Las agencias privadas no empezarán a colocar parados hasta 2014

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el acuerdo marco que permitirá a las agencias privadas de colocación colaborar con los Servicios Públicos de Empleo, tanto el estatal como los autonómicos, en la búsqueda de trabajo para los seis millones de parados españoles. Con el mes de agosto de por medio y contando con los plazos necesarios para que las agencias presenten sus proyectos, éstos sean aprobados y las comunidades autónomas culminen el proceso, el nuevo modelo no comenzará a funcionar hasta finales de este año o, más probablemente, hasta 2014, asegura la patronal Asempleo.

La mitad de los desempleados españoles son parados de larga duración –llevan más de un año sin trabajar–, una cifra seis veces superior a la de 2008. “Llevamos dos años esperando el acuerdo marco”, se quejan por su parte fuentes de la asociación que agrupa a las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Fue la reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, la que autorizó a las ETT a funcionar como agencias privadas. Pese a la urgencia social, el énfasis puesto por el Gobierno en la ineficacia de los Servicios Públicos de Empleo y el llamamiento reiterado de la UE y otros organismos internacionales a priorizar las políticas activas de empleo en la lucha contra el paro, la colaboración público-privada, como la llama el Gobierno, aún no se ha puesto en marcha.

De acuerdo con el último borrador del acuerdo marco, las agencias privadas cobrarán entre 300 y 3.000 euros por recolocar a cada parado, dependiendo del grado de dificultad de su inserción laboral. Además, se les exigirá que el desempleado firme un contrato de al menos seis meses. La patronal de las ETT cree, sin embargo, que debería bastar con que el parado pudiera sumar esos meses con distintos contratos a lo largo del plazo de un año, por ejemplo, lo que considera más viable en el actual contexto económico. CCOO y UGT, por el contrario, critican que se destinen millones para pagar a las agencias privadas en lugar de destinarlas a reforzar unos servicios públicos de empleo anémicos de recursos y plantilla.

Hasta el momento, se han adherido al acuerdo marco 14 de las 17 comunidades autónomas. Andalucía, País Vasco y Cataluña lo rechazan. Según Asempleo, lo más probable es que estas tres comunidades terminen creando sus propios sistemas de colaboración con las agencias privadas, en el caso de que fracasen los intentos que, dice, está haciendo el Ministerio de Empleo para intentar incorporarlas a su modelo.

Distribución de fondos

También hay otro motivo adicional por el que a las comunidades autónomas puede interesarles participar en el acuerdo marco impulsado por el Gobierno. La apuesta por las agencias privadas será uno de los 22 indicadores que Empleo valorará a la hora de determinar si las comunidades autónomas han alcanzado los objetivos que les permitirán acceder a fondos estatales para financiar sus políticas activas de empleo. De esta forma, el departamento que encabeza Fátima Báñez medirá la eficacia de comunidades y agencias según “el número de personas insertadas” por estas empresas privadas “sobre el total de personas remitidas a estas entidades”.

Así lo recoge el Plan Anual de Política de Empleo para este año, que el ministerio presentó el pasado 24 de julio a las comunidades autónomas. El acuerdo marco es una de las cinco líneas de actuación del plan, presupuestado en 3.803 millones de euros. De ellos, 1.342 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas. Según el Gobierno, se trata de un nuevo “modelo de financiación, ejecución, control y evaluación” que se gestionará en función de 33 objetivos, 29 estructurales y cuatro “estratégicos o políticos”. De su consecución dependerá en un 40% la distribución de fondos a las comunidades autónomas. Esos cuatro objetivos políticos son mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de otros colectivos especialmente afectados por el paro, mejorar la calidad de la formación profesional y apoyar el emprendimiento, así como lo que el ministerio denomina “vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo”.

Sanciones por no acudir a cursos

Porque otro de los indicadores que Empleo utilizará para medir la eficacia de las políticas de empleo de las comunidades autónomas y asignarles fondos después será el “esfuerzo” que éstas hagan para “sancionar incumplimientos que no tengan su origen en la no renovación de la demanda” de empleo; es decir, penalizaciones por no asistir a los cursos de formación. “Dado que el número de sanciones que se imponen en la actualidad por estas causas es muy inferior al que correspondería, se estimula la realización de un esfuerzo que podría producir mejoras significativas”, explica el texto del Plan Anual.

Este indicador será doble. El primero parámetro resultará de dividir el número de sanciones por incumplimientos distintos de la no renovación de la demanda entre el número de beneficiarios de prestaciones en esa comunidad autónoma. El segundo resultará del cociente entre las sanciones impuestas por no renovar la demanda y el número total de personas que no la renovaron.

También resulta prioritario para el Gobierno conseguir empleo a los jóvenes y los parados de larga duración, mayores de 55 años y perceptores del Plan Prepara –quienes han agotado todas las prestaciones y subsidios, carecen de ingresos y asisten a cursos de formación a cambio de 400 euros mensuales–. Su inserción laboral será otro indicador más. Pero el Plan Anual no olvida como objetivo a los parados que perciben prestaciones por desempleo. Y considera “importante” aumentar el número de acciones que los Servicios Públicos de Empleo realicen con éstos. La Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha, y con polémica, un plan piloto por el que prioriza la búsqueda de trabajo para quienes cobran, con el fin de ahorrar en el pago de prestaciones. El Plan Anual considera “inserción” a la firma de un contrato “durante el año actual o los dos años anteriores, sin que haya vuelto a inscribirse [el parado] como demandante de empleo en ninguno de esos tres años”.

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Parados para trabajos en beneficio de la comunidad

No es el único objetivo controvertido. Empleo también pretende fomentar el recurso a los trabajos de colaboración social: parados que realizan tareas “en beneficio de la comunidad”, en teoría con una duración máxima equivalente a “la que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio”. A cambio, el desempleado cobra una u otro y la administración que le emplea le completa el sueldo hasta alcanzar la base reguladora por la que cotizaba antes de quedarse en el paro. Pero el empleador sólo paga por él a la Seguridad Social las cuotas en concepto de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. No cotiza para la jubilación ni para cubrir las incapacidades temporales. Y no puede rechazar el puesto porque perdería la prestación durante seis meses. Una figura mal vista por los sindicatos porque, en la práctica, suele ocurrir que los puestos ni son temporales ni, en muchos casos, se limitan a cubrir empleos de utilidad social o de escasa cualificación. Además, estos desempleados ocupan “puestos estructurales” de las administraciones que los utilizan. Se trata de una fórmula que el Gobierno pretendió resucitar con la reforma laboral, pero que ni antes ni ahora ha tenido demasiado éxito. De hecho, sólo 4.538 parados han firmado este tipo de adscripciones –es su denominación técnica, puesto que no son contratos laborales– en toda España, según las estadísticas de Empleo.

Finalmente, otro indicador, por tanto otra de las prioridades del Plan Anual, será la promoción del autoempleo y el emprendimiento, uno de los leit motiv recurrentes del Gobierno. Así, tener un oficina o servicio de asesoramiento para emprendedores contará a la hora de recibir fondos. Y la “actividad emprendedora” se medirá según el número de sociedades mercantiles creadas en un determinado periodo de tiempo, también según el número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.