El Ministerio de Transición Ecológica trasladó este viernes su intención de iniciar un nuevo ciclo a partir de 2026. Teresa Ribera llegó a esta cartera en 2018 y desde entonces la potencia renovable instalada ha crecido un 85%, principalmente en forma de nuevos paneles solares. Aunque todavía falta mucha fotovoltaica y eólica por llegar, el Gobierno quiere centrarse ahora en que esa energía renovable sirva para atraer masivamente nueva industria y que esas fábricas se distribuyan equitativamente por España.
"Antes el foco era la integración de renovables, y ahora el foco de la planificación es la demanda, aunque el almacenamiento también es importante", manifestó este lunes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la presentación de la nueva planificación de la red eléctrica para el periodo 2026-2030. "Dicho esto, la historia de las renovables no ha terminado porque hay mucho apetito. Eso de que las renovables ya no son tan atractivas en España… los datos no nos dicen eso. Si ahora hay instalados 90 gigavatios (GW) de potencia renovable, dentro de cinco años serán 160 GW.
Para organizar el nuevo despliegue industrial, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado este viernes el nuevo plan de desarrollo de la red eléctrica. En los últimos dos años, las energéticas se han quejado a menudo de que el mallado no es capaz de absorber toda la industria que quiere instalarse en España, hasta el punto de que han tenido que rechazar nueve de cada diez solicitudes de conexión. Cuando un promotor quiere levantar una fábrica, una urbanización o una gran oficina, no basta con asegurarse el suelo, también necesita conectarse a la red eléctrica, pero en la mayoría de comunidades autónomas no hay ni un espacio libre.
Para resolver el problema, el Gobierno tiene previsto inflar el techo de gasto que tienen Red Eléctrica de España (la dueña de la red de alta tensión) y las distribuidoras (las que tiran los cables hasta los consumidores) para invertir en mejorar y ampliar la red, de manera que ningún cliente se quede fuera por falta de capacidad. Esta planificación 2026-2030 todavía tiene que superar la consulta pública y ser aprobada en Consejo de Ministros.
El esperado plan propone aumentar un 62% el límite de inversiones, hasta los 13.590 millones de euros para la red de alta tensión (transporte de electricidad) y unos 25.000 millones para la de distribución, de aquí a 2030. Aunque las inversiones son privadas, el Gobierno fija el techo porque luego son los consumidores los que devuelven a las compañías ese gasto –más un porcentaje de rentabilidad– en los peajes de la factura de la luz.
Ese margen de incremento en las inversiones, de 7.700 millones en distribución y de 3.600 en transporte frente al periodo anterior, estará condicionado para que se gaste en proyectos que realmente son necesarios, y para que además dejen beneficios en el territorio y protejan la biodiversidad. Al menos el 10% se destinará a mejorar la seguridad del sistema eléctrico y el 5% a actuaciones ambientales. Las inversiones anticipatorias, que consisten en llevar la red a zonas pobres energéticamente, estarán limitadas al 15%, ya que suponen una apuesta arriesgada que podría inflar el recibo eléctrico con proyectos fallidos. La condición más importante será que los proyectos de expansión se destinen a consumos industriales, coches eléctricos y desarrollos urbanísticos, y al menos el 75% de la inversión irá destinada a estos proyectos.
Aagesen también explicó este viernes que en el proceso de consultas que ya han realizado con las comunidades autónomas y las empresas eléctricas, han visto que hay un apetito brutal de la industria por conectarse a la red española. En los planes de inversión actuales (2021-2026) solo mostraron interés en conectarse a la red de transporte clientes que suponían 2,2 GW de potencia, y en este proceso la demanda atendida ha sido de 27,7 GW.
"Estamos multiplicando por 14. Es una planificación donde la industria es la protagonista, con nuevos ejes para acercar el suministro a nuevas zonas que hasta ahora no han tenido capacidad industrial. Nuevas fábricas o la electrificación de las existentes en Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura", señaló la ministra.
En el periodo de planificación anterior, las inversiones más demandadas eran para adaptar la red para poder conectar las nuevas plantas solares y eólicas, pero ahora el interés está en consumir su energía. De todas las propuestas de inversión durante la fase consultas de la nueva estrategia, el 41% ha sido para demanda, el 40% para generación y el 19% para proyectos de baterías.
Pedro González, director de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, opina que la ola de peticiones industriales es porque el panorama ha cambiado por completo. "Hasta hace unos años podíamos electrificar una fábrica y no teníamos problema pidiendo un punto de conexión a la red, pero ahora han aparecido masivamente nuevas industrias –como el hidrógeno verde, los coches eléctricos o los centros de datos– y empresas extranjeras. Sí hemos detectado que cuando queremos descarbonizarnos y dejar de quemar gas o gasoil para consumir electricidad, no nos conceden capacidad de conexión", opina el experto.
De los 27,7 GW de demanda que entrarán a la red de transporte en los próximos cinco años, 13,1 gigavatios serán para instalaciones de generación de hidrógeno verde, 9 GW para industria, 3,8 GW para centros de datos, 1,2 GW para electrificación portuaria y 559 MW para electrificar trenes. A esto se sumarán también los 43 GW de consumos que se han otorgado entre 2020 y 2024 –12,5 GW a centros de datos, 11,2 GW a industria y 6GW a urbanismo, entre otros– y que todavía están pendientes de ponerse en marcha. La demanda total que se agregará con la planificación conjunta superará con creces a la luz que consume España en su día de mayor consumo en la actualidad.
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González se queja de que se esté dando tanta prioridad a nuevos usos industriales como los centros de datos o el hidrógeno, tecnologías que todavía no son rentables ni están desarrolladas a gran escala. AEGE representa a acereras, químicas o siderurgia, y su director cree que habría que garantizar la conexión a esa industria básica y tradicional.
"Las conexiones son limitadas y lo que nosotros decimos es que nos la den a quienes ya estamos aquí, porque las vamos a utilizar. Los centros de datos, las plantas de hidrógeno…¿Se terminarán por construir? Unas sí y otras no", subraya.
El Gobierno es consciente de que muchas empresas hacen peticiones de conexión duplicadas o quieren hacerse con uno de estos puntos para especular con los permisos, como ocurrió con los de las energías renovables. Para evitar estos problemas, Transición Ecológica ya lleva desde 2023 realizando concursos para que solo los mejores proyectos se queden con estos espacios y estableciendo una cláusula en la que el permiso caduca a los cinco años si no se ejecuta el proyecto.
El Ministerio de Transición Ecológica trasladó este viernes su intención de iniciar un nuevo ciclo a partir de 2026. Teresa Ribera llegó a esta cartera en 2018 y desde entonces la potencia renovable instalada ha crecido un 85%, principalmente en forma de nuevos paneles solares. Aunque todavía falta mucha fotovoltaica y eólica por llegar, el Gobierno quiere centrarse ahora en que esa energía renovable sirva para atraer masivamente nueva industria y que esas fábricas se distribuyan equitativamente por España.