La Comisión Europea dilapida su propia agenda verde
Ante Donald Trump, la Comisión Europea finalmente ha dado señales de vida. Lo hizo el miércoles 26 de febrero de forma inesperada: desmantelando cuatro de los textos del Pacto Verde que ella misma había defendido durante el mandato anterior (2019-2024).
Este proyecto, llamado Omnibus, pretende reforzar la competitividad de las empresas en el continente en este momento de incertidumbre en el que Estados Unidos ya no es el aliado natural de la Unión Europea (UE). “Las normas y su complejidad limitan nuestra prosperidad”, declaró en una conferencia de prensa en Bruselas el letón Valdis Dombrovskis, comisario europeo responsable de Economía y Productividad, pero también de “simplificación”.
“La propuesta de directiva ómnibus de la Comisión Europea solo tiene de ‘simplificación’ el nombre”, opinan una docena de ONG francesas, desde Oxfam hasta Amigos de la Tierra. “En realidad, se trata de una desregulación masiva y sin precedentes, que recuerda a la política de desregulación en marcha en Estados Unidos”. Como era de esperar, BusinessEurope, la federación de empresarios europeos con sede en Bruselas, se congratula de “un paso positivo para facilitar los negocios en Europa”.
La situación es inédita: la Comisión propone revisar directivas que acaban de ser aprobadas y cuya transposición a los Estados miembros aún está en curso. El primero de estos textos, aprobado en abril de 2024 por el Parlamento Europeo y en el punto de mira de Ursula von der Leyen, estableció una obligación de vigilancia que obliga a las empresas a luchar contra las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales a lo largo de toda la cadena de producción.
El segundo texto trata sobre la “presentación de informes de sostenibilidad”, que desde principios de 2024 obliga a las empresas a informar sobre su impacto social y medioambiental. El ejecutivo también propone simplificar “la taxonomía verde de la UE”, una guía que pretende identificar las actividades consideradas sostenibles para dirigir mejor las inversiones privadas hacia ellas, una herramienta que, por otra parte, ha quedado muy desacreditada desde que, en 2022, se incluyó la energía nuclear y el gas fósil, sobre todo por la presión de París.
Además, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera —otro nombre de la “tasa de carbono en frontera”—, que se supone protege las economías de la UE de sus esfuerzos de ecologización y que debía entrar en vigor a partir del próximo año, también se ve afectado por este primer paquete de medidas.
Presiones alemanas y francesas
Esta dinámica no es ninguna sorpresa en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno habían instado a la nueva Comisión en noviembre de 2024 a “lanzar una revolución en materia de simplificación” en una "declaración de Budapest", cuando la Hungría de Orbán presidía la UE. En particular, propusieron “reducir las obligaciones de declaración [para las empresas] en al menos un 25% para el primer semestre de 2025”.
El canciller alemán saliente, Olaf Scholz, había enviado una correo electrónico en el mismo sentido a la ejecutiva de Bruselas el 2 de enero, y la victoria del conservador Friedrich Merz la semana pasada debería consolidar aún más la posición de Berlín en este asunto. Durante la campaña electoral alemana hubo muchos llamamientos de la industria a “reducir la burocracia”.
En París, Emmanuel Macron también había hecho de la “simplificación” la prioridad del “despertar europeo” frente a Trump, en su discurso pronunciado en la conferencia de embajadores el 6 de enero. Y las principales figuras francesas en Bruselas, desde el comisario europeo Stéphane Séjourné hasta el ministro delegado para Europa Benjamin Haddad, llevan semanas repitiendo la misma mensaje.
Por parte de la Comisión, los términos están claros: sí a la simplificación, no a la desregulación. Sobre el papel, los objetivos del Pacto Verde, empezando por la neutralidad de carbono en 2050, siguen sin cambios. “La simplificación que se ha puesto en marcha es muy diferente de lo que hacen los Estados Unidos: no vamos a hacerlo con la motosierra”, minimizó la socialdemócrata Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión, en El País el domingo pasado.
Pero si se examinan en detalle las propuestas del miércoles, es difícil no ver en ellas una forma de reducir considerablemente el alcance de estos textos, que, sin embargo, ya eran el resultado de difíciles compromisos tras años de negociaciones.
En cuanto a la directiva sobre “informes de sostenibilidad”, la Comisión Europea propone ahora endurecer el umbral de su aplicación, con el fin de sacar del ámbito de aplicación de la directiva en cuestión a no menos del 80 % de las empresas que actualmente están obligadas a publicar información sobre su sostenibilidad.
En cuanto a la obligación de vigilancia, es su propio principio el que está amenazado: las multinacionales ya no tendrían que asegurarse de que los subcontratistas indirectos respetan esta famosa “obligación de vigilancia”, en lo que respecta a los derechos sociales o medioambientales.
“Roll back”
Como señala la eurodiputada Manon Aubry, de La France insoumise (LFI), que fue una de las encargadas de negociar el texto en el Parlamento Europeo en los últimos años: “Mientras los beneficios suban por la cadena de valor hasta las multinacionales, estas podrían seguir escondiéndose detrás de sus subcontratistas para eludir la responsabilidad de la explotación letal de los trabajadores y la naturaleza”.
El texto también propone retrasar el calendario de entrada en vigor de la directiva y suavizar el régimen de sanciones previsto. Igualmente propone eliminar la cláusula de revisión, que debía intervenir dos años después de la entrada en vigor del texto, durante la cual se debía ver si se incluye a los bancos en el ámbito del texto. Es un triunfo de la diplomacia francesa, que lleva años luchando para excluir —y proteger— a su sector bancario. París había defendido este punto concreto en las reuniones de enero, como reveló Mediapart.
“No solo se ha pasado página al Pacto Verde, sino que la ecología se ha convertido en el enemigo público número uno”, denuncia la eurodiputada ecologista Marie Toussaint. “Ahora la ecología se considera un obstáculo para el poder y la competitividad. Es una alineación con la visión trumpista que no dice su nombre”.
En este momento hay una impresión aún más clara de un “roll back” (retroceso) en el Pacto Verde, ya que, al mismo tiempo, la derecha y la extrema derecha se han unido en el Parlamento Europeo para cuestionar las subvenciones públicas a las ONG de defensa del medio ambiente. Esto debilita aún más a los portavoces del Pacto Verde.
Este no es el único texto problemático que defiende la Comisión. Su “Pacto por una industria limpia” se ha organizado totalmente en torno a la idea de la competitividad: las industrias grandes consumidoras de energía (acero, cemento, etc.) y las clean tech (tecnologías limpias) deben poder contar con la electricidad más barata posible, en particular mediante la reducción de los impuestos sobre la electricidad. Otra opción podría haber sido sin embargo la revisión a fondo del mercado europeo de la electricidad, la principal causa de la explosión de los precios en el continente.
No se ha establecido ningún límite a la cantidad de energía consumida por la industria, ni se han endurecido los controles sobre la compensación de las emisiones de carbono, a pesar de que eso permite a los agentes económicos subestimar sus emisiones reales de CO2. El resultado es que la Comisión se conforma con medidas (fomentar la venta directa de energía entre productores e industrias) y técnicas (mejorar las interconexiones de la red eléctrica).
Mayoría de derechas y de extrema derecha
El texto también propone una simplificación administrativa, como el proyecto de reducir a unos meses, si es posible, la instrucción de los expedientes de instalación de energías renovables, pero no aborda el núcleo del problema, desde un punto de vista ecológico: cómo conciliar la creación de valor con el respeto de los límites del planeta (recursos hídricos, biodiversidad, contaminación, clima, etc.). Lo esencial está en otra parte, como resume muy claramente Stéphane Séjourné, comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial: “Europa es un continente en el que es bueno hacer negocios”. En los próximos meses se esperan otros planes: sobre el sector del automóvil, el acero y la química.
Estos textos serán debatidos en el Parlamento Europeo. Habrá que ver si la mayoría que eligió a Ursula von der Leyen en julio de 2024 (además de los conservadores y los liberales, una parte de los socialdemócratas y los ecologistas) validará este impulso simplificador. A principios de año, el eurodiputado macronista Pascal Canfin, influyente dentro del grupo liberal, había tomado distancia de cualquier revisión del texto sobre la información sostenible.
Pero aunque algunos diputados socialdemócratas o ecologistas no lo apoyen, el texto podría contar con una amplia mayoría de derechas y de la ultraderecha en el Parlamento Europeo. La “simplificación” es un leitmotiv del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), donde están incluidos los diputados de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni.
Por su parte, Jordan Bardella (Agrupación Nacional), líder del grupo de Los Patriotas en el europarlamento, propuso en enero una alianza con los conservadores del PPE (Partido Popular Europeo, partido de derecha mayoritario en Bruselas, al que pertenece Ursula von der Leyen) para “suspender el Pacto Verde”.
Como todo un símbolo, señalado por el diario Politico, Ursula von der Leyen viajó el miércoles pasado a Amberes, la ciudad del nuevo primer ministro belga Bart de Wever, cuyo partido también es, en el Parlamento Europeo, un aliado de Meloni dentro del ECR. A principios de este año, la alianza de la derecha y la extrema derecha parece más sólida que nunca.
Vuelta de la energía nuclear, como si tal cosa
La expresión “neutralidad tecnológica” aparece varias veces en el “Pacto por una industria limpia”, otro texto presentado el miércoles por la Comisión. A primera vista parece anodina, pero en el delicado tema de la energía, las palabras a menudo dicen más de lo que parece.
En el contexto europeo, esta formulación significa que cada Estado debe seguir siendo dueño de la elección de sus fuentes de energía, siempre que le permitan reducir sus emisiones de CO2. El objetivo es reducir los gases de efecto invernadero en un 90 % para 2040. Cuando Europa se ha fijado objetivos de instalación de energías renovables (eólica marina y terrestre, solar, biomasa, etc.), el principio de neutralidad tecnológica garantiza, como si tal cosa, un lugar para la energía nuclear en las regulaciones de la UE y, potencialmente, su acceso a la financiación.
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Por eso Francia se aferra a esta expresión, que intenta encajar en la medida de lo posible. Su ministerio de Industria no lo oculta: “Francia mantiene una posición de neutralidad tecnológica para alcanzar los objetivos de descarbonización, de modo que cada Estado miembro pueda elegir el paquete energético que corresponda a su visión política”, responden en el entorno de Marc Ferracci (ministro de Industria y Energía francés, ndt) a Mediapart. "Francia, por ejemplo, ha optado por combinar la energía nuclear con las renovables (electricidad y biocombustibles) para alcanzar sus objetivos de descarbonización. El objetivo principal que se persigue a nivel europeo debe ser la descarbonización, no la promoción de una tecnología u otra para lograrla”. Para Greenpeace, “la Comisión ha cedido ante la presión de la industria nuclear y está considerando financiar este sector obsoleto y caro”.
Traducción de Miguel López
