Zapatero, la investigación y el escarnio
Hay un salto cada vez más pronunciado entre la instrucción y el escarnio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre vulnerar las garantías —ya ni siquiera la presunción de inocencia— y el derecho a la información.
Zapatero tiene una larga lista de explicaciones pendientes: sobre su relación con Julio Martínez, qué negocios hizo y cómo se llevaron a cabo; las sospechas sobre testaferros, empresas pantallas y trabajos simulados de los que tendrá que dar cuenta penalmente; de momento, el rescate de Plus Ultra, los ingresos de Análisis Relevante e Información Prospectiva; a falta también de documentar unas joyas que hoy siguen siendo un misterio. Y la última, de este mismo miércoles: la mediación para un grupo empresarial con el gobierno de Bolivia para frenar una multa de 107 millones que cobró presuntamente a través de una sociedad pantalla (la mediación, no los 107 millones).
Luego está el escarnio al que, en muy poco tiempo, están contribuyendo la UDEF y el juzgado. Por descuido, deliberadamente o por la aceleración de la instrucción, es una anomalía procesal que un volcado íntegro de un teléfono móvil llegue a las partes sin filtrar, sin analizar ni depurar la información relevante para la investigación. Tirando de hemeroteca, ocurrió en el caso del empresario Javier López Madrid: una diligencia policial defectuosa, que el juez instructor no corrigió, permitió que se incorporaran al procedimiento mensajes privados e intrascendentes para la causa, entre ellos conversaciones con la reina Letizia. Fue un episodio excepcional; el juzgado tomó nota y no volvió a repetirse. También sucedió con los correos de Miguel Blesa. Su difusión durante la instrucción dio lugar a una investigación contra el exjuez Elpidio José Silva por presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez, por cierto, acabó condenado por prevaricación por una conducción de la instrucción con demasiados parecidos a la del juez Juan Carlos Peinado.
Un mes después del registro policial en el despacho de Zapatero, el teléfono de Gertrudis Alcázar ha acabado íntegro en manos de las partes y ha circulado como la pólvora por los chats de WhatsApp. Dos años completos de comunicaciones, de 2024 a 2025. Hay conversaciones relevantes para la investigación, como los movimientos que hizo el expresidente una vez detuvieron a Julio Martínez y cómo preparó su defensa desde la detención: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. Las citas con Santos Cerdán. O que a Zapatero le gustara Leire Díez días después de su declaración ante el juez y de escuchar en los medios aquel “Quiero a Balas muerto”. Luego están las gestiones con periodistas, las medicinas del expresidente, las cenas con amigos, catarros sobrevenidos, los restaurantes favoritos, las citas con presidentes del IBEX, de Indra, BBVA, Telefónica… toda una serie de detalles que alimentan el escarnio por redes.
El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin vuela por los aires apenas un mes después de estallar la causa
La UDEF intervino miles de mensajes entre el expresidente y su secretaria. Una diligencia necesaria para la investigación. El volcado sin filtros, no. En ese material ni siquiera se han ocultado el teléfono, la dirección o los números de cuenta. El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin que vuele por los aires apenas un mes después de estallar la causa.
El volcado íntegro y su posterior difusión constituyen una excepción que agentes especializados en investigación policial califican de «demencial». Por qué la UDEF no incorporó únicamente lo relevante en un informe es una cuestión que el juez debería haber valorado antes de dar traslado. Por qué el contenido ha llegado íntegro a las partes remite a una responsabilidad de custodia que recae, en última instancia, sobre el propio juzgado.
En plena guerra, a nadie le importan las garantías. Pero si asumimos que el Estado de derecho y los límites procesales deben permanecer intactos e impermeables a las pulsiones políticas —más allá de las ganas que puedan tener a Zapatero—, la instrucción será más sólida y se evitarán sospechas sobre la intencionalidad política de cualquier actuación judicial. Siempre acaba mal cuando se fuerzan las costuras. El ejemplo más extremo se vivió en los años del procés. El Supremo lo frenó con una sentencia. Más allá de lo que cada uno opine sobre el fallo, lo que no hacía falta era una policía sucia fabricando informes para eliminar adversarios políticos o perseguir a quienes fueron señalados como enemigos.
