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Luces Rojas

Diez reflexiones sobre el 2 de noviembre

Publicada 05/11/2017 a las 06:00 Actualizada 04/11/2017 a las 20:24    
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El debate que el pasado 2 de noviembre alcanzó giros que en algún momento, a mi juicio, caían en lo melodramático por exageradamente trágicos (a mí, con todo respeto, me pareció teatralización la actuación de la diputada Marta Rovira, llorando y lamentando la decisión de la prisión provisional como una amenaza contra Cataluña de proporciones apocalípticas, mientras clamaba por la resistencia a lo Masada), tiene origen inmediato, como es sabido, en cuatro decisiones judiciales, dos del Tribunal Supremo (un auto previo de 30 de octubre de la Sala de lo penal del que fue ponente el magistrado Marchena y otro, el del día 2, del magistrado instructor Llarena), y dos de la magistrada Lamela, de la Audiencia Nacional.

De entrada, como se ha subrayado, leídos los cuatro autos, hay cierta unanimidad al sostener que habría sido deseable que la muestra de sindéresis exhibida por los magistrados Marchena y Llarena hubiera tenido eco en la magistrada Lamela. Aún sería posible que, al tratarse de los mismos delitos, finalmente las causas se unificasen en el TS, que ha actuado, de momento, con esa prudencia jurídica más plausible. Primero, en el auto del magistrado Marchena que abrió el paso a la calificación penal de los hechos como conspiración para la rebelión. Después, en las decisiones del magistrado Llarena, que aplazó la declaración una semana ante la petición de los abogados de suspender la comparecencia para poder ejercer el derecho de defensa con más tiempo y mejor preparación.

Las dos decisiones de la magistrada Lamela, antes incluso de su lectura detenida (como sucede en nuestro tiempo instantáneo, en el que las redes opinan sobre rumores, antes incluso de que se tenga constancia de lo acontecido), provocaron una reacción emocional que está prendiendo en buena parte de la ciudadanía de Cataluña, espoleada, a mi juicio de forma irresponsable, por algunas declaraciones de ciertos políticos y agentes sociales (por ejemplo los actuales representantes de la ANC), tan poco prudentes al menos como se reprocha a la magistrada Lamela.

Me parece obligado recordar una decena de consideraciones que considero básicas, a las que añadiré una coda.

1. Si queremos defender el Estado de Derecho y la democracia, la valoración de si estas conductas jurídicas, denunciadas por la fiscalía, son contrarias a Derecho, en qué grado (qué delitos) y cuáles deben ser, en su caso, sus consecuencias, corresponde en exclusiva a los jueces, no a partidos políticos, alcaldes, movimientos sociales, ni a ninguna otra instancia.

2. Los jueces deben motivar sus decisiones conforme a Derecho, lo que significa también, como dispone el artículo 3.1 del Código Civil, que sus interpretaciones se ajustarán a "…la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas [las normas]". La jurisprudencia a ese respecto es muy clara (por ejemplo entre muchísimas, la sentencia del Tribunal Supremo 15.12.2005, sobre claúsulas testamentarias e hijos adoptivos).

3. Las decisiones judiciales son y deben ser controlables mediante los mecanismos de recurso, en sede judicial, claro. Eso no excluye la crítica de las decisiones judiciales, por supuesto (es necesaria y contribuye poderosamente a mejorar el Derecho), pero los recursos deben ejercerse ante los jueces, no en la calle y desde luego, no con violencia. En ese sentido, hay que agradecer todas las llamadas a que la protesta en las calles sea pacífica, como han hecho los encarcelados preventivamente ayer.

4. Todas las pruebas, todos los indicios, las propias declaraciones reiteradas de miembros del Govern y de la Mesa, evidencian que se ha producido de forma continuada, reiterada y sistemática un pulso a la ley, a la legalidad vigente en España, incluida la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional. Son públicas y notorias las numerosas declaraciones de los hoy encausados en las que afirman que esa legalidad no vinculaba ya a las autoridades catalanas y ellos no la reconocían y que seguirán sin reconocerla. Los encausados han hecho gala de que para ellos no hay otra legitimidad que la de "las leyes catalanas" y el mandato democrático del 1-O. Ese pulso, esa desobediencia, genera, en cualquier Estado democrático, una respuesta, que ha de ser conforme a Derecho. Conductas que quiebran durante dos años la legalidad, no pueden quedar impunes si se prueba en un proceso judicial con garantías que esas conductas constituyen un delito. No cabe ahora decir que no se castigue, porque son representantes políticos. En España, hoy, hay en la cárcel y ante los tribunales no pocos electos y representantes políticos por violar la legalidad.

5. Ahora bien, es muy difícil aceptar que esas conductas respondan a lo que el Código Penal califica como delitos de rebelión. Falta un elemento básico, el de la violencia en forma colectiva. Ha habido, sí, episodios de violencia (los menos), que deben ser castigados. Pero no como rebelión. Esa tipificación no se sostiene a pesar de los esfuerzos del fiscal general y su gabinete técnico.

6. Sobre todo, una decisión excepcional y grave en un Estado de Derecho como debe ser la prisión provisional incondicional debe estar muy sólidamente fundamentada y en el caso del primero de los 2 autos de la magistrada de la AN, hay dudas no sólo verosímiles sino muy razonables sobre su fundamentación. Hay testimonios incluso sobre defectos procesales en la decisión. Creo que, sin duda, debe ser recurrida.

7. El señor Puigdemont, a mi juicio, carece de cualquier legitimidad para seguir reclamando la condición de president. Tuvo, indiscutiblemente (al menos su Govern: él fue nombrado a dedo posteriormente) legitimidad democrática de origen. Pero perdió la legitimidad democrática de ejercicio, no sólo por su empecinamiento en actuar contra la legalidad, unilateralmente, sino sobre todo con su errático y muy perjudicial ejercicio del poder, en las semanas decisivas de octubre y con posterioridad a la decisión del Senado que dio vía a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Un comportamiento perjudicial para los ciudadanos catalanes y también para los españoles. Empeorado con su fuga a Bruselas y su actitud de rebeldía ante la justicia española, a diferencia de la mayoría de los exmiembros de su Consell de Govern. Puigdemont se ha hurtado a la acción de la justicia, ha provocado dificultades procesales a sus compañeros y, sobre todo, ha hecho un circo mediático de la causa de Cataluña ante la opinión pública internacional.

8. Hay que recordar que la ley debe ser igual para todos: cuando un ciudadano no comparece sin causa jurídicamente justificada, hay que obligarle a cumplir con ese deber. La OED (Orden Europea de Detención) contra Puigdemont y los cuatro consejeros que no han comparecido parece un trámite procesal normal y obligado. Por cierto: que la administración de justicia debe ser igual para todos y los ritmos procesales y las garantías a los acusados también, debería valer igual para los Urdangarin, Matas, Rato y tuttiquanti.

9. Contra el mantra que se está repitiendo a mi juicio irresponsablemente, no hay presos políticos: nadie está siendo juzgado por sus ideas, tampoco por la ideología independentista, que puede y de hecho sigue siendo defendida abierta e incluso masivamente. Los medios que las apoyan y promueven, que discuten públicamente la pertinencia de las medidas del 155 y las decisiones del Gobierno y de los jueces, siguen ahí: no sólo en radios y televisiones de alcance estatal, sino específicamente en medios catalanes, incluso de titularidad pública, como TV3, CatRadio, y en los periódicos y medios privados, donde intervienen libremente escritores, intelectuales, políticos, ciudadanos que defienden no sólo el legítimo independentismo, sino la causa del Govern… Recordaré que la aplicación del 155, por la postura decisiva del PSOE, a diferencia de la intención inicial del Gobierno de Rajoy, renunció a controlar los medios públicos (pagados por todos), aunque cualquier observador imparcial reconocerá que están al servicio de la causa independentista y son tan escasamente plurales como la TVE que sufrimos. El independentismo sigue, con todo derecho, ahí, porque todas las ideologías son libres mientras no impliquen actuaciones que causan daño a terceros y que violan la ley.

10. Me parece muy grave que, al socaire de los autos de la magistrada Lamela, se puedan plantear las elecciones del 21D en términos no políticos, sino ontológicos, el bien contra el mal, como ha propuesto a mi juicio irresponsablemente el señor Junqueras, que revela con eso que entiende mal la política democrática, pues se resiste a aceptar el pluralismo y el relativismo que la democracia comportan. Cuando el Sr. Junqueras insiste machaconamente en que los independentistas son bona gent, gent decent, en realidad manda un mensaje equívoco (es que los no independentistas –no digamos, horror! els botiflers– son mala gent?). Parece vivir en los archivos de la edad media en los que es competente profesionalmente hablando: está hablando de una cruzada. Y eso siempre acaba mal. Las elecciones del 21D no deberían ser el choque de dos frentes, sino una ocasión que permita a los ciudadanos decidir entre programas políticos que incluyan, sí, la propuesta sobre el lugar o no de Cataluña en España, pero también, las respuestas concretas sobre las necesidades de los ciudadanos en educación, salud, trabajo, transporte, vivienda, etc.

Y termino con una referencia concreta: a mi juicio, reacciones como las de la señora Ada Colau, el señor Albano Dante Fachin, el señor Xavier Domenech y el señor Pablo Iglesias, son tan precipitadas como demagógicamente carentes de prudencia. No parecen propias de responsables políticos. Llamar a sustituir decisiones judiciales por la fuerza de la calle, llamar a elecciones frentistas, hablar de presos políticos, de Gobiernos legítimos y vulneración de la legalidad (ignorando o minusvalorando sistemáticamente las otras violaciones de la legalidad), recuperar lemas como la amnistía antes de que se produzcan decisiones judiciales firmes, es una grave falta de prudencia política: no contribuyen al bien común, al diálogo del que presumen, sino que alientan el enfrentamiento.
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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Instituto de Derechos Humanos (IDH).
 
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16 Comentarios
  • phentium phentium 07/11/17 11:53

    Partidista y poco objetivo.

    El PP no esta exento de culpa en todo este asunto, pero el autor practicamente no hace mencion de ello.

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  • Concha Monserrat Concha Monserrat 06/11/17 12:54

    En timos de confusión, desazón y bandos es reconfortante leer textos sensatos. Aunque se discrepe en algún punto con ellos. Lo que necesitamos son cabezas bien amuebladas y razonamientos inteligentes

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  • svara svara 06/11/17 00:02

    Hay actitudes en algunos dirigentes de izquierda que dejan mucho que desear. El hecho de no estar con la derecha del PP no debiera servir de excusa para decir tonterías como la idiotez de los presos políticos al referirse a los miembros del gobern encarcelados (Ojo no estoy en absoluto de acuerdo con esta encarcelación ni con el ser de la jueza Lamela servil y precipitada). Exagerando la realidad o sacándola de contexto se hace un flaco favor a la democracia. Medir mejor la palabra y dejar de hacer teatro barato por un puñado de votos hoy, es perder la credibilidad mañana. Coherencia y sensatez por favor. Al pan pan y al vino vino.

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  • frida56 frida56 05/11/17 22:45

    Me ha gustado mucho su artículo;es claro y fundamentado. También creo que la ley hay que aplicarla con proporcionalidad y atendiendo al momento. Ninguna de estas dos cosas han caracterizado a la juez Lamela,desde mi punto de vista. Entiendo que la aplicación de la ley ha de corregir una situación que se había desequilibrado,no incrementar la incertidumbre de la problemática que ya había. Está bien que la justicia decida al margen de los intereses de un momento concreto de la política;pero,la realidad,es que lo hace pocas veces,y justo lo viene a hacer un asunto que es de máxima trascendencia política. Con esto no quiero decir que no esté de acuerdo con que se procese al Govern,solo que se podían ponderar más los mecanismos que se iban a usar. Y si la AN no es competente,qué se conseguirá con esas prisas?

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  • Pulitzer Pulitzer 05/11/17 20:56

    Buen artículo.

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  • Senecabis Senecabis 05/11/17 20:38

    Sr. Lucas:

    Lo del "bien contra el mal" de Junqueras, es propio de la estructura mental de un creyente. Y si observamos todo este desaguisado desde ese punto de vista, entenderemos mejor lo que pasa como choques de "religiones" (nacionalismos).

    Falta que alguien hable del Laicismo y del Estado laico. Debería hacerlo la izquierda, pero está en otra cosa, al parecer. Ocupada en demoler, concretamente.

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  • Damas Damas 05/11/17 19:37

    Cuando en el tema del independentismo catalán, se hacen comparaciones con la lucha en contra de la discriminación por motivo de la raza, o por la igualdad de derechos independientemente del color de la piel (raza) como el caso citado de Rosa Parks, y con la lucha por la no discriminación en razón de la orientación sexual, siempre pienso que en ambos casos (ejemplos) se da un elemento común: lucha (defensa) por tener mismos derechos que el resto de los ciudadanos en el país de que se trate, y a continuación me pregunto qué derechos son esos que aspira a tener el independentismo catalán (por carecer de ellos) y de los que disfrutamos el resto en este país, ¿en qué se sienten discriminados los independentistas catalanes respecto al resto de ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, claro?       

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    • phentium phentium 07/11/17 11:57

      Lo que no parecen entender o querer entender es que el independentismo no es un "mas a mas". El independentismo es un sentimiento y a quien lo siente asi no le importa estar peor. Tambien depende del concepto de "peor".
      Es como cuando un amigo aparece con una señora poco agraciada, que se viste con un gusto dudoso, tiene la dentadura mal y le huele el aliento. Y todos le decimos "¿Que le has visto?" y el nos contesta que la quiere.

      Ante el sentimiento de no sentirse perteneciente a una determinada sociedad no se puede hacer nada y no valen razones.

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    • phentium phentium 07/11/17 11:50

      ¿Quizas en que se les deben 160.000 mill de euros de los ultimos 5 balances autonomicos, por ejemplo?

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    • Senecabis Senecabis 05/11/17 20:41

      Exacto. En un caso se rompe la ley para la igualdad y en éste, para lo contrario.

      Quien piense que está justificado transgredir la ley, más le convendría no generalizar y pensar en qué casos. No sea que el ladrón que pasa por delante de su casa piense lo mismo.

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    • gusalo gusalo 05/11/17 20:39

      Interesante pregunta, Damas. Yo nunca me la había hecho… Y un saludo.

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      • Damas Damas 05/11/17 22:31

        Otro saludo, gusalo :-)

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  • CinicoRadical CinicoRadical 05/11/17 19:22

    "El Gobierno de Rajoy bate el récord de legislar por decreto "
    Aplicando La Ley.

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  • Damas Damas 05/11/17 19:02

    Me ha gustado poner leer este artículo por su exposición razonada y por sus opiniones. Puestos (puesta) a pedir, me gustaría una breve y sencilla argumentación a favor y en contra de cómo se ha entendido el concepto de "violencia" que ha contemplado la fiscalía. Estoy convencida de que jurídicamente serán defendibles y de que no hay una única y exclusiva forma de entender dicha "violencia", se ha hablado también de amenaza explícita, manifiesta, de violencia ¿no? 

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    • Damas Damas 05/11/17 19:06

      rectifico: Me ha gustado PODER (no poner).

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  • ArktosUrsus ArktosUrsus 05/11/17 18:59

    La disección que hace el artículo es casi excelente. Y el casi es porque no deja suficientemente clara la unión entre los hechos que se juzgan y la fundamentación (política) de los mismos. Yo no creo que haya presos políticos en España y creo que las acciones de políticos que no respetan la ley deben ser juzgadas según la ley vigente en el momento en que tuvieron lugar. Por ello es impecable su razonamiento desde un punto de vista jurídico. Pero como establece el Código Civil, las sentencias tienen que ajustarse no sólo al Derecho sino al los tiempos en que se viven. Hay miles de ejemplos en la historia de la humanidad en los que la desobediencia a una ley injusta ha dado paso a un corpus legal diferente y a veces más avanzado. Y fíjese, ese corpus legal no ha evitado que siga habiendo personas que no están de acuerdo con el avance y lo obstaculicen cuanto pueden. Pienso en el caso de Rosa Parks. Legalmente su resistencia fue el primer paso para cambiar las leyes racistas en Estados Unidos. Aunque socialmente las cosas han avanzado (hasta han tenido un presidente negro) hay un porcentaje importante de supremacistas blancos que se niegan a reconocer las (ya no tan) nuevas leyes. La ley que aplican los jueces proviene del poder político (legislativo), por lo que existe una innegable relación entre la existencia de una ley y su aplicación social. Al fin y al cabo la política no es (o no debería ser) más que el arte de hacer más fácil la convivencia. Se debe legislar para ese fin que nuestros políticos han olvidado, encastillados en hacer política sólo para obtener el poder, incluso muchas veces para evitar que cambien las cosas aunque socialmente haya una demanda importante sobre un cambio en determinadas cuestiones. A veces una buena ley crea o modifica la opinión. Pienso en el matrimonio homosexual, o la concepción actual del escándalo público. Creo que las actuaciones judiciales extremas como la de la juez Lamela, desestabilizan la convivencia. No hay más salida para el conflicto catalán que un acuerdo político que modifique la ley vigente. Por más que haya quien no lo quiera ver. Seamos prudentes, pues, al aplicar la ley. Por si cambia.

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