El asesinato más mediático fue el del fiscal antidroga de Paraguay Marcelo Pecci, por cometerse en una zona paradisíaca de Colombia y ante multitud de testigos. Sin embargo, lo que ocurre en Paraguay, en Colombia o en cualquier otro país de América Latina no se puede comparar con lo que se está viendo en Ecuador. Allí, los Lobos, los Choneros y el resto de organizaciones locales que dominan las salidas de cocaína hacia los mercados internacionales, y que actúan en conexión directa con las mafias extranjeras, tanto colombianas y mexicanas como europeas, contratan a sicarios casi por rutina para matar a quienes se les ponen enfrente.
El último caso conocido ha sido el asesinato de una de las fiscales que llevaba años investigando al crimen organizado en la ciudad costera de Manta, uno de los puntos clave para la salida de los alijos de cocaína en distintas direcciones, pero en especial hacia el canal de las Galápagos, una zona clave en los tránsitos de los cargamentos. Gloria Alexandra Bravo Cedeño es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022, donde, además, los narcos dieron muerte en su momento a uno de los escasos representantes políticos que les hacía frente, el alcalde de la localidad, Agustín Intriago.
La muerte de Bravo se suma a las de sus compañeros Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez, ambos de la carrera fiscal, si bien es obligado mencionar que entre las víctimas también hay funcionarios de distinto rango que trabajan en los tribunales. Es evidente que el objetivo de los narcos es controlar por completo la Justicia en los puntos críticos del país.
El modus operandi en el último caso, que tuvo lugar este domingo, no se salió del método más repetido: un sicario dispara a quemarropa en un ataque que, además, en este caso, también se llevó por delante a la hermana de la víctima, que la acompañaba.
El Observatorio de Derechos y Justicia, una organización ecuatoriana que ha revisado los ataques contra operadores de justicia en Ecuador, ha registrado 26 asesinatos de jueces, fiscales y otro personal judicial en el país desde 2020. Una cifra absolutamente asombrosa y que deja claro que los narcos han conseguido su objetivo: someter a esa Administración a través del miedo.
Ante esas tácticas, no resulta extraño que una parte muy importante ya no solo de la Justicia, sino también de la Policía, se halle completamente indefenso y, al mismo tiempo, sea muy permeable a la corrupción, pues ya no es solo una cuestión de dinero, sino de preservar la propia vida.
Mientras, las políticas del presidente Daniel Noboa siguen sin ofrecer resultados. La actuación tras el asesinato de este domingo ha sido volver a decretar el estado de excepción en el país, una medida que, por lo visto hasta ahora, no ofrece resultados satisfactorios. Los asesinatos continúan y la cocaína sigue saliendo de forma masiva desde el país, ya no solo desde las terminales portuarias, sino también desde otros puntos de las costas.
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Al mismo tiempo, los países occidentales siguen sin mover ficha. Se sabe que la mayor parte de la cocaína que sale de Ecuador acaba inicialmente en España para un posterior envío a otros puntos de Europa. Sin embargo, nada se escucha desde el Gobierno ni desde la Comisión Europea al respecto. Tres cuartas partes de lo mismo sucede con Estados Unidos, que mantiene el foco puesto sobre Venezuela y Colombia pero nada dice de Ecuador, país del que parte gran parte de la droga que acaba en sus calles.
En Europa, en Estados Unidos y en Australia, los grandes mercados de la cocaína, está el origen de lo que sucede en Ecuador. La demanda de cocaína ha transformado a un país en un lugar en el que la Justicia está completamente tomada por el crimen organizado, y nada se hace para solucionarlo.
En cuanto a las pesquisas por la concreta muerte de la fiscal Bravo, un individuo que se habría enfrentado a los agentes fue detenido por la Policía Nacional, considerado uno de los sicarios que acabaron con la vida de la jurista y de su hermana. Sin embargo, nada se sabe de la autoría intelectual de un crimen que pone una piedra más en el interés de los narcos por manejar los hilos del Estado, que están tomando por la fuerza.
El asesinato más mediático fue el del fiscal antidroga de Paraguay Marcelo Pecci, por cometerse en una zona paradisíaca de Colombia y ante multitud de testigos. Sin embargo, lo que ocurre en Paraguay, en Colombia o en cualquier otro país de América Latina no se puede comparar con lo que se está viendo en Ecuador. Allí, los Lobos, los Choneros y el resto de organizaciones locales que dominan las salidas de cocaína hacia los mercados internacionales, y que actúan en conexión directa con las mafias extranjeras, tanto colombianas y mexicanas como europeas, contratan a sicarios casi por rutina para matar a quienes se les ponen enfrente.