Bruselas ha lanzado la fase de consulta pública de lo que podría convertirse en la próxima gran normativa europea en materia digital: la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA, por sus siglas en inglés). Cualquiera puede participar en el proceso de preparación de una iniciativa que nace del convencimiento, por parte de la Comisión, de que las actuales normas europeas de protección al consumidor no bastan para hacer frente a las prácticas desleales, opacas o directamente manipuladoras que proliferan en el ecosistema digital.
Tras someter a examen el marco legal actual, Bruselas ha hecho un diagnóstico contundente: hay leyes, sí, pero no son eficaces, no se aplican de forma coherente en todos los Estados miembros y dejan demasiados resquicios abiertos a quienes operan en línea.
Así que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, encargó el año pasado a Michael McGrath, el comisario de Justicia y Protección al Consumidor, activar todos los mecanismos que, si fructifican, conducirán a la aprobación de la DFA, una pieza complementaria a los ya ambiciosos reglamentos de servicios digitales (DSA), mercados digitales (DMA) e inteligencia artificial (AI Act).
Su foco, a diferencia de la normativa ya existente, no es tanto estructural o económico como ciudadano. Busca proteger de prácticas comunes en el mundo digital que a menudo representan graves riesgos para los consumidores.
Eso señala, por ejemplo, a las técnicas de diseño adictivo. Son estrategias que las plataformas usan para que el usuario pase más tiempo del planeado mediante el uso de scroll infinito, notificaciones constantes o recompensas variables (como en las redes o videojuegos). También pone en el punto de mira a las interfaces engañosas (dark patterns), que no son otra cosa que diseños pensados para manipular: botones ocultos para cancelar una suscripción, colores que inducen a hacer clic en lo que no se quiere, o formularios que inscriben en algo sin darse cuenta.
Publicidad disfrazada, precios personalizados
En el punto de mira también está la publicidad disfrazada, especialmente en influencers: son contenidos que parecen opiniones espontáneas, pero en realidad son anuncios pagados y muchas veces no se advierte que lo son, algo especialmente confuso para adolescentes y niños. También los mecanismos de compra dirigidos a menores, en particular sistemas como las loot boxes o cajas de recompensa en videojuegos (premios aleatorios que generan adicción) y monedas virtuales que hacen que se pierda la noción del gasto real.
La norma tratará, además, de poner fin a la personalización algorítmica de precios y anuncios: el uso de datos para mostrar precios distintos según el perfil de cada usuario (por ejemplo, si el sistema cree que alguien puede pagar más) o anuncios dirigidos a las debilidades de consumo de cada cual.
También están en el foco los contratos digitales poco transparentes (con términos legales largos y confusos que el público acepta sin entender y que pueden dar pocas garantías o ceder datos sin ser consciente de ello), así como la confusión deliberada sobre precios de referencia (se muestran supuestos descuentos sobre precios inflados o ficticios, haciendo creer que se está aprovechando una ganga cuando no es cierto).
Todos estos mecanismos tienen algo en común: desinformar, presionar o manipular para tomar decisiones. En este sentido, el alcance de la DFA se superpone parcialmente con normativas existentes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la DSA o la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales.
La Comisión considera que la dispersión normativa, la baja coordinación entre autoridades y la falta de cumplimiento efectivo justifican una intervención legislativa más clara y centralizada.
En fase embrionaria
El proyecto aún está en una fase embrionaria. La consulta pública, iniciada el 17 de julio, se extenderá hasta el 9 de octubre. Después vendrá un informe de resultados y, si el calendario se cumple, una propuesta legislativa para el tercer trimestre de 2026. La Comisión aún no ha decidido si el texto se materializará como reglamento (de aplicación directa) o como directiva, lo que implicaría trasposición nacional. Esa elección marcará el grado de ambición e impacto real del instrumento.
La idea, sin embargo, no ha gustado nada en el sector tecnológico y publicitario. Varias asociaciones del ámbito de la publicidad, entre ellas IAB Europe, han acusado a la Comisión de caer en la tentación de la sobrerregulación. Argumentan que muchas de las prácticas que se citan en la DFA ya están reguladas —aunque mal aplicadas— por el GDPR, la ePrivacy Directive o la propia DSA.
Insisten en que el problema no es la falta de normas, sino su ejecución. Y temen que una nueva normativa complique aún más el panorama jurídico, frene la innovación y ponga trabas adicionales a un sector que ya arrastra una fuerte carga regulatoria.
Protesta epistolar
En una carta remitida a la Comisión hace pocos días, las principales asociaciones piden a Bruselas que centre sus esfuerzos en la correcta aplicación de la legislación ya vigente antes de considerar nuevas regulaciones. En su opinión, no tiene sentido avanzar en nuevas propuestas legislativas sin una evaluación completa de las normas actuales, lo que podría generar un entorno regulatorio duplicado, complejo y contradictorio, dificultando el cumplimiento tanto para empresas como para usuarios, y yendo en contra del objetivo europeo de simplificación normativa.
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En particular, destacan que la industria publicitaria digital ya se encuentra fuertemente regulada en aspectos como la publicidad personalizada, la protección de menores, el uso de datos sensibles, los requisitos de consentimiento, los denominados dark patterns y el marketing de influencers.
La Comisión, por su parte, cree que el tiempo de las advertencias ha pasado y que hace falta una ley centrada exclusivamente en la equidad digital desde la perspectiva del consumidor, no desde la lógica de los mercados.
Los expertos del sector aseguran que la gran cuestión de fondo es si esta nueva ley será verdaderamente transformadora o se quedará en una mera declaración en un entorno saturado de marcos legales —DSA, DMA, AI Act, GDPR, EMFA, y ahora la DFA—. Bruselas tiene claro que, si no actúa, se corre el riesgo de que empresas y plataformas continúen operando con asimetría de poder frente a usuarios que apenas entienden en qué están consintiendo cuando hacen clic, ni qué consecuencias tienen los diseños que les atrapan, ni cómo se determinan los precios que ven en pantalla.
Bruselas ha lanzado la fase de consulta pública de lo que podría convertirse en la próxima gran normativa europea en materia digital: la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA, por sus siglas en inglés). Cualquiera puede participar en el proceso de preparación de una iniciativa que nace del convencimiento, por parte de la Comisión, de que las actuales normas europeas de protección al consumidor no bastan para hacer frente a las prácticas desleales, opacas o directamente manipuladoras que proliferan en el ecosistema digital.