Una campaña a 40 grados: el cambio climático marcará el 23J y la legislatura que viene
El cambio climático adquirirá un protagonismo en las elecciones generales del 23 de julio que nunca había ocupado. No solo se celebrarán tras la peor cosecha primaveral que se recuerda por culpa de la sequía, sino que por primera vez los españoles acudirán a las urnas en julio, en un verano que se espera anormalmente cálido, según las previsiones meteorológicas, aunque más lluvioso de lo habitual. Las pérdidas provocadas por la sequía en el campo, la protección de los parques nacionales en peligro, los incendios o las muertes provocadas por altas temperaturas estarán sobre la mesa en las próximas elecciones a medida que el calentamiento global se ceba con la península.
El abril más seco desde que hay registros dejó pérdidas millonarias en la agricultura y dio paso a una dana en mayo que provocó inundaciones en ciudades y pueblos del Levante y otros puntos de España, un ejemplo más de cómo el cambio climático provoca que el clima sea más extremo: sequías más largas acompañadas de lluvias torrenciales. La situación se alargará durante los próximos meses: en julio se esperan temperaturas entre uno y dos grados por encima de la media, mientras que en agosto lloverá más de lo normal. En concreto, el Ministerio de Transición Ecológica cree que durante este año hidrológico (de octubre de 2022 a septiembre de 2023) los embalses españoles habrán recibido un 22% menos de agua que la media, según las estimaciones publicadas este lunes.
Desde Greenpeace, el principal grupo ecologista del país, creen que el cambio climático debería ser uno de los grandes protagonistas de la campaña por la urgencia que vive España. "En pleno mes de julio estaremos viviendo en nuestras carnes las olas de calor, los incendios y una sequía galopante, por eso los candidatos no podrán mirar para otro lado", explica Eva Saldaña, directora de la ONG.
Precisamente a mediados de julio del año pasado España sufrió la ola de calor más intensa registrada, con temperaturas 4,9 grados por encima de la media. Se desataron incendios en cuatro comunidades autónomas y entre el día 9 y 26 de ese mes fallecieron en el país 1.893 personas debido a las altas temperaturas.
Los principales partidos no han presentado por ahora sus propuestas a escala nacional, pero Saldaña ve en estos comicios una oportunidad histórica para apostar por políticas energéticas y medioambientales que permitan a España adaptarse al cambio climático y revertirlo en la medida de lo posible. En energía, pide una promoción del autoconsumo renovable y de las comunidades energéticas, y una apuesta seria por el abandono de los combustibles fósiles. En medioambiente, reclama repensar el modelo agrícola para impulsar la economía rural, una actualización de la política hidrológica e impuestos verdes para costear esta transición.
Durante la campaña de las municipales y autonómicas, el medioambiente ya fue uno de los principales puntos de fricción entre los bloques de izquierda y derecha, con el agua como protagonista. La discusión comenzó en enero alrededor de la polémica del trasvase Tajo-Segura después de que el Gobierno tomase la decisión de incrementar poco a poco y hasta 2027 el caudal ecológico del Tajo para evitar que la sequía reduzca la biodiversidad de este río. La medida se tomó tras cinco sentencias del Supremo que obligaban a la protección de este caudal, pero sirvió al PP para acusar a Sánchez de atacar a los agricultores de la zona del Levante, que paulatinamente recibirán menos agua por este canal y tendrán que sustituirla por desalada.
Dos meses después, con España sumida en la peor sequía de un mes de abril de su historia, el agua volvió a los titulares después de que el Parlamento andaluz –gobernado por el PP con el apoyo de Vox– pusiese en marcha el proceso para aumentar los regadíos alrededor de Doñana, en contra del criterio científico, de la Comisión Europea y de la Unesco. La medida terminó por dinamitar todos los puentes entre el Gobierno y la oposición en la política hidrológica, y el presidente Pedro Sánchez terminó acusando al PP de acompañar a Vox en el negacionismo climático.
Las dos polémicas sirvieron al candidato del PP a las generales, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al Gobierno de tomar decisiones con "criterios ideológicos y partidistas" y para poner sobre la mesa su llamado Pacto Nacional del Agua, un proyecto que el PP usa desde hace dos años para confrontar la política hidrológica de la Moncloa. La propuesta es lo más parecido que los populares han presentado hasta ahora para solucionar la sequía y su impacto en la agricultura: 40.000 millones de euros destinados a construir depuradoras para regar el campo, modernizar las tuberías de las ciudades para no desperdiciar agua y construir infraestructuras para controlar las inundaciones.
El Gobierno contestó a la oposición, a través de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ese pacto ya existe en España a través del Plan Hidrológico Nacional, que se actualiza cada seis años en un proceso en el que participan todas las administraciones, los regantes, los ciudadanos y los grupos ecologistas. Precisamente a finales de enero se aprobó el tercer ciclo de este proyecto, que estará vigente entre los años 2023 y 2027, con un presupuesto de 22.844 millones destinados modernizar riegos, construir desaladoras o proteger enclaves como Doñana o el Mar Menor.
Además de establecer por primera vez un caudal ecológico en el Tajo, la revisión incluye una reducción de aquí a 2027 de la dotación de agua destinada al riego de cultivos de 1.600 hectómetros cúbicos, un paso que presionará a la agricultura para reducir su consumo, pero que necesario a medida que los ríos españoles pierden caudal debido al cambio climático, como explicó recientemente el secretario de estado de Medioambiente, Hugo Morán.
