Trump quiere convertir a Washington DC en el laboratorio de pruebas de sus políticas más ultras

Comienzan a caer los primeros copos de nieve sobre Washington, pero no los suficientes para desanimar a los doscientos científicos reunidos el pasado miércoles frente al ministerio de Salud, dirigido desde hace poco por el antivacunas Robert Kennedy Jr. Hay que decir que, en su opinión, están en juego la democracia y la salud de la población.

Investigadores, estudiantes de posdoctorado y empleados de diversas agencias han acudido para denunciar el “golpe de Estado” perpetrado por el “copresidente” no electo de Estados Unidos, Elon Musk. En su violenta cruzada para reducir drásticamente el presupuesto federal, el multimillonario ya ha despedido a decenas de miles de funcionarios, algunos procedentes de organismos responsables de la salud pública (control de medicamentos, inspección de alimentos...). También ha recortado la financiación concedida por los NIH (National Institutes of Health), instituciones de investigación médica y biomédica, que permitían hacer avanzar la ciencia en campos tan variados como las epidemias, la salud materna y los trastornos neurológicos.

Emily McIntyre, investigadora en un laboratorio especializado en cáncer, es una de las miles de recién contratadas a las que se despidió por correo electrónico el sábado 15 de febrero. “Sabíamos que era una posibilidad, pero dado lo que hacía nuestro laboratorio, esperábamos salvarnos”. Ha recurrido su despido ante los tribunales pero, mientras, busca otro empleo: “Me encantaría recuperar mi puesto, pero no puedo seguir mucho tiempo sin ingresos”.

En Washington, los edificios administrativos de hormigón y vidrio, así como los imponentes monumentos de mármol, transmiten una impresión de permanencia y estabilidad por encima del ir y venir de los presidentes. Pero Donald Trump está cambiando eso. Está decidido a dejar su huella en “su” capital. Además del despido masivo de funcionarios, ha hablado de trasladar hasta 100.000 empleados del Estado fuera de Washington y de transformar los edificios vacíos de los ministerios desmantelados en espacios residenciales y comerciales.

Transformar la ciudad

No importa que la economía local se vea socavada por la salida forzosa de gran parte de la función pública, que representa una cuarta parte de los 800.000 habitantes del Distrito de Columbia (DC), que corresponde a Washington. “El despido de funcionarios también afecta al personal contractual que trabaja con el gobierno federal y a los servicios que utilizan, como las cafeterías cercanas a los ministerios”, observa Jennifer Mattingley, responsable de asuntos gubernamentales en Partnership for Public Service, un organismo que trabaja en la formación de los agentes públicos federales, más de 2 millones de civiles en todo el territorio estadounidense.

Pero no terminan ahí las ambiciones trumpistas para la “París del Potomac”. Varios medios de comunicación han informado de que tiene la intención de firmar próximamente un decreto sobre “embellecimiento” de la ciudad. Es decir, el desmantelamiento de los campamentos de personas sin hogar para evitar que los líderes extranjeros los vean —una falsa solución a los problemas de vivienda, según han denunciado las asociaciones locales— y el endurecimiento de las penas por infracciones menores (graffitis, orinar en la vía pública...) y algunos delitos graves.

“Debemos tomar el control de Washington D. C. para que sea segura”, dijo Donald Trump el jueves, aunque el número de homicidios ha disminuido después de la pandemia: “Debemos gobernar el Distrito de Columbia”.

¿Es posible? Sí. Aunque el “distrito” goza de cierta autonomía en virtud de una ley de 1973 (Ley de Autonomía), sigue siendo un territorio federal controlado por el Congreso y el presidente. Y como no es un Estado, no tiene representación en el Parlamento nacional para influir en la política. “A los autócratas les encanta apuntar a poblaciones que no tienen portavoz. Trump solo está aprovechando una brecha democrática existente para aumentar su poder”, lamenta Keya Chatterjee, directora de Free DC, una asociación que lucha por convertir parte del Distrito de Columbia en el Estado número 51 del país. “Washington es víctima de una gran injusticia”.

“Ve la ciudad como un campo de pruebas para lo que quiere hacer en otras partes del país”, añade Bennett Shoop, codirector de la Claudia Jones School for Political Education, una asociación progresista de Washington.

Una batalla política

La convivencia entre el republicano y Washington D.C., una ciudad mayoritariamente demócrata donde vive una importante comunidad afroamericana, siempre ha sido difícil. Durante su primer mandato apenas se dejaba ver fuera de las zonas “seguras”: la Casa Blanca y su club de golf en Virginia, no muy lejos. Los habitantes no han olvidado la dispersión con gas lacrimógeno de los manifestantes de la movimiento antirracista Black Lives Matter cerca de la Casa Blanca en 2020, tras la muerte de George Floyd, para permitirle ser filmado frente a una iglesia, biblia en mano. La alcaldesa demócrata Muriel Bowser respondió inscribiendo “Black Lives Matter” en grandes letras amarillas en el asfalto de una calle frente a la residencia presidencial.

Los miembros del gobierno Trump también han tenido dificultades para aclimatarse. Los solteros que venían a trabajar para el presidente recibían montones de mensajes en las aplicaciones de citas mandándoles a paseo cuando confesaban que trabajaban para él. No hay razón para pensar que su tarea será más fácil ahora.

De hecho, durante la campaña, el candidato Trump no se mordió la lengua con respecto a la capital, que describía como “plagada de delincuencia” y una “vergüenza”. El Proyecto 2025, la hoja de ruta ultraconservadora redactada con vistas a su posible regreso al poder, le ya le animaba a tomar el control de las escuelas locales para prohibir la enseñanza de la “teoría crítica de la raza” y el uso de pronombres “no biológicos”.

No ha tardado en marcar la pauta. En línea con su primer mandato, ha reanudado su cruzada contra la arquitectura moderna, declarando en un decreto a finales de enero que en los edificios de la administración debe predominar el estilo clásico y tradicional. También ha relanzado el proyecto de construcción de un “parque nacional de héroes estadounidenses”, compuesto por 250 estatuas en homenaje al 250.º aniversario de los Estados Unidos, que se celebrará en 2026. Un momento que quiere utilizar para exaltar el patriotismo y la grandeza de la nación. Los funcionarios despedidos por los recortes presupuestarios sin duda apreciarán la factura de varios millones de dólares que podría representar este parque.

Arquitectura y espectáculos prohibidos

En febrero, Donald Trump nombró fiscal del distrito de Columbia a su aliado Ed Martin, una especie de “primer poli” local conocido por defender ante los tribunales a varios alborotadores del Capitolio y recaudar dinero para ellos. También tomó las riendas del Kennedy Center, un famoso auditorio administrado por personalidades nombradas por presidentes sucesivos. Reemplazó a aquellos que Joe Biden había seleccionado con figuras de la derecha MAGA (Make America Great Again) que, a su vez, lo nombraron presidente de esta institución en la que nunca ha puesto un pie.

El delito del Kennedy Center: haber programado “espectáculos de drags dirigidos a la juventud”, argumentó. Un concierto del Gay Men's Chorus de Washington, un coro de cantantes homosexuales, fue cancelado inmediatamente.

Salta a la vista la similitud con la prohibición del arte llamado “degenerado” bajo el régimen nazi de Alemania. “El Kennedy Center mostraba espectáculos de drag queens mientras que otras instituciones consideraban algo trivial esta forma de arte. El hecho de que Donald Trump se esté enfrentando a ello ahora indica un cambio cultural en la forma en que se percibe a la comunidad LGTBI”, continúa Bennett Shoop, que participó en la organización de una manifestación frente al centro en febrero. “El primer espectáculo drag conocido en Washington, la ciudad más queer del país, se remonta al siglo XIX.. Donald Trump se está enfrentando a la cultura local”.

Por el momento, y en contra de la información que circula en las cuentas de Instagram y Reddit relacionadas con Washington, la población no está haciendo las maletas. “El listado de viviendas en venta se mantiene estable”, afirma Keri Shull, propietaria de una agencia inmobiliaria que cubre el DMV (distritos de Columbia, Maryland y Virginia). Su empresa forma parte de los servicios locales (cines, restaurantes...) que ofrecen diversas ventajas a los funcionarios. De hecho, ha decidido renunciar a las comisiones por la reventa de cualquier propiedad inmobiliaria recién adquirida por un empleado federal que haya sido despedido. “Estamos en terreno desconocido. Se habla de la posibilidad de eliminar algunos ministerios. Se invita a los funcionarios a dimitir... Hay más incertidumbre que en el pasado”, dice.

Las posibles salidas de la región podrían compensarse, al menos en parte, con los “federales” obligados a regresar a sus puestos tras el decreto de Donald Trump que puso fin al teletrabajo el 20 de enero. Una cosa es segura: el mercado inmobiliario de lujo está en plena forma gracias a la instalación de todas las grandes fortunas que componen el nuevo gobierno, como el millonario Scott Bessent, en el Tesoro, o el multimillonario Howard Lutnick, en Comercio.

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Mark Zuckerberg también estaría buscando un apeadero cerca de su nuevo mejor amigo. Por su parte, Elon Musk ha coqueteado con la idea de comprarse un hotel. “No cambiarán Washington porque la población tiene un profundo respeto por los derechos humanos. La estrategia de los dictadores de atacar a los más marginados no funcionará aquí porque nadie razona así”, quiere creer Keya Chatterjee, de Free DC. De hecho, invita “al resto del mundo” a venir a celebrar el World Pride, un gran evento LGTBIQ+ que tendrá lugar en mayo y junio en la capital. Para recordar a Donald Trump y a Elon Musk que Washington no es suyo.

 

Traducción de Miguel López