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Plaza Pública

Haz lo que digo, no lo que hago. Gobierno de España

Patricia Goicoechea Publicada 04/03/2015 a las 06:00 Actualizada 03/03/2015 a las 22:01    
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“De nuestra voluntad y acierto depende que el siglo XXI sea mejor para la humanidad de lo que fue el siglo XX. Queremos –necesitamos- construir, a partir de los sólidos fundamentos de la Carta, un futuro con más democracia y mayor protección de los derechos humanos al amparo de un ordenamiento jurídico internacional más acabado y eficiente. Se trata de una tarea ardua y apasionante que les debemos a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Para ello pueden contar con España.”

Así se expresaba el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, en su intervención en el debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Mantenimiento de la Paz y Seguridad internacionales: Reafirmar el fuerte compromiso con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que tuvo lugar el pasado día 24 de febrero.

El representante del Estado español –nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el 1 de enero de 2015– reivindicó así los valores sobre los que se asienta la Carta de Naciones Unidas, entre los que se incluye la defensa y protección de los Derechos Humanos.

Sin embargo, el día antes de que el Secretario de Estado formulara su deseo de labrar un “futuro con más democracia y mayor protección de los derechos humanos”, como deber para con las generaciones venideras; el lunes 23 de febrero, se hizo público que varios Relatores Especiales de Naciones Unidas exhortaron al Gobierno español a retirar las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, que actualmente se están tramitando en el Senado. Estos cuatro expertos consideran que ambas reformas legislativas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”.

Si pinchan en el enlace encontrarán la breve nota de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en la que se enumeran los argumentos concretos, perfectamente resumidos en esta frase: “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”. Es decir, que a los Relatores no se les escapa que la intención de condenar, por ejemplo, a quienes difundan por las redes mensajes de convocatoria a manifestaciones o de multar, entre otros, a quienes se manifiesten ante el Congreso de los Diputados, no son más que el producto de la obsesión del Gobierno de Mariano Rajoy por acallar las críticas ciudadanas y por socavar el derecho a la participación en asuntos públicos.

Tampoco se nos había escapado a quienes, desde hace tiempo, venimos alertando sobre el peligro que conllevan estas dos reformas. Por eso han surgido iniciativas como Nosomosdelito, una plataforma que agrupa a varios colectivos en una lucha incesante para parar la aprobación de las modificaciones del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Conscientes de los riesgos, también desde Rights International Spain hemos hecho llegar al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios nuestras preocupaciones y hemos alertado a los Relatores de Naciones Unidas y al Consejo de Europa, en diversas ocasiones, sobre las consecuencias que podrían tener ambas reformas. Por todo ello, nos hemos alegrado al leer que nuestras preocupaciones eran compartidas y que Naciones Unidas, a través de los cuatro Relatores, insta al Gobierno a desistir de su empeño criminalizador.

¿Quiere esto decir que nos sentimos “orgullosas de echar mierda sobre nuestro país”?, como me preguntó alguien la semana pasada. En absoluto.

En primer lugar, nuestro trabajo consiste en defender los derechos y las libertades civiles, identificando las vulneraciones de derechos humanos, alertando sobre los peligros para el ejercicio de los mismos y utilizando para esa defensa todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Esa labor de denuncia es imprescindible para proteger el conjunto de derechos y libertades que configuran nuestro Estado de derecho, nuestra democracia.

En segundo lugar, no se puede confundir al “país” con el “gobierno”. A quien le han sacado los colores desde Naciones Unidas es al Gobierno. El país lo conforma una sociedad compuesta por millones de ciudadanos que cada día reclamamos que se respeten los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y los derechos humanos protegidos por los convenios y tratados ratificados por el Estado español desde los años setenta del pasado siglo.

Por ello, sí tiene razón el Secretario de Estado cuando afirma que en “la ardua y apasionante tarea” de proteger los derechos humanos se puede “contar con España”. Se puede contar, efectivamente, con una sociedad civil que ha mostrado con firmeza su voluntad de proteger y defender los derechos humanos dentro del territorio, contra todo ataque por parte de cualquier Gobierno, sea el actual o los que vengan.

Patricia Goicoechea es abogada y directora adjunta de Rights International Spain


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