España es uno de los pocos países europeos que carece de una ley de transparencia. Actualmente existe un proyecto de ley que, de aprobarse, afectará a administraciones públicas, partidos políticos, patronal y sindicatos, aunque previsiblemente dejará fuera a otras instituciones,
como la Casa del rey. El proyecto de ley de transparencia
tampoco afectará a las empresas cuyos ingresos provienen mayoritariamente del erario. Estas sociedades privadas seguirán rigiéndose según lo pactado en cada contrato con la Administración , o, en su caso, según
los códigos de buen gobierno, que son de adhesión voluntaria.
La propuesta permanece
paralizada en el Congreso desde el 7 se septiembre de 2012: se han aprobado una veintena de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas y
no existe un calendario definitivo sobre su entrada en vigor. No es la primera vez que una iniciativa similar queda estancada: la promesa de una ley de transparencia figuraba en el programa electoral del PSOE tanto en
2004 como en
2008, Sin embargo, el anteproyecto no fue admitido a trámite hasta el 29 de julio de 2011,
y la segunda legislatura socialista concluyó sin que se aprobase.
La situación de opacidad empresarial es
especialmente grave en casos como el de Capio, la sociedad que gestiona en la Comunidad de Madrid cuatro hospitales privatizados. El gigante de la sanidad ingresa tres de cada cuatro euros de sus cuentas
directamente de fondos públicos y hasta el 60% proviene
únicamente de la Comunidad de Madrid. La empresa
opera desde paraísos fiscales como las Islas Caimán, infringe la ley para
ocultar cuánto ganan sus directivos y esconde sistemáticamente el nombre de sus
verdaderos propietarios.
Tal y como escribía Jesús Maraña la semana pasada en
infoLibre: “Queremos saber quién hace negocio con la sanidad” y queremos saber quiénes son los propietarios de las empresas que hacen negocios con la Administración y qué beneficio obtienen de ello. Pedir que estas sociedades
publiquen sus cuentas, detallen los beneficios que reparten entre sus directivos y hagan pública la identidad de sus propietarios es una demanda de sentido común y una petición fundamental para la transparencia.
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Ramón Lobo
José Miguel Contreras
Aroa Moreno Durán
