Las empresas del AVE a La Meca disponen de un aval público de 1.020 millones

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) avaló en 2009 a la constructora Sacyr con 160 millones de euros para que el  consorcio del que formaba parte ganara el concurso de ampliación del Canal de Panamá. Aquel aval público, concedido en el año 2009, se ha convertido en arma arrojadiza también en el terreno político. Están bajo sospecha las fórmulas con las que el Estado respalda la acción de empresas privadas en el exterior.

Esas fórmulas no afectan sólo a proyectos más o menos polémicos aprobados en la anterior etapa de Gobierno socialista que encabezó José Luis Rodríguez Zapatero. Cesce, empresa creada en 1970, participada por el Estado en un 50,25% y en proceso de privatización, ha avalado también al consorcio de empresas que construye el AVE entre La Meca y Medina en Arabia Saudí con 1.020 millones de euros, según han explicado a infoLibre fuentes al tanto del concurso adjudicado hace más de dos años.

El concurso lo ganó en octubre de 2011, con una activa implicación del Rey Juan Carlos, un consorcio de 12 empresas españolas (entre ellas Renfe, OHL, Cobra e Ineco) y dos saudíes (Al Shoula y Al Rosan). El consorcio (competía con la francesa Alstom y la SNCF) se adjudicó el proyecto de construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad que unirá las ciudades de Medina, Yeda y La Meca en Arabia Saudí, un megaproyecto presupuestado en 6.736 millones de euros, conocido también como el "AVE del desierto" o el "AVE de los peregrinos".

Ferrocarriles saudíes

Cesce, al igual que la empresa de ingeniería Ineco que actúa como portavoz del proyecto, declinó detallar las fórmulas con las que ha asegurado el proyecto para los ferrocarriles saudíes (Saudi Railways Organization).

Sin embargo, fuentes cercanas a la Administración (Cesce depende del Ministerio de Economía) y al tanto de los contratos, detallan que la agencia de crédito pública ha avalado a las empresas españolas con una cobertura de ejecución de obra por importe de 660 millones de euros y cuatro pólizas de seguro por otro importe global de 360 millones. Total: 1.020 millones de euros.

La polémica en torno a los avales públicos que respaldan actividades privadas llega en pleno proceso de privatización de Cesce, una agencia de crédito de apoyo a la exportación que se creó hace más de tres décadas para cubrir los riesgos políticos y comerciales a los que hacen frente las empresas en sus actividades en el exterior.

Cesce, en la que además del Estado participan las entidades financieras punteras (Santander, BBVA, Popular o Sabadell)  está en proceso de privatización. La parte pública (50,25%) se valora en más de 160 millones. Entre los posibles compradores figuran la aseguradora suiza Zurich, la estadounidense W.R. Berkley y la australiana QBE. La agencia Reuters ha informado de que otras firmas interesadas podrían ser Mapfre, Mutua Madrileña o la francesa Coface. La operación está siendo asesorada por PwC y Pérez Llorca.

Controversia

La controversia por el respaldo público a actividades privadas no es exclusiva de España. En las últimas décadas, las agencias de crédito a la exportación (ECAs por sus siglas en inglés) han sido acusadas de permitir, cuando no de promover, la corrupción en países en desarrollo.

Por ello, han adoptado propuestas para la lucha contra la corrupción acordadas en el marco de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE). En esa línea, y desde el año 2003,  Cesce ha comenzado a concretar esas propuestas. Entre otras cosas, exige a las entidades que soliciten la cobertura por cuenta del Estado, una declaración en la que se comprometen a no participar en sobornos.

Pero evitar todas las polémicas es muy difícil. Las agencias de crédito a la exportación son la principal fuente de financiación pública para el sector privado en el mundo. Juegan un papel clave en el comercio. Datos: participan en un 10% de las exportaciones de países industrializados, que suman, a su vez, las tres cuartas partes de las exportaciones globales.

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En el concurso de 3.200 millones adjudicado por Panamá en 2009 al consorcio que encabeza Sacyr (junto al grupo italiano Impregilo, el belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana), actuó como avalista la compañía Zúrich y como contraavalista Cesce.

Fuentes conocedoras de la operación subrayan que el Gobierno español no prestó ayuda concreta a ninguno de los concursantes porque había dos licitadores del país en liza: Sacyr y el grupo ACS-Acciona-FCC. Por el contrario, subrayan, la oferta que presentó el potente grupo estadounidense Bechtel, derrotado, estaba avalada por la aseguradora AIG, controlada entonces directamente, subrayan, por el Gobierno federal de EE UU. También prestaron apoyo en forma de aval, subrayan, los Estados belga e italiano.

En España, tras la decision de Sacyr de exigir un sobreprecio a las autoridades panameñas de 1.100 millones de euros bajo advertencia de suspender las obras, se ha examinado con lupa la actuación del Ejecutivo y de Cesce en el año de la adjudicación. La lupa ha mostrado irregularidades administrativas en la tramitación de los avales de Cesce.