Este año, Francia ya ha sido condenada en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su mala gestión judicial de casos de violencia sexual. Y el Tribunal acaba de admitir a trámite una nueva demanda contra el Estado francés. La demanda ha sido presentada por Sand Van Roy, la actriz belga-holandesa que acusó al cineasta Luc Besson de violación en 2018. El caso tuvo una gran repercusión mediática, pero finalmente fue desestimado en Francia.
Según nuestra información, la demanda presentada en octubre de 2023 ha superado el difícil primer filtro del Tribunal Europeo, lo que abre la vía para que los jueces examinen el caso. Una vez agotadas las vías de recurso en Francia, las personas que se declaran víctimas de violencia sexual pueden acudir al TEDH con el objetivo de que se condene a su país, pero este tribunal solo acepta examinar alrededor del 10% de las demandas.
Contactados por Mediapart, Sand Van Roy y su abogado Pascal Créhange no han querido hacer comentarios sobre este caso. Luc Besson, cuya nueva película, Dracula, se estrenó el 30 de julio en los cines, ha sido preguntado a través de su abogado Thierry Marembert, pero no ha respondido.
En 2018, la actriz y exmodelo, que entonces tenía 30 años, presentó una denuncia contra el famoso director de 59 años, acusándolo de haberla violado en el lujoso hotel Le Bristol, en París, donde se alojaba.
Caso archivado
Durante el proces se enfrentaron dos versiones diametralmente opuestas. Por un lado, Sand Van Roy, que apareció en dos películas producidas por Luc Besson, afirmaba haber sufrido entre 2016 y 2018 relaciones sexuales no deseadas y “violentas”, a veces “hasta sangrar”, para evitar, según ella, ser “incluida en la lista negra” o “cortada en el montaje” de sus películas. Relató a la policía dos años de “dominio”, “miedo”, contradicciones, cambios de opinión y “confusión” frente a quien era “su jefe, su mentor”, hasta la noche en el Bristol.
Por su parte, el cineasta describió a los investigadores una relación “muy amistosa”, “cariñosa”, “íntima”, “serena”, en la que “las relaciones sexuales no eran sistemáticas” y siempre “absolutamente consentidas”, según él. Denunció una “sarta de mentiras” por parte de la actriz y negó el “sistema de castigos y recompensas” profesionales que ella había descrito.
Varias semanas antes de presentar la denuncia, Sand Van Roy había expresado su angustia y las “violencia”, “humillaciones” o “abusos” que habría sufrido por parte de un famoso cineasta. Así lo atestiguan los mensajes escritos y de voz dirigidos a sus allegados, a su psiquiatra o al Colectivo Feminista contra la Violación (CFCV).
En otros mensajes, había enviado expresiones de “mi corazón” y emojis de corazones a Luc Besson. Para la actriz, esos elementos demostraban el “control” que denunciaba. Para el director, por el contrario, demostraban la “doble personalidad” de la actriz.
Durante la noche en el Bristol, Sand Van Roy, que denunció una violación digital anal, dijo que se había desmayado dos veces, durante y después de las relaciones sexuales. Cuando acudió a la comisaría al día siguiente para presentar la denuncia, las unidades médico-judiciales (UMJ) constataron una fisura anal reciente, un hematoma en el ojo izquierdo y lesiones en la espalda y la rodilla.
Una serie de fotos tomadas por la actriz y su entorno en los días posteriores a la del Bristol, y entregadas a la policía, también confirmaban esas marcas en su cuerpo.
La denuncia de Sand Van Roy, que no era la única en cuestionar el comportamiento del cineasta (otras ocho mujeres habían denunciado en Mediapart comportamientos sexuales inapropiados), fue archivada sin más trámite en febrero de 2019. La demandante se constituyó en parte civil, alegando una investigación preliminar incompleta y comentarios misóginos del psiquiatra, que, según ella, no figuraba en ninguna lista de expertos acreditados por la justicia.
En octubre de 2019, se reabrió el caso por decisión de una jueza de instrucción. En diciembre de 2021, el caso fue sobreseído, confirmado en apelación al año siguiente. La decisión se hizo definitiva en junio de 2023 con la desestimación del recurso de Sand Van Roy por el Tribunal de Casación.
Cuestionada la “victimización secundaria”
Cuatro meses más tarde, la exactriz recurrió al TEDH para denunciar el trato recibido durante el proceso, basándose en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada), el artículo 14 (prohibición de la discriminación) y los artículos 6 y 13 (derecho a un proceso imparcial y completo en un plazo razonable; derecho a un recurso efectivo).
Sand Van Roy considera, en primer lugar, que no se ha respetado su integridad física y moral como mujer denunciante de violencia sexual. Denuncia, en particular, la falta de determinadas diligencias y la falta de una atención adecuada para protegerla de una “victimización secundaria” (maltrato durante el procedimiento judicial).
Aduce, en particular, la realización de un examen proctológico traumático e innecesario dos años después de los hechos, así como la utilización por parte de la justicia de información extraída de su vida privada y de su correspondencia (intercambio de SMS con un testigo) que no guardaría relación con los hechos y que sería susceptible de atentar contra su imagen, su dignidad y su vida privada.
Sand Van Roy se queja finalmente de la injusticia del procedimiento por la ausencia de una “investigación completa y exhaustiva” que permitiera esclarecer los hechos, así como de la falta de celeridad del procedimiento. Entre los elementos que plantea figura el hecho de que la segunda juez de instrucción encargada del caso se negara, a pesar de su solicitud, a escucharla y a un careo con Luc Besson.
Otra preocupación es que la exactriz no ha podido incorporar al expediente los informes periciales realizados a petición suya por otros médicos, ni ha podido acceder a los documentos precintados. En particular, a las fotografías de sus lesiones el día de los hechos, que fueron remitidas a un perito para realizar un segundo examen médico, cuyas conclusiones diferían de las del primero.
Reparación moral
A la vista de estos elementos, en sus preguntas dirigidas a ambas partes, el TEDH pregunta si el Estado francés ha cumplido con su obligación de perseguir y reprimir todos los actos sexuales no consentidos. También quiere saber si la demandante tuvo acceso a un procedimiento diligente y eficaz de protección adecuada para evitar su victimización secundaria. El TEDH también quiere verificar si fue víctima de discriminación por motivos de sexo.
Según nuestra información, el 15 de julio, la presidenta de la sección a la que se asignó el caso en el TEDH decidió dar a conocer parte de la demanda al Gobierno francés, considerándola parcialmente admisible.
El procedimiento se divide en dos fases. Una primera no contenciosa, que permite a las partes explorar las posibilidades de un acuerdo amistoso antes del 13 de octubre de 2025 con una propuesta de indemnización. Si no se llega a un acuerdo después de esa fecha, se iniciará una fase contenciosa y el Gobierno francés dispondrá de doce semanas para presentar sus alegaciones.
Dado que Sand Van Roy es belga-neerlandesa, se ha remitido una copia del formulario de solicitud a los gobiernos de Bélgica y los Países Bajos, que podrán, si lo desean, presentar alegaciones escritas sobre el caso.
La mención de un acuerdo es estrictamente procedimental. Según nuestra información, Sand Van Roy rechazará cualquier acuerdo: para la exactriz, la única reparación moral sería una condena al Estado francés.
Otras demandas francesas
La exactriz no es la única que ha recurrido al TEDH en Francia. En 2022 y 2023, otras siete mujeres —entre ellas Emily Spanton, la demandante en el caso conocido como "36 quai des Orfèvres"— presentaron demandas por motivos similares, una cifra sin precedentes.
Todas esas mujeres vieron cómo sus casos eran archivados sin más o terminaban en absolución, pero todas consideran que han sido víctimas por segunda vez, por el trato que Francia ha dado a sus testimonios a lo largo del proceso judicial.
Este año, el Estado francés ha sido ya condenado en cuatro ocasiones. En enero, una mujer de sesenta años que había sido sancionada por la justicia francesa durante un divorcio por no haber cumplido con su “deber conyugal”, consiguió que se condenara a Francia. El Tribunal Europeo recordó entonces la obligación del consentimiento en las relaciones sexuales.
En abril, el Estado francés volvió a ser señalado por deficiencias en el tratamiento judicial de tres casos de violación de menores: el TEDH reconoció que las demandantes habían sufrido una “victimización secundaria”. Eso se tradujo en “estereotipos sexistas” y “atentados contra la dignidad” de las demandantes (e incluso, en un caso, en “discriminación por motivos de sexo”).
También se condenaron en otros dos casos los procedimientos excesivamente largos e ineficaces. La sentencia del TEDH denunciaba asimismo con dureza las deficiencias de Francia a la hora de evaluar la realidad del consentimiento de las demandantes y su gran vulnerabilidad.
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En materia de violencia sexual y sexista, el Tribunal Europeo ha sentado en los últimos años una auténtica jurisprudencia. Con la decisión de abril, es la quinta vez que condena a un país por motivos sexistas, después de Portugal (2017), Italia (2021), Turquía (enero de 2025) y Chipre (febrero de 2025).
Traducción de Miguel López
Este año, Francia ya ha sido condenada en cuatro ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por su mala gestión judicial de casos de violencia sexual. Y el Tribunal acaba de admitir a trámite una nueva demanda contra el Estado francés. La demanda ha sido presentada por Sand Van Roy, la actriz belga-holandesa que acusó al cineasta Luc Besson de violación en 2018. El caso tuvo una gran repercusión mediática, pero finalmente fue desestimado en Francia.