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Las consecuencias (humanas) de la fiebre inmobiliaria en China

Construcción de nuevos edificios en Pekín

Elodie Goulesque (corresponsal de Mediapart en Pekín)

Todos visten el mismo uniforme azul marino, pero nadie sabe quiénes son. Cuando Chang Xi Yun, que lleva a su bebé en el regazo, intenta salvar el batallón de “guardias de seguridad” para acceder a su casa, le impiden el paso. A sus espaldas, retroexcavadoras y obreros avanzan en la demolición de decenas de casas, incluida la de Xi Yun. Ella no lo sabía.

Fue un vecino de esta pekinesa, que ronda los treinta años, quien llamó a su marido para informarle de que estaban echando abajo su casa. “Sabíamos que un agente inmobiliario quería comprar nuestras casas para tirarlas, pero, de un día para otro, el asunto quedó en manos de las autoridades locales, que exigieron recuperar las tierras. Lo hemos perdido todo y ni siquiera sabemos qué han hecho con nuestras cosas”, explica Wu Zhi Wei, el marido de Xi Yun. La familia no pudo contener las lágrimas al ver que su casa había quedado reducida a ruinas. El miedo les invadió. ¿Dónde iban a dormir esa noche? ¿Por qué nadie los avisó? ¿Quién es el responsable?

Contactado telefónicamente, dos meses después, Wu todavía sigue en estado de shock: “En la tele dicen que a día de hoy ya no hay desalojos forzosos, que se negocia con los propietarios. A nosotros nos tendieron una trampa y nos robaron nuestra casa”. Recibió una carta en la que le informaban de que le indemnizarían con 8.000 yuanes por metro cuadrado –unos 1.100 euros-, a pesar de que, según dice, la casa tradicional de ladrillos en la que nació y vivió durante 39 años vale por lo menos diez veces más. El barrio residencial de Tai Yang Gong donde vivía la familia Wu, en el noroeste de Pekín, está muy bien situado y es una zona cara. Incluso para los chinos de clase media como el señor Wu, ingeniero que habla un más que correcto inglés, la situación es desesperante y difícil de entender: “Cuando le pregunto al agente inmobiliario, me dicen que ellos no son responsables y el Gobierno me dice lo mismo. No sabemos a quién dirigirnos”. Ha terminado por contratar un abogado, que se muestra poco optimista puesto que la casa ya ha sido demolida. Sus vecinos están como él y no saben a quién acudir: “Soy un ciudadano corriente, la ley es mi única arma”.

La historia de Wu Zhi Wei es similar a la de muchos otros chinos. Con la urbanización fulgurante del país, se instó a muchos particulares –sin que en realidad éstos tuviesen elección– a dejar libres los terrenos para construir, en la mayoría de los casos, nuevas zonas residenciales. “Al comienzo de la apertura económica de China, en los 80, fue necesario responder a la necesidad imperiosa de construir vivienda”, explica Thibaud André, de la consultora Daxue, con sede en Pekín. Y continúa: “Posteriormente, ya no mandaba la demanda, sino el hecho de que el mercado inmobiliario se convirtió en un maná financiero. Representa una parte muy importante del PIB y del crecimiento del país, por lo que el Gobierno contribuyó artificialmente a perpetuar este crecimiento”.

Esta carrera de la construcción derivó en la ya conocida burbuja inmobiliaria. En la actualidad, en China hay muchas viviendas nuevas desocupadas, sobre todo por el aumento de los precios o de los proyectos urbanos desarrollados en zonas donde no hay transporte público, universidades, industrias ni grandes ciudades en las inmediaciones. La ciudad de Datong, en el noroeste de China, es un caso de libro de urbe fantasma. En 2008, el alcalde se embarcó en un gran proyecto de reforma con el fin de dar una segunda vida a la ciudad, más conocida por sus minas de carbón y por sus niveles de contaminación que por su calidad de vida. La idea era recuperar la gloria pasada de Datong, antigua ciudad imperial… pero de la que apenas se conservan vestigios. Unas 50.000 personas fueron desalojadas, sus casas demolidas y se gastaron millones de yuanes. El proyecto era demasiado ambicioso y poco oportuno. A día de hoy, la ciudad se encuentra entre las más endeudadas del país y está desesperadamente vacía.

Pero estos proyectos fallidos no han desalentado el afán megalómano de algunos Gobiernos locales. Para obtener estos resultados en tan poco tiempo, China ha optado por dejar de lado a parte de sus ciudadanos. En la actualidad, los numerosos conflictos sociales existentes se deben a expropiaciones o proyectos de desarrollo urbanístico. Por ejemplo, la pequeña aldea de Wukan, al sur de China, ha dado mucho que hablar desde 2011. En un primer momento, los lugareños acusaban al entonces líder del pueblo de no defender sus tierras, de venderlas al Gobierno local sin ver ni un céntimo del dinero prometido.

En las zonas rurales, las tierras son “propiedad colectiva”. De modo que el Gobierno local tiene que comprar los terrenos a los campesinos y después recalificarlos como suelo urbano y construir. Después de las protestas, los ciudadanos pudieron elegir democráticamente, algo inédito en China, a su representante, Lin Zuluan. Cinco años después, éste fue encarcelado, acusado de corrupción, pese a las protestas llevadas a cabo por los lugareños el pasado verano y que fueron reprimidas por las autoridades chinas. Al luchar por los derechos de sus conciudadanos y al llamar la atención de los medios de comunicación extranjeros, Lin Zuluan pasó a convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno. Y lo neutralizaron.

Violencia e inmolaciones

En China, los Gobiernos están muy interesados en desarrollar proyectos inmobiliarios, ya que ese mercado puede llegar a suponer hasta el 40% de los ingresos totales de las Administraciones locales. Un auténtico maná financiero nada desdeñable y unas operaciones menos transparentes de lo que sería deseable. Precisamente eso fue lo que llevó a Jia Jinglong a cometer un acto irreparable. En febrero del 2015, este residente en la provincia de Hebei, al norte de China, asesinó al jefe de la aldea. El detonante de semejante acto desesperado fue la demolición dos años antes de su casa para construir un bloque de viviendas. Jia Jinglong se quejó al Gobierno, alegó que nunca había dado su autorización y que la indemnización que recibió no era suficiente. Sus reclamaciones no prosperaron y… decidió tomarse la justicia por su mano. La sentencia fue inapelable. El campesino fue condenado a muerte; la sentencia se ejecutó el pasado mes de noviembre, provocando la indignación de numerosos chinos y de defensores de los derechos humanos. Mientras que algunos oficiales muy corruptos y en ocasiones también acusados de crímenes evitan la pena máxima, un campesino al que la desesperación llevó a hacer lo peor, él sí, resultaba ejecutado.

Para Zhang Qianfan, profesor de Derecho en la University Law School y conocido por ser una persona muy comprometida, el suceso es un caso extremo pero cada vez más frecuente en los últimos veinte años: “La mayoría de las veces la gente se dirige a la Administración, recurre a la violencia o incluso a la inmolación”. Según un informe de Amnistía Internacional publicado en 2013, al menos 41 personas se han quemado a lo bonzo desde 2009 para protestar por la expropiación de sus tierras. Se trata de un problema creciente y que el Gobierno tiene ahora entre sus prioridades. De acuerdo a este profesor de Derecho, “por supuesto que para todos los Gobiernos es importante mantener el orden público y, en especial, para el chino”. Sin embargo, la posición del Estado es delicada. China sigue siendo un país comunista donde se puede construir y vivir en un terreno durante un tiempo máximo de 70 años. Aunque es posible ser propietario de una vivienda, la tierra pertenece al Estado. Por lo tanto, si la Administración decide expropiarla, los ciudadanos no pueden hacer nada y tienen que cederla.

El Gobierno es consciente del problema y trata de ponerle remedio. En 2012, se estableció que el Estado debe ofrecer a los propietarios compensaciones al menos iguales al valor de mercado. Según la oficina de solicitudes, una suerte de departamento de quejas abierto a todos los ciudadanos chinos que desean presentar una reclamación al Gobierno, el 60% de las peticiones registradas al año en China están relacionadas con las tierras, sobre todo con pagos a la baja de las indemnizaciones. Recientemente, el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado dieron a conocer la legislación relativa a esta cuestión que implica que la Justicia tenga que revisar todos los juicios controvertidos, cuando los propietarios se consideran perjudicados por el Estado.

A pesar de las medidas aplicadas, el problema persiste: la corrupción, la burocracia y la falta de transparencia siguen siendo un obstáculo. Cuando los chinos deciden oponerse al sistema, a menudo tienen que hacerlo solos. “Existe una individualización de la defensa de los derechos porque la tesitura particular cambia y los criterios varían según el tamaño de la casa, las habitaciones añadidas o la superficie total del terreno. Los vecinos no hablan entre ellos para conocer la indemnización lograda por el otro”, explica Judith Audin, doctora en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios sobre China moderna y contemporánea (CECMC), con sede en Zhuhai, al sur del país. A veces se escuchan las reivindicaciones, sobre todo cuando se mediatizan.

Así sucedió con el caso de las llamadas casas clavo. Cuando algunos propietarios se niegan a abandonar sus bienes en manos del Gobierno, la casa permanece intacta, como un clavo, en medio de las obras. Gracias a esta obstinación, los propietarios pueden percibir una indemnización más elevada. A veces, se produce la situación contraria: “He conocido a personas que esperan la demolición de su casa para recibir una imdenización. Es la manera que las familias corrientes tienen de hacer fortuna”, explica Judith Audin, que también asegura que “exista una mercantilización mundial de la vivienda y algunos han entrado en ese juego”. Sin embargo, estas situaciones son minoritarias y suele afectar más a ciudadanos que viven en las ciudades que a aquéllos que residen en el campo.

La mayoría de las veces son sobre todo los habitantes de zonas rurales quienes se encuentran entre la espada y la pared. Resulta difícil conocer el número de perjudicados por un tema tan sensible, que se ha convertido en un auténtico problema para el Gobierno chino. Como ejemplo baste decir, según un informe del Banco Mundial publicado en marzo de 2014, que cerca del 90% de la superficie de los terrenos urbanos en construcción en 2011 estaban en manos de campesinos, que recibieron bajas indemnizaciones. Éstas representan a menudo sólo el 20% del precio de mercado.

Aunque la imagen actual de China es la de un país que evoluciona a un ritmo fulgurante, un país de oportunidades, las desigualdades frente al desarrollo persisten. Queda por saber hasta cuándo el Gobierno chino continuará sacrificando a una parte de su población en nombre del bien común. Y hasta cuándo lo aceptaran los chinos. ____________

Traducción: Alba Precedo

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