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Gas y Electricidad

El Pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas

  • La iniciativa de los socialistas fue respaldada Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN optaron por abstenerse
  • Deberá ser el Gobierno el que determine qué es un consumidor vulnerable, aunque el PSOE propone que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM

Publicada el 19/09/2017 a las 18:24 Actualizada el 19/09/2017 a las 21:45
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La sede de Gas Natural Fenosa.

La sede de Gas Natural Fenosa.

El Pleno del Congreso aceptó este martes tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas, informó Europa Press.

La iniciativa de los socialistas fue respaldada Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN optaron por abstenerse. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético.

Del mismo modo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados esenciales, para personas consideradas como personas vulnerables severos.

¿Quién es consumidor vulnerable?

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque, según señalaron desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
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