En la guerra alrededor de las nuevas –o actualizadas– tasas de basuras hay una pieza que hasta ahora ha sido ignorada: el papel de Ecoembes. Esta asociación empresarial debe pagar cada año a los ayuntamientos para que recojan los más de 50 millones de envases que pone en circulación en España cada día, pero lleva más de dos décadas evitando hacerse cargo de una parte destacada de esos costes, trasladando ese peso a las cuentas municipales. Ese agujero, que Greenpeace estimó en 1.700 millones de euros al año en toda España en 2021, infla el gasto de los consistorios en su sistema de recogida de basuras y ese coste extra se traslada a las nuevas tasas de residuos implantadas en todo el país.
La ley de residuos aprobada en 2022 obligó a que, a partir de 2025, el coste de los servicios municipales de basuras se cubriese íntegramente mediante una tasa específica, y miles de municipios han tenido que crear una nueva –porque hasta entonces financiaban ese gasto a través de otros impuestos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI)– o subir drásticamente las que tenían ya implantadas. Este cambio se ha empezado a materializar en los últimos meses, cuando han llegado a los hogares facturas desde los 56,87 euros de Toledo a los 249,38 de Valencia, lo que ha derivado en una tormenta política y jurídica.
La tasa ha logrado precisamente lo que pretendía cuando se traspuso desde la normativa europea: aflorar el coste real de la recogida y el tratamiento de basuras y demostrar qué ayuntamientos tienen bien gestionadas sus áreas de residuos, frente a los que abusan del vertedero o la incineración. Sin embargo, la subida drástica de las tasas también ha vuelto a evidenciar el agujero milmillonario del sistema de recogida de basura por cubos de colores, impulsado por Ecoembes hace más de 25 años.
Esta organización, que aglutina a gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona, debe pagar cada año a los ayuntamientos a cambio de que estos recojan los envases (de plástico, papel, metal y vidrio) que ponen en circulación sus miembros. Pero la organización lleva años reinterpretando la ley para devolver a los alcaldes solo una parte del coste de la recogida, pese a que la ley ambiental europea se rige bajo la premisa de que "quien contamina paga".
Entre 1997 y 2022, Ecoembes interpretó que ellos solo tenían que abonar a los municipios el coste de recoger los envases del contenedor amarillo, verde (vidrio) y azul (papel), pese a que una parte muy importante de la basura de la que Ecoembes es responsable termina en papeleras de la calle o en los contenedores de restos.
Un estudio de Greenpece calculó en 2021 que la diferencia entre lo que se gastan los ayuntamientos en recoger los envases de Ecoembes y lo que luego esta reembolsaba es de alrededor de 1.700 millones de euros al año. El problema, señalan los expertos, es que no hay ninguna administración que tenga un cálculo oficial de esta cifra, sino que se ha preferido ignorar el problema.
Francisco Peula, director de la ONG Rethinking y autor de aquel estudio, explica que a día de hoy la cifra de 1.700 millones apenas ha cambiado. "Entre el 30% y el 40% de los costes de recogida de basuras de un municipio se destinan a tratar residuos que están dentro de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor [aquellos cuyo coste debe asumir la empresa que los fabrica o los pone en circulación], pero yo calculo que los productores solo pagan el 15% de ese coste", opina el experto.
Para poner en perspectiva esos 1.700 millones de euros, equivalen al 49% de la cantidad que han ingresado los ayuntamientos de toda España con las nuevas tasas de basuras hasta el mes de octubre (3.488 millones de euros). Es decir, que solo con lo que dejan de pagar las compañías por la recogida de sus envases se podría financiar un gran porcentaje de las nuevas y polémicas tasas. Es cierto que, según la Fundación ENT, las tasas de basuras abonadas hasta octubre no cubren íntegramente el gasto municipal de España para basuras de 2025 (5.325 millones), por lo que el agujero que deja Ecoembes representaría alrededor del 32% del presupuesto total de los ayuntamientos.
Fuentes de la organización empresarial opinan lo contrario, que el dinero que abonan a los consistorios es el que corresponde según la ley de residuos. "En el convenio que firmamos con la administración pública, Ecoembes propone una fórmula de pago ajustada a derecho, previamente revisada por todas las partes y analizada por sus respectivos servicios jurídicos", señalan desde el consorcio.
El experto en tasas de residuos Ignasi Puig, de la Fundación ENT, confirma que en este momento hay un desequilibrio entre lo que los fabricantes de envases y otros productos pagan a los ayuntamientos, y lo que deberían pagar. "Hasta ahora Ecoembes (en envases) y otros SCRAP han soportado en el mejor de los casos el coste de la recogida separada [en cubos amarillos, verdes y azules], pero no el littering [las papeleras] ni la gestión de residuos de fracción restos [el cubo gris o naranja].
Cuando Puig habla de SCRAP se refiere a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, las organizaciones donde las empresas que fabrican diferentes tipos productos se agrupan para compensar a los municipios por recogerlos. Ecoembes es el más conocido, y se dedica a costear la recogida de envases domésticos de plástico, metal, vidrio y papel (como latas de refresco, botellas de vino o envases de champú), pero también hay otros SCRAP muy relevantes como los de recogida de pilas, fármacos o envases industriales.
Desde el 1 de enero de 2025 también es obligatorio que los fabricantes de textiles formen su propio SCRAP, así como los productores de aceite, pero en el sector de los residuos es común que la ley se incumpla porque se une que la Administración lo permite con que las empresas hacen todo lo posible para ahorrarse millones. "Todo lo que no asumen los SCRAP va a la factura del municipio y en el momento en el que afloran los costes, como ha pasado con las nuevas tasas de basuras, se producen subidas que no serían tan fuertes si la ley se cumpliese de manera exhaustiva", valora Puig.
Por otra parte, el cálculo de Greenpeace de 1.700 millones se queda corto porque solo incluye envases, vidrio y papel, pero falta sumar el coste no abonado a los ayuntamientos de la recogida de textil –cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España– y el de otros productos que ni siquiera están obligados a formar un SCRAP, como muebles o colchones, de los que los productores se desentienden por completo.
Negociaciones para acabar con ese agujero de millones
Para acabar con ese agujero mil millonario en las cuentas locales, el Ministerio de Transición Ecológica introdujo en 2022 en la ley de envases que "los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en materia de envases domésticos financiarán todos los costes que las entidades locales, o en su caso, las comunidades autónomas, tengan efectivamente que soportar por la gestión de los residuos de envases.
Esa frase pretendía acabar con las interpretaciones legales de Ecoembes y obligar a las grandes empresas a pagar no solo por los envases recuperados en el contenedor amarillo, sino también los que se recogen en el gris y el naranja, o en las papeleras. El detalle no es menor porque el 70% de los envases acaba en el contenedor "resto".
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Esto supone pagar también por su traslado, su separación del resto de la basura, su clasificación y su eventual incineración o depósito en vertedero. Multiplicado por los 20.000 millones de envases que se consumen cada año en España, se entiende que un pequeño cambio legal pone en juego tantísimo dinero.
No obstante, aunque la ley entró en vigor hace tres años, este cambio en la metodología de cálculo todavía no se ha introducido en la gran mayoría del país. Los pagos de Ecoembes a los ayuntamientos a cambio de la recogida de sus envases están estipulados en acuerdos que tiene firmados con cada comunidad autónoma y que datan mayoritariamente de 2014. Ahora tienen que ser actualizados con las nuevas exigencias del ministerio, pero solo Cataluña, Navarra y Canarias han modernizado sus contratos.
El resto de comunidades lleva casi un año negociando con Ecoembes para pactar una mejor retribución que haga a las empresas asumir el 100% del coste de sus envases, pero Francisco Peula, que colabora como asesor en esas negociaciones, afirma que la oferta inicial de Ecoembes "eran un plato de lentejas" y ahora están en discusiones a tres –comunidades, Ministerio y Ecoembes–. Si no se alcanza un acuerdo antes de marzo, la negociación acabará en arbitraje, según recoge la ley de envases.
En la guerra alrededor de las nuevas –o actualizadas– tasas de basuras hay una pieza que hasta ahora ha sido ignorada: el papel de Ecoembes. Esta asociación empresarial debe pagar cada año a los ayuntamientos para que recojan los más de 50 millones de envases que pone en circulación en España cada día, pero lleva más de dos décadas evitando hacerse cargo de una parte destacada de esos costes, trasladando ese peso a las cuentas municipales. Ese agujero, que Greenpeace estimó en 1.700 millones de euros al año en toda España en 2021, infla el gasto de los consistorios en su sistema de recogida de basuras y ese coste extra se traslada a las nuevas tasas de residuos implantadas en todo el país.