¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.
El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.
Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.
En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.
El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.
Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.
Un círculo perfecto
Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.
La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales.
El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.
En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.
Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.
Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.
Negocios africanos
Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.
Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.
Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.
En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional.
Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.
El mercado español
En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.
El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.
Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.
Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.
Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.
La rebelión audiovisual
El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.
Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.
El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.
Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.
El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.
El regulador francés pone en evidencia la debilidad de la CNMC para supervisar la desinformación en España
Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.
La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.
Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.
¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.