Buzón de Voz
Ocho segundos de independencia
Durante ocho segundos, Carles Puigdemont hizo creer que planteaba la declaración de independencia de Cataluña como un nuevo Estado en forma de república. En realidad lo que ha intentado, y en los próximas horas veremos hasta qué punto ha conseguido, es ubicar de nuevo sobre el tejado de Mariano Rajoy la explosiva pelota de la mayor crisis política de la etapa democrática. Ambos siguen paseándose al borde del precipicio en una batalla que sólo puede explicarse en términos de comunicación política, puesto que desde un punto de vista jurídico o parlamentario, no tiene ni pies ni cabeza.
Todo puede cambiar en cuestión de horas, pero estos son los trazos principales del dibujo de situación en esta noche que se pronosticaba histórica y será recordada como fundamentalmente confusa.
- Carles Puigdemont introdujo su discurso destacando la “necesidad imperiosa de reducir la tensión” y reclamando “respeto al que piensa diferente”. A partir de ahí deslizó el relato del procés, con el fin de concluir con el mensaje clave, que debemos reproducir literalmente: “Llegados a este momento histórico, y como president de la Generalitat asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.
- Desde un punto de vista jurídico, no cabe hablar de una declaración de independencia ni tampoco por tanto de su inmediata “suspensión”, puesto que no ha habido una votación que conduzca a una acción institucional del Parlament. El documento firmado por los grupos que defienden la independencia no tiene trascendencia legal alguna. Cataluña sigue siendo a todos los efectos una comunidad autónoma que forma parte del Estado español.
- Tampoco son admisibles jurídicamente los argumentos principales de Puigdemont para sustentar ese “mandato”, puesto que el referéndum del 1 de octubre no cumplió los mínimos requisitos para ser considerado de ningún modo vinculante. Por citar sólo el eslabón final, los resultados proclamados (e incomprobables por entidades independientes) fueron trasladados al Parlament con la firma de tres miembros del Govern, y no por la Sindicatura Electoral prevista y autodisuelta tras las multas decretadas a sus miembros por el Tribunal Constitucional.
- Puigdemont denunció en su discurso la “represión” policial del 1 de octubre, sin duda el elemento que más fortaleció en la última fase al independentismo catalán al confrontar porras y pelotas de goma contra papeletas y urnas. Hemos escrito ya y reiteramos que disolver por la fuerza una votación popular no vinculante y sin garantías es inadmisible democráticamente, pero sobre todo es erróneo e innecesario. Eso sí: las cargas policiales y las más de 800 personas atendidas en servicios de urgencia no convierten el referéndum en legal y vinculante.
- Antes de iniciarse la “histórica” sesión, Puigdemont reunió a los diputados de Junts pel Sí, de las CUP y también a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las organizaciones civiles que tras la frustrada reforma del Estatut de 2006 han sido motores del movimiento soberanista. Pese al cierre de filas ofrecido con la ceremonia final de firma de un documento declarativo que carece de cualquier respaldo legal, es innegable la fractura producida en un “bloque” independentista que nunca ha sido marmóreo ni homogéneo. Los sectores más moderados del PDeCat consideran que se ha ido ya demasiado lejos, aunque no se han atrevido a expresarlo hasta que grandes empresas y bancos han iniciado la espantada de Cataluña. Para las CUP, por el contrario, la decisión final de Puigdemont ha sido frustrante, porque querían proclamar este martes la República Catalana Independiente. No descartan incluso abandonar la actividad parlamentaria si así lo deciden sus bases (un aviso claro a Puigdemont de que pueden forzar el adelanto de las elecciones autonómicas).
- La respuesta del Gobierno se concretará en el consejo de ministros extraordinario convocado para esta mañana del miércoles, pero Soraya Sáenz de Santamaría ya ha anticipado el rechazo a esa “mano tendida al diálogo” por Puigdemont, a quien acusan de sembrar “la mayor incertidumbre” en Cataluña y de seguir situado fuera de la legalidad. Rajoy quiere firmar nuevas medidas sobre Cataluña antes de acudir el jueves al desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre. En la noche del martes las ha abordado con Pedro Sánchez y Albert Rivera para poder seguir arropado por una mayoría parlamentaria holgada.
Pese a lo escrito en esa Declaració dels Representants de Catalunya (como si sus firmantes fueran los únicos representantes del pueblo catalán) lo cierto es que no se ha declarado la independencia. Como mucho la proclamación de tal estatus ha durado ocho segundos. Pero no es descartable que finalmente sea Mariano Rajoy quien otorgue, con una reacción desproporcionada, la credibilidad política que ahora mismo no tiene la existencia de una “República Catalana”. Un conflicto político sólo puede (y debe) resolverse desde el diálogo político. Cuando Puigdemont insiste en la mediación internacional, lo hace sabiendo que el Gobierno no aceptará una fórmula que implica el reconocimiento de un estatus de Estado a Cataluña. Lo cual no quiere decir que no existan otros canales posibles de mediación o de diálogo directo. Esa es la declaración que desean y esperan millones de españoles y de catalanes, y no tanto demostraciones de autoridad como las que (probablemente) se avecinan.
P.D. Y mientras tanto, este martes hemos sabido que España es el segundo país con mayor tasa de paro de la OCDE. Urge atender cuanto antes a la cruda realidad, difuminada entre tantas banderas.
