Una gran estancia en el sótano, gris y fría, hace temblar a parte de la élite política y económica ucraniana. No se trata de la sala de interrogatorios de un servicio de lucha contra la delincuencia financiera, ni de un sótano reservado para los trabajos sucios de un grupo mafioso, sino de un estudio de grabación.
Allí, bajo los focos y con un fondo negro, el periodista Denys Bihus y su equipo graban reportajes de investigación que revelan escándalos de corrupción, nepotismo o malversación de fondos públicos en toda Ucrania. Esas investigaciones suelen dar lugar a la apertura de investigaciones por parte de la justicia, a destituciones y dimisiones de diputados, jueces o altos funcionarios, y conducen a la incautación de yates de empresarios corruptos incluso en Italia.
“Mi ambición era construir un segundo estudio y ampliar aún más el equipo”, explica este periodista cuarentón mientras muestra sus espaciosos locales en el centro de Kiev, “pero el fin de la ayuda americana me ha frenado en seco.” Al igual que muchos otros medios de comunicación y ONG, su web de investigación se ha visto muy afectada por el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que proporcionaba parte de su presupuesto.
Sin embargo, Denys Bihus no está preocupado. “Nos adaptaremos. Estamos acostumbrados a la incertidumbre”, asegura mientras echa un vistazo a la sala de redacción, donde una decena de reporteros trabajan frente a sus pantallas y teléfonos. Bihus, estrella del periodismo ucraniano, se hizo famoso en 2014 cuando, junto con varias decenas de voluntarios, recuperó y reconstruyó los documentos triturados y arrojados al lago de la residencia del derrocado presidente Víktor Yanukóvich para ocultar los últimos secretos de su régimen.
Tras la invasión rusa de febrero de 2022, Bihus dejó el periodismo para alistarse en el Ejército como operador de drones. Hoy ha vuelto al mundo de la información y no le falta trabajo: los escándalos de corrupción relacionados con la guerra son innumerables.
Desde bombas hasta coches, pasando por contratos amañados
A finales de mayo, su medio reveló un caso de posible malversación de fondos por parte de empresas encargadas de construir fortificaciones militares en las regiones de Jersón y Yytomir. Las empresas en cuestión no compraban los materiales necesarios directamente a los fabricantes, sino a intermediarios que aplicaban importantes márgenes. La fiscalía de Jersón anunció la apertura de una investigación preliminar.
No se libra ningún aspecto de la guerra. También en Jersón, se han adjudicado contratos para la construcción de refugios escolares sin licitación a empresas sospechosas de haber recibido sobornos. En la región de Leópolis, los investigadores de una agencia gubernamental especializada han descubierto un sistema ilegal de importación de coches bajo la apariencia de ayuda a las fuerzas armadas. Son numerosos y están documentados los casos de sobornos pagados por hombres en edad de combatir para eludir la movilización.
Incluso el proyecto de construcción de un gran cementerio militar para rendir homenaje a los soldados muertos en defensa de su país está salpicado de sospechas de favoritismo: una de las empresas descartadas ha presentado una denuncia ante el Comité Antimonopolio de Ucrania.
La empresa pública SpetsTechnoExport vendió 80.000 bombas de mortero de 120 mm que nunca se entregaron
Pero estos escándalos, aunque suscitan una gran indignación pública, no son los que más cuestan al Estado y a los contribuyentes, según Yurii Nikolov, otra cara del periodismo anticorrupción en Ucrania. Sus investigaciones sobre la sobrefacturación de alimentos destinados a los soldados provocaron la dimisión de un ministro de Defensa en plena guerra.
“Son tres los tipos de personas que se han enriquecido durante la guerra: los que están en los circuitos de compra de armas, los que participan en la construcción de centrales energéticas y, por último, los vinculados al ámbito de la justicia, que tienen el poder de pedir sobornos a los dos primeros”, analiza fríamente el periodista. Su medio, Nashi Groshi (“nuestro dinero”), ha investigado, entre otras, la adquisición, a precios sorprendentes, de jaulas de hormigón armado utilizadas para proteger los transformadores eléctricos de los ataques de drones rusos.
Los periodistas y activistas anticorrupción son expertos en dos ámbitos: examinar el estilo de vida de los funcionarios, los políticos o los magistrados para comprobar que sus gastos (coches, relojes, joyas...) se corresponden con su nivel salarial declarado, y analizar los contratos públicos para detectar precios superiores a la media.
Ese fue el procedimiento utilizado por los periodistas que revelaron un posible escándalo relacionado con la compra de armas. La agencia estatal encargada de la compra de equipamiento militar, la DPA, firmó contratos con intermediarios que “aplicaron sobreprecios considerables, no respetaron los plazos o no entregaron los pedidos”, reveló en octubre de 2024 el medio de comunicación Ukrayinska Pravda.
Promesas de reformas
Uno de estos intermediarios, la empresa pública SpetsTechnoExport, recibía una comisión del 3% por cada contrato firmado. Entre otras cosas, vendió 80.000 bombas de mortero de 120 mm a un precio de 650 euros la unidad (frente a los 520-560 euros de media de otros proveedores) que nunca se entregaron. El perjuicio para el Estado podría ascender a varios cientos de millones de euros. ¿Negligencia, favoritismo, enriquecimiento indebido? Por el momento es imposible determinarlo con certeza. Pero a raíz de esta investigación, el ministro de Defensa, Roustem Oumerov, prometió “reformas en el sistema de contratación pública” de su ministerio.
Estos casos demuestran que la corrupción en Ucrania no ha cesado con la guerra. Pero el hecho de que sean públicos, revelados por investigaciones judiciales o periodísticas, también pone de relieve que tampoco han cesado los esfuerzos por documentar y combatir este mal endémico.
Si metemos a la gente en la cárcel inmediatamente, ¿qué diferencia hay con lo que ocurría en la Unión Soviética?
“La invasión a gran escala no ha interrumpido nuestro trabajo”, confirma desde su despacho la presidenta del Tribunal Superior Anticorrupción, Vira Mijailenko. Su jurisdicción, creada en 2019, tiene 314 causas penales en trámite, entre ellas casos de corrupción relacionados con la guerra.
La magistrada desearía disponer de más medios para seguir el ritmo de los expedientes que le envía la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, que cuenta con unos 800 empleados. Los ucranianos reprochan a su justicia ser demasiado lenta, especialmente en estos temas. “La gente ha visto tantos casos de corrupción que quiere que se haga justicia, y rápido. Pero debemos cumplir ciertos estándares, trabajar con rigor. Si encarcelamos a la gente inmediatamente, ¿qué diferencia habrá con lo que ocurría en la Unión Soviética?”, se pregunta la magistrada.
A pesar de contar con personal limitado, considera que lo esencial es otra cosa: “Nadie puede escapar a la justicia. La gente lo ve”, afirma satisfecha. El Tribunal ha impuesto recientemente arresto domiciliario a un exviceministro de Defensa implicado en el escándalo de sobrefacturación de alimentos destinados a los soldados.
Espías ridiculizados
Este trabajo se realiza a veces bajo presión e intimidación. La jueza Vira Mijailenko se ha impuesto como norma personal “no leer los canales anónimos de Telegram”, en los que sus colegas y ella son a veces objeto de ataques, insultos y amenazas. Aunque asegura que nunca ha sido objeto de presiones por parte de responsables políticos: “Saben que es demasiado peligroso para ellos”.
Para los periodistas que trabajan en estos temas, las cosas a veces van más allá. El 14 de enero de 2024, varios hombres no identificados vestidos con uniformes militares se presentaron en el domicilio de Yurii Nikolov, intentaron forzar la puerta y dejaron notas con insultos, entre ellos uno que calificaba al periodista de “puta del Kremlin”.
Al día siguiente apareció un vídeo en Internet en el que se veía al equipo de Bihus.info durante una reunión de trabajo y luego en una fiesta en un complejo hotelero, a una hora en coche de Kiev. Los autores de la grabación clandestina (ya retirada) afirman que en ella se ve a los periodistas consumiendo marihuana y MDMA, dos drogas prohibidas en Ucrania. Los reporteros lo ven, sobre todo, como un intento de intimidación especialmente sofisticado y se comprometen a encontrar a los autores.
Se inicia entonces una audaz contrainvestigación. El equipo de periodistas regresa al lugar, descubre los percheros donde se escondían las cámaras, recupera las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel e identifica al grupo de espías que colocó los micrófonos ocultos en sus habitaciones.
Gracias a un número de teléfono, una matrícula y una larga investigación en redes sociales, los periodistas anticorrupción averiguan los nombres de algunos de esos agentes. El equipo de Denys Bihus consigue localizarlos en persona, en una cafetería situada justo al lado de las oficinas del principal servicio de inteligencia ucraniano, el SBU, y los interpelan cámara en mano, dejando en ridículo al servicio para el que trabajan: el departamento de protección del Estado del SBU.
Sus revelaciones, recopiladas en una larga investigación en vídeo con comentarios precisos y sarcásticos, son vistas por dos millones de personas. Les salió el tiro por la culata y se hunden lentamente en un océano de vergüenza. El jefe del departamento en cuestión es destituido y el propio jefe del SBU, Vassyl Maliouk, lamenta en un comunicado las acciones “inaceptables” de sus servicios.
Pequeñas victorias
¿Cuánto tiempo más aguantarán estos jueces, activistas y periodistas? Parece que se les están levantando vientos en contra. Todos consideran que la llegada de la administración Trump es una mala noticia para la lucha contra la corrupción. Estados Unidos no solo ha dejado de ayudar financieramente a organizaciones muy activas, sino que también ha dejado de presionar al Estado ucraniano para que sea ejemplar en estos temas, algo que sí hacía la administración Biden.
“Tengo la impresión de que, debido a la guerra, la gente ya no quiere oír malas noticias, ni siquiera casos de corrupción. Solo quieren entretenerse”, teme también Denys Bihus. “Además, el tiempo pasa y me temo que sea demasiado tarde para reconvertirme...”, bromea el periodista.
Otros, más optimistas, se aferran a los logros obtenidos. Tras la movilización de activistas, ha sido restablecida la obligación de los políticos y los funcionarios de declarar su patrimonio, suspendida al inicio de la guerra, recuerda Tetiana Shevchuk, del Centro de Acción Anticorrupción, una ONG con sede en Kiev.
Estas declaraciones, que se publican cada año, permiten conocer la lista detallada de los relojes de marca que posee el presidente ucraniano (Breguet, Rolex, Tag Heuer y Bovet, declarados desde 2019), así como detectar posibles enriquecimientos sospechosos.
El Centro de Acción Anticorrupción también ha contribuido, junto con otros periodistas y activistas, a la aprobación de una ley que obliga a las empresas que licitan para contratos públicos a publicar el precio de las materias primas utilizadas. La medida, aparentemente anecdótica, ha llenado un vacío que muchos empresarios sin escrúpulos aprovechaban para inflar sus precios. El sector de la construcción —y de la reconstrucción— va mucho mejor, admite Yurii Nikolov.
Los ucranianos declaran la guerra a la corrupción
El proceso de adhesión de Ucrania a la UE, que conlleva numerosos requisitos en materia de lucha contra la corrupción, podría ayudarles en su lucha. Siempre y cuando los Estados miembros decidan dar prioridad a esta cuestión. “Los europeos a veces prefieren el silencio al escándalo”, afirma Yurii Nikolov. “Pero el despilfarro de fondos se toma más en serio cuando se trata de donantes extranjeros que cuando se trata del dinero de los ucranianos”, constata el periodista.
Traducción de Miguel López
Una gran estancia en el sótano, gris y fría, hace temblar a parte de la élite política y económica ucraniana. No se trata de la sala de interrogatorios de un servicio de lucha contra la delincuencia financiera, ni de un sótano reservado para los trabajos sucios de un grupo mafioso, sino de un estudio de grabación.