El decreto de Empleo sobre formación solivianta a la CEOE, los sindicatos y las comunidades autónomas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el real decreto que desarrolla la ley de 2015 que reformó la formación para el empleo. Dos años ha tardado el Gobierno en elaborar la norma, que entra en vigor hoy. El texto definitivo reproduce apenas sin cambios el 95% del borrador entregado a patronal y sindicatos el pasado 1 de junio. Según el Ministerio de Empleo, el contenido del decreto ha sido negociado con los agentes sociales. Por el contrario, éstos declaran su “sorpresa” ante la aprobación “unilateral” de la norma el pasado lunes en el Consejo de Ministros.

Tanto la patronal como UGT y CCOO aseguran que fueron informados por Empleo de la aprobación del decreto a la misma ahora que en se celebraba el Consejo de Ministros del pasado lunes y cuando aún recogían propuestas de sus organizaciones para presentarlas en una reunión que ya no se celebrará. Esa “burla al Diálogo Social”, como lo califica UGT, ha subido un poco más aún si cabe la temperatura del conflicto que lleva meses enfrentando al ministerio de Fátima Báñez con la CEOE y los dos grandes sindicatos. Y al que ahora se pueden unir también algunas comunidades autónomas.

De hecho, la patronal advirtió enseguida que estudia la adopción de las “medidas oportunas”, incluido impugnar el real decreto en los tribunales, precisa su director de Formación, Juan Carlos Tejeda. El secretario de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, apunta que la norma “algún problema legal tiene”. Pero aplaza cualquier decisión al estudio sobre el reglamento de formación que están llevando a cabo los técnicos del sindicato.

Hay que recordar que tres organizaciones de la CEOE –Confemetal y las federaciones de Hostelería y Ayuda a la Dependencia– ya recurrieron en la Audiencia Nacional las convocatorias de subvenciones para la formación de 2014 y 2016. El tribunal dio la razón a las patronales en la primera demanda y aún está pendiente de resolver la segunda, a la que se unieron UGT y CCOO.

A este inusual frente común integrado por patronal y sindicatos se unen ahora las comunidades autónomas, que protestaron el 23 de junio, durante la última reunión del patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), la antigua Fundación Tripartita, porque desconocían el texto del decreto que preparaba el Gobierno. Lo hizo Cataluña, a la que el Tribunal Constitucional acaba de reconocerle competencias sobre las empresas de formación para el empleo, retirándoselas al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Y la Comunidad Valenciana, según ha podido confirmar este periódico. “Estamos evidentemente contrariados y recabando la unidad de las comunidades autónomas para ir todas a una en el patronato”, explica a infoLibre un portavoz de la Consejería de Economía valenciana. También Andalucía expresó su queja. “Pedimos el borrador a Empleo en un reunión que se celebró en abril en Madrid y volvimos a pedirlo en el patronato de la fundación”, indica un portavoz de la Consejería de empleo andaluza, “nos dijeron que nos lo iban a mandar, pero finalmente sólo lo hicieron... a través del BOE”.

Los sindicatos y la patronal están estudiando una reacción conjunta ante el real decreto y lo que tachan de “ruptura unilateral de la negociación” por parte del Gobierno tras sólo dos reuniones de la Mesa de Diálogo sobre formación abierta en abril. Además, están trabajando en una propuesta técnica “consensuada” para la convocatoria de subvenciones de 2017, uno de los temas de la reunión a que han sido convocados por Empleo para el próximo lunes. Según fuentes del ministerio, se tratará de desarrollar el real decreto recién aprobado.

Un año sin reuniones, un reglamento urgente

El relato que ambas partes hacen del proceso no puede ser más dispar. Empleo defiende que ha respetado en todo momento el Diálogo Social. Mantiene que celebró hasta nueve reuniones sobre el real decreto. Tanto sindicatos como patronal precisan que siete de esas citas se llevaron a cabo en 2015, que en 2016 no hubo ninguna reunión y que, el pasado abril, “se abrió una nueva ronda”, con un nuevo Gobierno y un nuevo documento, cuando el ministerio creó las cinco mesas del Diálogo Social actualmente en desarrollo –Formación, Calidad del Empleo, Pensiones, Protección Social y Seguridad Laboral–.

Según el ministerio, además, el texto del borrador quedó cerrado el 25 de noviembre de 2015, la última reunión sobre el asunto que se celebró antes de las elecciones del 20 de diciembre. Los agentes sociales lo niegan. “No había un texto cerrado, nos levantamos de la mesa con temas pendientes, desde las funciones de las comisiones paritarias hasta el papel de la Fundae o una propuesta de la CEOE para flexibilizar bonificaciones”, explica Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Formación de CCOO.

Año y medio después, el pasado 1 de junio, Empleo les entregó un borrador, “que desde luego no era el de 2015”, apunta Sebastián Pacheco. Ese día sindicatos y patronal pidieron al ministerio un calendario para próximas reuniones, que se les negó, aseguran. “Nos quedamos esperando una nueva convocatoria”, añade Francisco Moreno. Empleo dice que después de aquella reunión no recibió ni una sola alegación de los agentes sociales. UGT y CEOE replican que empezaron a recabar propuestas de sus miembros que no les ha “dado tiempo” a presentar.

“Entre noviembre de 2015 y junio de 2017 han transcurrido dos legislaturas”, destaca Francisco Moreno. Empleo dice que no aprobó el decreto antes porque estuvo en funciones durante casi un año. También que sindicatos y patronal conocían la voluntad del Gobierno de aprobar el real decreto “urgentemente”. Sebastián Pacheco atribuye esas “prisas” a los pactos negociados con Ciudadanospactos negociados con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos del Estado y el techo de gasto. “A cambio, Empleo quiere poner en marcha cuanto antes el cheque de formación incluido en los acuerdos con el partido de Alberto Rivera”, plantea.

En cualquier caso, la apuesta de empresarios y sindicatos es lanzar un órdago a la ley de 2015 que reformó el sistema de formación para el empleo. Pero el ministerio no quiere ni oír hablar de cambiar la ley. “No tenemos mandato para hacerlo”, explican, “si quieren cambiar la ley, que acudan al Parlamento”. Los representantes de los agentes sociales con los que ha hablado infoLibre aceptan el reto ahora que el PP ha perdido la mayoría absoluta y el resto de los grupos parlamentarios se han declarado favorables a cambiar la ley de 2015, advierten.

UGT, CCOO y patronal quieren recuperar la gobernanza del sistema, de forma que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde están representados, mantenga la capacidad de decisión que poseía antes de la reforma, planificando y distribuyendo fondos. Una línea roja para el Gobierno, que insiste en que sindicatos y patronal no pueden seguir siendo quiénes imparten la formación y reparten el dinero. CEOE, UGT y CCOO también piden que el patronato de la Fundae vuelva a ser paritario: desde la reforma la Administración copa el 51% de sus representantes, cuando antes los asientos se repartían a partes iguales con los sindicatos y la patronal.

La letra del real decreto

Tras una primera lectura del real decreto recién aprobado, los sindicatos creen que abunda en los fallos que le reprochan a la ley. “Vacía de contenido la Comisión Estatal [que antes era el órgano de gobierno], porque sólo podrá tratar los asuntos que no haya debatido antes el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo”, protesta Francisco Moreno. A su juicio, también reduce el papel de la Fundae al convertirla en una “subsidiaria del SEPE en la gestión” de la formación para el empleo.

El real decreto elimina la obligatoriedad que el borrador del 1 de junio imponía a las empresas de formación de contar con una póliza de seguro para los alumnos al tiempo que exime de toda responsabilidad al SEPE por los daños que éstos pudieran sufrir mientras hacen cursos. Y remite a una orden ministerial posterior el detalle de los créditos adicionales otorgables a las empresas que concedan Permisos Individuales de Formación (PIF) a sus trabajadores para hacer cursos. “Es un punto que ya había sido consensuado y que ahora pueden terminar limitando los créditos en esa orden ministerial”, lamenta el dirigente de CCOO. También deja a criterio del Ministerio de Educación qué centros públicos de formación de adultos y universidades formarán parte de la red pública a la que se permitirá impartir cursos de formación para ocupados y desempleados.

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Finalmente, empresarios y sindicatos temen que la limitación al 0,5% de la cuota de formación de ocupados que se destinará a financiar la formación de los agentes sociales para ejercer las nuevas funciones establecidas en la reforma de 2015 suponga un recorte de la partida el próximo año. Este ejercicio, Empleo ha asignado para ese fin 7,5 millones de euros. Pero el 0,5% de los 1.132,9 millones dedicados a la formación de ocupados este año son 5,6 millones, dos millones de euros menos.

“En 2015, el problema era que la CEOE y los sindicatos íbamos cada uno por nuestro lado”, recuerda Sebastián Pacheco, “pero aceptamos el reto que nos pusieron el Gobierno y los grupos parlamentarios: ‘Si acordáis un texto, lo trataremos’. Y hoy ese consenso existe”.