Los fabricantes de automóviles consiguieron en diciembre enfriar la principal normativa ambiental de su sector para la próxima década, salvando así el motor de combustión a partir de 2035. Ahora es el resto de la industria europea la que busca desmontar la regulación verde que más perjudica su negocio, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten. La coyuntura política actual, marcada por un giro a la derecha en el continente, da vía libre a las compañías para cambiar lo que estaba hasta ahora tallado en piedra.
El sistema ETS lleva dos décadas funcionando en la UE y hasta este momento ha logrado reducir un 50% la contaminación de los sectores adscritos a él, demostrando su eficacia. Sin embargo, el mecanismo tiene que someterse este año a una revisión y en los últimos días ha quedado patente que la gran industria quiere aprovechar la ocasión para descafeinar la normativa con apoyo de gobiernos como el alemán, el francés y el holandés.
El objetivo del ETS es limitar cada año la contaminación de la industria europea y fomentar la producción limpia. En ese mecanismo participan las fábricas, centrales de generación eléctrica, aerolíneas y navieras. La Comisión Europea pone un tope cada año al número de toneladas de CO₂ que pueden emitir estas compañías –solo las más grandes, más de 12.000 empresas– y para poder contaminar deben adquirir en subastas permisos de emisión, que cuestan de media entre 70 y 80 euros por tonelada. Quien contamine al margen del sistema se enfrenta a grandes multas.
El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles en una cumbre en Amberes, donde estuvo presente toda la industria del continente, que Europa "debería estar muy abierta a revisar o al menos posponer" el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones. "Debemos evitar todo aquello que ponga en peligro la competitividad de nuestra industria", añadió. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestó que hasta ahora el ETS ha funcionado y que revertirlo incentivaría el consumo de gas natural importado de terceros países.
Realmente no está claro hasta qué punto pretenden las potencias industriales desmontar el mercado de emisiones, pero el debate sobre el motor de combustión demostró el año pasado que lo que pretendían ser unos pequeños cambios superficiales se convirtieron en un giro histórico que reducirá hasta un tercio la venta de eléctricos en 2035.
Riccardo Nigro, experto en industria de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, en inglés), una red de organizaciones ambientales, opina que lo que hoy se vende como una revisión temporal del ETS puede terminar siendo un desmantelamiento. "Desde el punto de vista jurídico, una revisión puede dar lugar a cualquier cosa que acuerden los colegisladores. Una vez que la Comisión presenta una propuesta, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden modificarla; y si existe suficiente impulso político, los cambios pueden ir mucho más allá de los ajustes técnicos", valora Nigro.
El argumento de Alemania y de otros países altamente industrializados es que el mercado de emisiones ha encarecido enormemente la fabricación dentro de Europa y no es posible competir con la producción en China o Estados Unidos. No solo porque las fábricas contaminantes son más caras de mantener, sino porque el ETS también aumenta el precio de la electricidad –las centrales de gas son grandes emisores de CO₂–, y una parte de la industria es muy intensiva en energía. "Los pagos por carbono son exclusivos de Europa y el sistema está diseñado para aumentar los costes año tras año", advirtió este miércoles la industria europea tras reunirse en Amberes con Von der Leyen.
Hay que tener en cuenta también que el dinero que se recauda con la subasta de esos permisos de emisión también ayuda a los ciudadanos europeos, y que rebajar la ambición del sistema reducirá esas contribuciones. Según la Agencia Europea de Medioambiente, los Estados miembros ingresaron 24.000 millones de euros en 2024 a través de este mecanismo, y se recaudaron 13.000 millones que fueron a parar a diferentes programas de apoyo industrial y energético. España ingresó 1.121 millones ese año a través de este sistema.
Una reforma parcial esta primavera
Más allá del giro de 180 grados que proponen algunas naciones para el sistema de permisos de emisiones, la Comisión Europea debe lanzar en primavera su propuesta para revisar los llamados permisos gratuitos de emisiones para el periodo 2026-2030, una de las patas de la regulación ETS.
En 2025, casi el 40% de estos permisos se entregó de manera gratuita para que quien invierta en descarbonizar su fábrica pueda venderlos y reciba un incentivo por hacer las cosas bien. Asimismo, cada año el número total de bonos en el mercado se recorta para forzar a las empresas a reducir su contaminación.
En los próximos meses se decide si los permisos gratuitos se reducen a mayor o menor velocidad hasta el final de la década, y la industria europea realiza estos días una intensa campaña de presión para que se mantengan como están. Su argumento es que retirar bonos de CO₂ gratuitos encarecerá la energía y también los costes de producción de algunas industrias.
Juan Antonio Labat, director general de Feique, la patronal química española, propone "parar el reloj" durante unos años y dejar los permisos como están hasta 2030. "No pedimos reducir la ambición ambiental, pero con estos costes no somos competitivos. Y perder industria significa que se mude a China, donde emiten el doble, y luego importar desde allí los productos", opina el portavoz del sector. Según sus cálculos, añade, reducir cada año los bonos gratuitos costará 1.400 millones de euros a la industria española en los próximos cinco años.
Desde Unesid, la patronal española de la siderurgia, piden que antes de recortar los derechos gratuitos se implemente de manera eficaz el conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), una normativa que lleva años puliéndose en Bruselas que pretende cobrar a las importaciones industriales de terceros por lo que emiten en sus países de origen. Una manera de equiparar los costes de la producción interna y externa para que el ETS no reste competitividad a las compañías europeas.
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Aunque la reforma del ETS sea parcial y solo suponga un parón temporal, como proponen algunos, los expertos valoran que esa decisión no solo frenaría la descontaminación industrial, sino que lanzaría el mensaje de que no merece la pena continuar invirtiendo en modernizar las fábricas porque se abre la puerta a que en 2030 se vuelva a posponer su endurecimiento.
"El ETS funciona no solo porque fija un precio al carbono hoy, sino porque las empresas creen que el límite de emisiones del ETS seguirá estrechándose. Una gestión cuidadosa de las expectativas es esencial para preservar la credibilidad del sistema", publicaron en enero los expertos de Bruegel, un importante centro de estudios europeos.
Riccardo Nigro, del EEB, apunta en la misma línea. "La fortaleza del ETS reside en su previsibilidad. Los inversores, los innovadores y los pioneros confían en una trayectoria clara y estable del precio del carbono para justificar las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Reabrir elementos fundamentales del sistema pone en peligro esa certeza, penaliza a las empresas que ya han invertido en la descarbonización y ralentiza la transición en general", opina el analista industrial.
Los fabricantes de automóviles consiguieron en diciembre enfriar la principal normativa ambiental de su sector para la próxima década, salvando así el motor de combustión a partir de 2035. Ahora es el resto de la industria europea la que busca desmontar la regulación verde que más perjudica su negocio, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten. La coyuntura política actual, marcada por un giro a la derecha en el continente, da vía libre a las compañías para cambiar lo que estaba hasta ahora tallado en piedra.