Ábalos negocia con fondos de inversión para que dediquen pisos vacíos a alquiler social sin tener que obligarles por ley

El PSOE, el socio mayor de la coalición de Gobierno, mantiene encuentros con los principales fondos de capital riesgo o buitres del país. El objetivo, públicamente declarado, es un acuerdo para que estos actores, que gestionan decenas de miles de viviendas muy concentradas en determinadas zonas urbanas, dispongan parte de su stock en forma de alquileres sociales, esto es, con precios limitados y asequibles para familias de rentas bajas. 

Pero el PSOE quiere que el acuerdo se produzca fuera de la Ley de Vivienda que actualmente negocia con su socio menor del Ejecutivo, Unidas Podemos (UP), y una de las razones de esas conversaciones es que este ha pedido que sea obligatorio dentro de la ley que los fondos, socimis u otras sociedades inmobiliarias con grandes propiedades destinen el 30% de sus viviendas al alquiler social, lo que supondría incorporar en el conjunto del país entre 140.000 y 150.000 viviendas al parque público según los cálculos morados.

"Las conversaciones con Unidas Podemos abordan otras cuestiones sobre vivienda", dicen en el Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos, encargado de negociar la futura ley. "Lo que nosotros estamos intentando es llegar a un acuerdo con los fondos y que no necesariamente se haga dentro de la ley, porque si hay una firma entre ambas partes es que hay un acuerdo". De esta manera, los socialistas persiguen evitar cualquier medida coercitiva contra estas firmas. 

En Unidas Podemos, cuya negociadora es la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se evitan hacer comentarios y se limitan a recordar que la reserva del 30% del stock de los fondos está sobre la mesa como parte de sus reivindicaciones. Otras fuentes moradas acusan al PSOE de "secretismo". "No nos comparten la información y actúan al margen con los fondos buitre". 

De momento, el único gran avance con la ley de vivienda es el de gravar con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) las viviendas vacías, una medida con la que transigió Podemos la semana pasada tras descartar un impuesto especial, como los morados habían pedido previamente. El del IBI es un acuerdo que aún está por cerrar, en concreto en lo que tiene que ver con la cuantía del gravamen (UP quiere que se cuadruplique) y otros detalles técnicos que impiden hoy a los ayuntamientos recurrir a ese tributo para sacar al mercado las casas sin habitar: la decisión primero depende de que lo autorice la comunidad autónoma correspondiente. Y solo lo ha hecho Cataluña. 

El control de precios, pendiente

Pero el gran tema pendiente a discutir entre Unidas Podemos y PSOE es el control del precio de los alquileres en zonas con el mercado tensionado, esto es, con precios hinchados. Las últimas noticias procedentes de Alemania no ayudan a la parte morada del Ejecutivo: el Tribunal Constitucional alemán ha tumbado el límite al precio de los alquileres en Berlín, aprobado en febrero de 2020. El alto tribunal germano argumenta que esas competencias recaen en el Gobierno federal –en todo el país ya se aplica una ley que congela los contratos de arrendamiento, pero que fue reforzada por la región berlinesa–. Berlín era uno de los espejos de los defensores del control de precios de los alquileres, aunque hay una ley similar en casi todos los países más avanzados de Europa. 

Los socialistas han propuesto para rebajar los precios del alquiler dar más incentivos de los que ya hay a los propietarios si abaratan los contratos o rehabilitan las viviendas. Podemos rechaza esa medida, una visión que comparte la asociación de técnicos de Hacienda, Gestha: el 40% de los alquileres en España aún opera bajo el mercado negro. 

El tema de vivienda sigue caliente, especialmente por la campaña de las elecciones autonómicas. Una de las candidatas de UP, Alejandra Jacinto, presentó ayer una serie de propuestas que van incluso todavía más allá de las que discuten los morados con su socio en el Ejecutivo central. "Movilizaremos la vivienda vacía que acaparan los grandes propietarios, bancos y fondos buitres, mediante la cesión obligatoria del uso", ha tuiteado Jacinto, algo que Europa Press ha definido después en una nota como "expropiación". 

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Jacinto también ha planteado regular los precios de los alquileres "para que la renta mensual no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona donde se ubique el inmueble". Una suerte de control de precios todavía más agresivo que el que plantea el partido en el Gobierno central. Por último, la candidata se ha propuesto terminar con los "grandes pelotazos", y ha ilustrado uno de ellos con la operación Madrid Nuevo Norte (popularmente conocida como Operación Chamartín), por la que BBVA promoverá en los próximos años casi 11.000 viviendas al norte de la capital, además de otros 1,5 millones de metros cuadrados para bloques de oficinas. 

Nadie conoce con exactitud el número de viviendas en manos de los fondos de inversión o buitres porque éstos no las publican. Según la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics (un actor no neutral, sino de parte), las grandes firmas como Azora, Blackstone, Merlin Properties suman 110.000 viviendas en España, algo más del 4% del total de casas dedicadas a arrendamientos. Un dato que no puede ser contrastado pero que sí es relevante en los grandes núcleos urbanos, donde la vivienda está más tensionada. A finales de enero, Blackstone reconoció a este medio que había dispuesto 15.000 viviendas a la venta, sobre todo debido a la crisis del covid-19. 

Las negociaciones entre PSOE y UP para convertir en ley estatal las propuestas continúan. Frente a la ministra Belarra se sienta el secretario general de Vivienda, dependiente de Transportes, David Lucas.