El Ejército brasileño finge ahora proteger la Amazonia

Los medios desplegados por los militares son impresionantes: 3.815 hombres, 110 vehículos terrestres, 20 embarcaciones y 12 aviones. Pero los resultados de la operación Verde Brasil 2 para luchar contra la deforestación y los incendios no son los que se planeaban.

A pesar de su presencia, ha aumentado el número de incendios en un 28% durante el mes de julio (en comparación con julio de 2019). De los 6.803 incendios contabilizados, 828 han ocurrido en los alrededores de la pequeña ciudad de Apui, con el ejército presente en esa zona durante todo el período. “El Ejército no tiene plan alguno, ningún objetivo definido, ninguna estrategia”, dice Evandro (nombre ficticio), que colabora con el Ibama (institución encargada de la defensa del medio ambiente) desde hace meses.

El municipio de Apui ha sido elegido entre las cinco zonas especialmente en riesgo que concentran el 45% de la deforestación. Muy a menudo, los incendios, siempre de origen humano en la Amazonia, sirven para limpiar zonas que en parte ya estaban deforestadas. Esas cinco zonas han sido delimitadas gracias al trabajo del INPE (instituto nacional de investigación espacial) y del Ibama, que han creado un mapa inédito puesto a disposición del Ejército que se actualiza cada 24 horas y tiene una precisión de 10 metros, incluso con tiempo nuboso. Pese a esta proeza tecnológica, los militares prefieren seguir utilizando una estrategia considerada arcaica basada esencialmente en el bloqueo de carreteras que se ven de nuevo por toda la Amazonia.

“Es totalmente improductivo, ya no se hace eso desde hace al menos diez años. Los criminales se comunican entre ellos y evitan las barreras. Lo que funciona son las operaciones focalizadas”, dice Wellington (ficticio), funcionario del Ibama con experiencia sobre el terreno, que a veces ha sido tiroteado durante su trabajo.

Durante mucho tiempo, el ejército ha apoyado a los funcionarios del Ibama ofreciéndoles escolta armada, pero en el marco de Verde Brasil 2, una parte de los efectivos de la institución están ahora subordinados a los militares. Porque, a pesar de décadas de experiencia sobre el terreno, los militares desprecian sus recomendaciones. “Ignorar a los que van a buscar información, tienen experiencia sobre el terreno y saben combatir a ese tipo de criminales, es condenar la operación al fracaso”, piensa Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red que agrupa numerosas asociaciones y ONG de la sociedad civil.

Para Astrini, como para el resto de los entrevistados, el despliegue del Ejército es sobre todo una operación de comunicación cuando la estación seca, la de los incendios, ya está bien comenzada. Las escenas se repiten uno y otro año. El humo de los inmensos fuegos mezclado con el de los hogares más modestos oscurece el cielo, y la atmósfera, ya cargada en esta época del año, se vuelve irrespirable.

Nubes de humo opaco ennegrecen el cielo de la Amazonia y se desplazan a veces hasta las grandes ciudades a varios cientos de kilómetros, como ocurrió en São Paulo en 2019. Pero esta vez, las malas cifras no han hecho gracia a grandes inversores internacionales que amenazan con retirar sus capitales del país.

El gobierno de Bolsonaro, bajo presión, trata de probar su buena voluntad: el presidente ha publicado un decreto para lavar la cara prohibiendo los incendios en la Amazonia, el vicepresidente no cesa de elogiar los supuestos méritos de la operación Verde Brasil 2 y Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente, participó el 6 de agosto en una operación contra la búsqueda ilegal de oro en el Estado de Pará. Pero la operación fue interrumpida desde su inicio porque los militares prohibieron despegar a tres helicópteros del Ibama.

Para Evandro, “todo esto es maquillaje, pero un maquillaje que sale caro”. Un mes de operación Verde Brasil  2 cuesta tanto como el presupuesto anual de inspecciones y operaciones del Ibama (10 millones de euros). “Es un derroche de dinero público. A fin de cuentas, todo eso no sirve más que para dar seguridad a los inversores y dinero a los militares”, añade Wellington, decepcionado.

Según varios artículos del diario Estadão, el ejército ha llegado incluso a apropiarse de los resultados de las operaciones del Ibama y además a inflar el balance con confiscaciones o con destrucciones de maquinaria inexistente. “¡El primer balance fue publicado tres días después de la firma del decreto que autorizaba el despliegue del Ejército! Han utilizado cifras del año pasado. La cantidad de mentiras es tan importante que es imposible desmentir todas”, asegura Wellington.

El dinero disponible ni siquiera es utilizado en la Amazonia. 40.000 litros de botes de pintura comprados con el presupuesto de Verde Brasil 2 han sido utilizados para pintar de nuevo una base en el sur del país, muy lejos de la región amazónica.

Por supuesto, ni la destrucción de la Amazonia ni el desmantelamiento de los organismos de protección del medio ambiente son nada nuevo. El presupuesto del Ibama está en reducción constante desde 2013, pero tras la llegada al poder de Bolsonaro, todo se ha acelerado. El próximo año, el presupuesto de la institución bajará un 33,6%. “Estábamos lejos de ser perfecto, pero ahora todo está peor. El año será terrible”, asegura Gasparo (ficticio), otro experimentado funcionario de la institución.

El gobierno de Jair Bolsonaro ha facilitado la exportación ilegal de madera al suprimir ciertos controles efectuados por el Ibama mientras que el número de multas impuestas por la institución ha disminuido un 60% en 2020 y un 40% el año anterior. “De hecho, el presidente brasileño considera que la conservación de la Amazonia va contra los intereses de Brasil”, asegura Marcio Astrini. Jair Bolsonaro está no solo marcado por la ideología paranoica de los militares, que consideran que hay que ocupar la Amazonia para evitar cualquier invasión extranjera, sino también por el viejo mito de la naturaleza infinita, muy presente en este país de dimensiones continentales.

“Por eso alienta la deforestación al desmantelar los mecanismos de protección medioambiental”, continua Marcio Astrini. El 22 de abril, Ricardo Salles propuso, en una reunión ministerial, aprovechar “que la prensa está volcada en el coronavirus” para “relajar las normas” relativas a la protección del medio ambiente.

Según las cuentas de la Folha de São Paulo, entre marzo y mayo de este año han sido publicados en el boletín oficial 195 actos sobre temas medioambientales (16 en el mismo periodo en 2019). Cuando es demasiado difícil de modificar la legislación “este gobierno apoya a los que practican delitos medioambientales. Esa es la gran novedad: los delincuentes tienen un socio que dirige el país”, denuncia Marcio Astrini.

El gobierno ha recibido muchas veces, por ejemplo, a buscadores ilegales de oro o a usurpadores de tierras. “Es una inversión total de valores”, dice Evandro, airado. “La idea es enviar un mensaje: la ley no es correcta y vamos a apoyaros”. Porque, en la Amazonia, el nivel de deforestación depende mucho de la actitud de las autoridades. Si la acción del gobierno entorpece el delito medioambiental y entonces pasa a ser demasiado caro, sus patrocinadores disminuyen su actividad depredadora y se dirigen hacia proyectos más legales.

Pero los criminales están confiados, sobre todo porque el precio de las materias primas está aumentando fuertemente en estos momentos, especialmente el del oro. El miedo se instala en Ibama y sus funcionarios, intimidados, vigilados y con prohibición de comunicarse con la prensa, no salen de sus despachos.

“Los superiores piden una montaña de documentos inútiles para autorizar una operación que no esté auspiciada por el ejército y se niegan a destinar recursos”, señala Gasparo (ficticio). “El covid-19 les ha proporcionado también una excusa para rechazar las intervenciones previstas”. Quienes demuestren un celo excesivo son cesados. Los responsables de la operación más eficaz del año, realizada en abril en la tierra indígena más deforestada del país, han sido cesados después de la difusión de imágenes de la intervención en la principal cadena del país. La deforestación se había paralizado totalmente como consecuencia de sus acciones en la región, pero sin el seguimiento adecuado, volvió a empezar en julio. Todo esto se inscribe, según Gasparo, en un proyecto a largo plazo. “Antes, el ministro de medio ambiente podía cambiar, y los principales directores del Ibama también, pero ahora sustituyen hasta a los situados en los 7º y 8º escalones. La mayor parte de los superiores son en la actualidad partidarios del gobierno. No nos queda más que producir documentos y tratar de alertar a los medios sin ser pillados.”

Para Marcio Astrini, esta especie de caza de brujas se inscribe en una lógica más amplia. “Es un Gobierno al que no le gusta la verdad. Además de a la prensa, ha criticado los datos de los satélites y ha cesado al presidente del INPE en 2019 porque no lo gustaron las malas cifras de la deforestación”.

En julio, la responsable de coordinación de las imágenes satélite también ha perdido su puesto de trabajo tres días después de la publicación de los datos del mes, catastróficos una vez más. Por primera vez desde 1988 y desde el inicio de la vigilancia de la selva tropical, la deforestación ha aumentado en más del 30% durante dos años consecutivos.

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Traducción: Miguel López.

Texto en francés: