El
Congreso aprueba este martes el proyecto de ley que aumenta
el nivel de información que deberán facilitar las grandes empresas, que tendrán que rendir cuentas en su informe de gestión consolidado, entre otras cuestiones, de los sueldos de sus empleados, el nivel de temporales en la plantilla, y cómo paga sus impuestos.
Esta iniciativa, que procede de un decreto ley defendido en su día por el exministro de Economía de
Mariano Rajoy,
Luis de Guindos, para
trasponer una directiva comunitaria, está prevista que se apruebe este martes por la Comisión de Economía y Empresa, al tener esta competencia legislativa plena, con votos favorables de, al menos
PP,
PSOE y
Unidos Podemos.
El informe de ponencia que se someterá a votación, y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que estarán obligadas a rendir cuentas de este informe todas las empresas con
más de 250 empleados, sin excepción. Eso sí, en un plazo de aplicación progresivo de tres años a partir del vigente ejercicio.
Únicamente aquellas compañías con
más de 500 personas trabajando, y con una facturación de 40 millones de euros, deberán aplicarla ya para el ejercicio 2018, ya que a ellas se limitaba el ámbito de aplicación a su llegada a la Cámara Baja.
El informe deberá publicarse de
forma gratuita y "fácilmente accesible" en la web de la sociedad en los primeros seis meses de la finalización del ejercicio, donde deberán permanecer al menos cinco años.
Además del Código de Comercio y la Ley de sociedades de capital sobre información no financiera y diversidad, el proyecto de ley que el Congreso remitirá al
Senado incluye la trasposición de una nueva directiva, que modifica la Ley de instituciones de inversión colectiva, y la Ley de servicios de pago.
Información laboral, fiscal y medioambiental
Entre los datos que deberá incluir la empresa se encuentra
el número total de empleados, con su distribución entre indefinidos y temporales, contratos a tiempo parcial, sus remuneraciones medias y
su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor, y
la remuneración media de consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, y planes de pensiones.
También cuestiones relativas a la
organización del trabajo, tales como el número de horas de absentismo y medidas para facilitar la conciliación, frecuencia de accidentes de trabajo, políticas de accesibilidad, de formación o dirigidas a promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
También deberán rendir cuentas sobre
los beneficios obtenidos país por país,
los impuestos abonados sobre beneficios pagados y
las subvenciones públicas recibidas, cuestiones sobre la política de subcontrataciones --si tiene en cuenta aspectos sociales y de igualdad, por ejemplo-- y medidas adoptadas para prevenir
la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales.
Esta información, según recoge la ley, deberá ser "verificada por
un prestador independiente de servicios de verificación", y permite al Gobierno establecer en la norma, a través de un reglamento, "indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera".
En ese desarrollo reglamentario podría incluirse un régimen sancionador, ya que la trasposición de esta directiva no incluye ningún artículo para reflejar
las consecuencias del incumplimiento de lo establecido en la norma.
Cristina Monge
Luis García Montero
