El PP trata de frenar en Bruselas una ley clave para salvar el 75% de los hábitats de España
El Parlamento Europeo tiene una semana para salvar la Ley de Restauración Natural del boicot Partido Popular Europeo (PPE), una norma impulsada por Bruselas que pretende recuperar los ecosistemas degradados en el continente. La pugna legislativa supone un nuevo ejemplo de que las políticas verdes se han convertido en escenario de enfrentamiento entre la izquierda y la derecha, pese a que el impacto del cambio climático es evidente en la Unión Europea, donde las olas de calor, los incendios y las inundaciones son cada año más agresivos. En España, la norma es especialmente necesaria, ya que al menos el 73% de los hábitats están degradados.
La Ley de Restauración Natural es uno de los pilares del Pacto Verde europeo para revertir los daños del ser humano y del cambio climático en los ecosistemas del continente. La Comisión Europea publicó su propuesta de norma hace un año con un objetivo principal: que en 2030 el 20% de las tierras y aguas de la UE tengan políticas de recuperación bajo la premisa de que el 81% de los hábitats están degradados y 1.667 especies están en peligro de extinción.
Los diferentes partidos que componen el Parlamento Europeo negocian ahora su propia propuesta de ley basándose en el texto de la Comisión y será votada por el pleno de la Eurocámara en julio. Una vez sea aprobada, se debatirá con el Consejo y la Comisión en la llamada negociación de trílogos a partir de septiembre.
Sin embargo, el PP europeo trata de hundir la norma antes de que salga incluso del Parlamento. El grupo popular abandonó las negociaciones hace tres semanas con el argumento de que la legislación verde pone en peligro la prosperidad económica de las zonas rurales. Junto a ellos se sitúan los grupos diputados de extrema derecha de ECR (donde está Vox) y de Identidad y Democracia (La Liga de Italia y el Frente Nacional de Marine Le Pen).
El PP es el partido mayoritario en la Eurocámara y por ahora ya ha votado en contra de la Ley de Restauración Natural en los comités de agricultura y pesca con los votos de ID, ECR y los liberales. Aunque la última palabra la tiene el de medioambiente, el comité que dirige la tramitación y que votará el 15 de junio una enmienda a la propuesta de la Comisión propuesta por el PP. Si sale adelante, la Ley de Restauración Natural morirá, porque Bruselas ya ha dicho que no redactará un texto nuevo esta legislatura. Por ahora, la votación estaría del lado del no —es decir, a favor de la ley—, aunque con un margen muy estrecho de entre uno y tres votos, de un total de 66, y todo depende de la posición que tomen los liberales, que están divididos.
"Es una estrategia puramente electoral del PP, que ya se ha alineado con la extrema derecha y está en posiciones negacionistas", opina César Luena, eurodiputado del PSOE y ponente de la Ley de Restauración Natural. Según su versión, hubo consenso entre los dos bloques durante meses y el texto que propondrá la Eurocámara tendrá muchas de las peticiones de los populares, pero a comienzos de mayo el bloque conservador se cerró en banda y cortó la negociación.
El punto de inflexión llegó la primera semana de mayo, cuando el PPE anunció en Múnich el llamado Pacto Europeo de Agricultores, un documento donde se proclamaron el partido de la defensa del sector primario y donde se oponían abiertamente a la Ley de Restauración Natural. "En demasiadas regiones o Estados miembros, la aplicación de la legislación sobre la naturaleza ha conducido a una pesadilla burocrática que pone en peligro la economía de las zonas rurales, la seguridad alimentaria o la producción de energías renovables", se lee en la carta publicada por el partido.
En ese mismo comunicado, también se opusieron a la nueva regulación de pesticidas propuesta por la Comisión, que reduce en un 50% su uso en 2030. Y no son dos casos aislados: el pasado jueves el PP votó en Bruselas contra una ley para evitar el trabajo infantil y el abuso laboral; en mayo se descubrió que hace lobby en Bruselas contra la directiva de contaminación; trató de frenar la ley que prohíbe en 2035 la venta de coches de combustión; y en España intenta ampliar los regadíos de Doñana contra el criterio científico.
Según Luena, la reunión del PPE fue el inicio de su campaña electoral de las elecciones del Parlamento Europeo de junio de 2024. Rompe con los socialistas y los verdes, mientras se alinea con los grupos de extrema derecha y parcialmente con los liberales. De esta manera, los conservadores buscan atraer voto rural, especialmente de ganaderos y agricultores, con el argumento de que las políticas climáticas ponen en riesgo el futuro de millones de empleos.
El giro de los populares en las negociaciones sobre la Ley de Restauración Natural fue contestado rápidamente por más de 150 científicos de todo el mundo, que la semana pasada publicaron una carta defendiendo la norma. "Hemos destruido gran parte de la biodiversidad de Europa —y del planeta— a causa de la actividad industrial y económica. Si no restauramos gran parte de nuestras tierras y mares degradados, perderemos los beneficios que los ecosistemas proporcionan gratuitamente y se desatará una espiral de repercusiones negativas para la humanidad", argumentan los autores.
Además de los beneficios ambientales, los científicos contestan al PP que la norma daría un impulso económico a las zonas degradas por la tala de árboles o la sequía, ya que permitiría recuperar el uso de terrenos que ahora son pobres en biodiversidad. Argumentan que por cada euro que se invierte en recuperar un ecosistema, se recuperan entre 8 y 38 euros, y que cuanto más frondosa sea la naturaleza, más lento avanza el cambio climático y se reducen los costes que supone para los Estados.
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La propuesta de la Comisión de junio del año pasado es la primera ley para recuperar la naturaleza del mundo. Además de recuperar el 20% de las tierras y aguas en 2030, propone eliminar las barreras obsoletas de los ríos europeos, mejorar la biodiversidad en bosques, mares y tierras agrícolas y proteger a los insectos polinizadores. También afectará a las ciudades, donde propone que de aquí a 2030 no se reduzcan las zonas verdes en las urbes, y a partir de ahí aumenten al menos un 5% hasta 2050.
La propuesta que prepara ahora el Parlamento ha suavizado partes del texto de la Comisión para introducir las peticiones del PPE, pese a que a última hora este ha roto las negociaciones. Por ejemplo, en lugar de recuperar el 20% de las tierras y aguas en 2030, la Eurocámara apuesta por recuperar el 30% de los ecosistemas degradados, un cambio sutil, pero que supone reducir drásticamente los kilómetros cuadrados protegidos. También se ha retirado una mención de la Comisión a reducir un 10% las tierras de cultivo, que fue una de las principales críticas de los conservadores.
Entre los científicos que alertaron de la importancia de la norma, firmaron 24 expertos españoles de instituciones como el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), la Universitat Autónoma de Barcelona o el Institut de Ciències del Mar de Barcelona, preocupados por la situación de la península. Según la Agencia Europea de Medioambiente, el 73% de los hábitats están en estado pobre o degradado y solo el 9% está en buenas condiciones, mientras que el 18% restante no se ha estudiado.
