimos líderes vivos, el exministro del Interior Luis Echeverría. En 2007, un juez sentenció que la masacre de los 100 estudiantes fue un “genocidio”, aunque no halló indicios de que el número dos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fuese el responsable.

“Llegamos alrededor de las 5 de la tarde del 2 de octubre de 1968”, recuerda Enrique Espinoza. “En el tercer piso, los miembros del Comité Nacional de Huelga se preparaban para el mitin”. Desde el 26 de julio, la juventud estudiantil mexicana se encontraba en huelga. Constituido en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Comité Nacional de Huelga reclamaba más pluralismo político, menos desigualdad social y la dimisión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había establecido un régimen clientelar, corporativista y autoritario.

Desde principios de septiembre, los militares ocupaban los campus de la Unam y la IPN. Ya habían muerto decenas de estudiantes en enfrentamientos. Pocos días después se inaugurarían los Juegos Olímpicos de 1968, ante cámaras de todo el mundo: la oportunidad perfecta para que los jóvenes mexicanos hicieran oír su voz.

“El mitin acababa de comenzar”, continúa Enrique Espinoza. “En ese momento, un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas. Entonces una docena de hombres con guantes blancos aparecieron en la plaza, disparando a todo lo que se movía”. Se trataba de una primera incursión, atribuida más tarde al “Batallón Olimpia”, creado especialmente para disuadir cualquier intento de disturbios durante el acontecimiento internacional. Impugnado por el gobierno de turno, el ataque inicial de este grupo paramilitar fue finalmente confirmado el pasado mes de marzo en un archivo fotográfico distribuido por la Unam.

Cientos de policías y militares bloqueaban los accesos a la plaza cuando se produjeron los primeros disparos. Según Enrique Espinoza y otros testigos, los miembros del Batallón Olimpia también atacaron a los militares para hacerles creer que se trataba de una respuesta armada de los manifestantes, incitándoles a disparar contra la multitud en respuesta al pánico.

La lluvia, habitual en esa época del año, se unió entonces a las lágrimas de la juventud mexicana. Los supervivientes se refugiaron en los apartamentos que rodean Tlatelolco, afortunados de encontrar personas solidarias; algunos murieron más tarde, víctimas de las redadas nocturnas. Por la mañana temprano, la plaza está vacía, se había lavado la sangre de sus muertos. Una veintena, según la policía y la prensa del régimen, que se apresuró a calificar a los mártires de “terroristas”.

Difícil de cuantificar, en realidad, los cuerpos fueron trasladados y cientos de estudiantes desaparecieron después de ser hechos prisioneros. El movimiento se detiene repentinamente. El 12 de octubre, Díaz Ordaz puede inaugurar sus “Juegos Olímpicos de la Paz”. Sin embargo, en la ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico de la Universidad de Unam, un grupo de estudiantes logró lanzar una cometa en forma de paloma negra al cielo de la capital.

Posteriormente, las investigaciones realizadas por las familias y la sociedad civil permitieron saber que se habían producido más de 300 muertos y desaparecidos. Pero sólo treinta años después de la masacre de Tlatelolco, gracias a los antiguos dirigentes del movimiento, el Comité 68 lograba tomar forma. "Su papel es arrojar luz sobre los acontecimientos. No sólo para las víctimas del 2 de octubre, sino para perpetuar la memoria de la represión de este gran movimiento democrático”, explica Víctor Guerra, estudiante de bachillerato en el momento de los hechos y abogado del Comité.

A mediados de septiembre de 2018, la organización interpuso un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, una acción legal propia de la legislación mexicana. Con relación a las víctimas del 2 de octubre, el Comité 68 pretende obligar a la Procuraduría General de la República (PGR) a reabrir la investigación de Luis Echeverría, entonces ministro de Gobernación, y uno de los últimos altos funcionarios responsables de la masacre de Tlatelolco que en la actualidad tiene 96 años.

En 1998, el Comité presentó una denuncia contra Echeverría ante la PGR por genocidio. El exministro del Interior resultó finalmente absuelto. Por lo tanto, el grupo de Víctor Guerra recurrió al amparo para que la Corte Suprema de Justicia solicitara a la PGR que reabriera la investigación. “No podemos resignarnos a la impunidad de un crimen de genocidio”, explica el abogado.

En última instancia, el Comité 68 pretende que se reabra el juicio para que Echeverría, que sucedió a Díaz Ordaz entre 1970 y 1976 pueda ser declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. Este paso se ha visto reforzado por el movimiento para encontrar y hacer justicia a los desaparecidos del país, varios de los cuales han sido víctimas de crímenes de Estado.

Es el caso, por ejemplo, de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en Iguala, un crimen conmemorado de forma multitudinaria el 26 de septiembre, cuatro años después de los hechos. En este caso, la PGR nunca quiso investigar la participación del Ejército a pesar de las sospechas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Enrique Espinoza se dirige hacia la iglesia de Santiago. Allí, frente al lugar santo, se erige un enorme bloque de piedra. La estela que conmemora la masacre de Tlatelolco sólo tiene unos 40 nombres. Fue levantada en 1993, 25 años después de los hechos; el reconocimiento de la masacre lleva tiempo. Símbolo importante, las placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz fueron retiradas de varios lugares públicos el lunes. Poco a poco se reconoce, al menos simbólicamente, la responsabilidad del presidente y de su mano derecha, Luis Echeverría.

El lunes, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó “la falta de una investigación bien fundada y de sanciones contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el movimiento estudiantil de 1968”. Pocos días antes, el recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador, que tomará posesión de su cargo a principios de diciembre, se reunió en Tlatelolco. Para muchos ciudadanos, representa la alternancia a la “dictadura perfecta” del PRI. Existía el compromiso de “nunca usar a los militares contra el pueblo”. Su elección puede debilitar las defensas del viejo elefante del PRI, que todavía se beneficia de la generosidad de la Justicia.

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  Traducción: Mariola Moreno

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