Senado

El senador ha registrado 13.854 preguntas, casi un tercio de las de todo el Senado, y 2.841 solicitudes de informe en lo que va de legislatura.

Congreso y Senado pagan todavía pensiones a más de un centenar de exparlamentarios y complementan los ingresos de otros tantos, lo que supone más 2,6 millones de fondos públicos al año. El Banco de España, por su parte, dedica 8,80 millones anuales a contribuir en los planes de pensiones de sus empleados mientras que el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado lleva desde 2011 sin hacer aportaciones a los fondos de los funcionarios.

La petición va en relación con las sesiones sobre la presunta corrupción en la campaña de 2007 que planteará el PP en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos.

La Ley Electoral (Loreg) prohíbe a diputados y senadores percibir una paga de jubilación mientras ocupen un escaño. Pero solo si se trata de una pensión "de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio". Según las dos Cámaras españolas, la Loreg no afecta al fondo de Luxemburgo porque tiene carácter "voluntario" y es "privado" pese a que lo financia el Parlamento de Estrasburgo, que garantiza sus pensiones.

Reivindican que se lleven a cabo los pasos necesarios para extinguir la institución, partiendo de un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de la organización y de sus actividades.

Rivera justifica este apoyo en la ya anunciada rebaja fiscal en el IRPF, la inclusión del complemento salarial y la exclusión del Grupo Popular en el Senado de Pilar Barreiro.

La formación naranja había puesto como condición para apoyar los PGE que el PP apartara del escaño a Barreiro, investigada por Púnica.

Consideran que el anuncio de Sánchez de limitar la subida de los sueldos de parlamentarios a un 0,25% en solidaridad con los pensionistas desvía la atención en un tema del que el partido había conseguido hacer bandera.

Los nacionalistas exigen en el pleno del Senado que el Gobierno cambie el convenio, que data de 1958, con la Abadía Benedictina de Silos que gestiona el Valle de los Caídos.

En 2016 la cifra fue ostensiblemente menor porque ese año corresponde al bloqueo político que vivió España.

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que se suspenda el proceso por no poder demostrar que hubo delitos de falsificación, prevaricación, malversación de caudales y cohecho.

Le cita dentro de la investigación acerca de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella, en las que la Fiscalía aprecia un posible delito continuado de prevaricación administrativa.

José Antonio Sánchez ha ironizado ante la comisión mixta de control de RTVE: "Una Ley que hicieron ustedes, por procedimiento de urgencia, por lectura única, lleva ya medio año allí. Y no han sido ustedes capaces todavía de echarme".

El exsenador Vicente Magro, el que fuera secretario de Estado de Gallardón, Pedro Román, y la jueza de lo social Luz García Paredes se incorporan al Alto Tribunal.

Los socialistas critican las cuentas de 2015 del partido de Rivera, pero condenan que “el PP esté descalificando el trabajo de una institución como es el Tribunal de Cuentas para atacar a Ciudadanos”. Podemos se abstuvo en el último momento pese a que inicialmente había anunciado que votaría a favor.

La reunión de la comisión del Senado convocada a instancias del PP para investigar la financiación de Ciudadanos acabó este jueves antes de tiempo después de degenerar en una pelea verbal entre el portavoz de la mayoría, Luis Aznar, y el secretario de Finanzas de Albert Rivera.

Los conservadores intentan sin éxito que las consejeras del Tribunal de Cuentas que se ocupan de la fiscalización de los partidos señalen responsabilidades o ilegalidades en el comportamiento de Ciudadanos.

Del total de 890 reclamaciones formuladas ante el Consejo de Transparencia en 2016, 320 fueron estimadas. Un año antes, la cifra fue de 96, lo que supone un incremento del 233%.

“Sería muy grave que el Gobierno pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP para atacar a adversarios políticos”, aseguran fuentes de Ciudadanos.

En 2015, el último año sometido a examen por el Tribunal de Cuentas, el partido de Rajoy obtuvo de fondos públicos 92 de cada 100 euros ingresados en sus cuentas. El segundo de la lista fue la formación liderada por Albert Rivera, con 84,3 de cada 100 euros.

El senador de Compromís Carles Mulet recalca que "mantener el mausoleo de un dictador genocida como si se tratase todavía de una máxima autoridad del Estado, cuesta cada año 1,8 millones".

Los antiguos militantes del partido de Rivera atribuyen el desinterés de la Fiscalía a la hora de investigar estos hechos a la voluntad “del sistema” de promocionar a Ciudadanos para cortar el paso a Podemos y, de paso, acabar con UPyD por su denuncia contra Bankia.