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Democracia pixelada

La renovación de los órganos incluye a RTVE, señorías

Miguel Álvarez-Peralta
Publicada el 18/01/2020 a las 06:00 Actualizada el 18/01/2020 a las 13:18

La nueva portavoz del gobierno, María Jesús Montero, afirmaba ayer lo siguiente en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros:

"El respeto a las instituciones es una responsabilidad que nos compete a todos, también a la oposición. Por eso Casado no puede afirmar que va a intentar bloquear la renovación de todos los órganos que por ley debieran haberse renovado hace ya mucho tiempo, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Desde aquí hacemos un llamado a la responsabilidad del PP".

Es difícil no estar de acuerdo con la ministra. Cuando la ley exige renovar regularmente un organismo público, lo hace para garantizar una sana rotación democrática, para que se actualice a la evolución del contexto socio-político y económico, para evitar que sus tiempos de renovación se solapen con los electorales, etc. Por eso sus señorías deben cumplir la ley, como incesantemente exigen al independentismo catalán. Bloquear las renovaciones sería obstruir el proceso democrático y por ende al país.

Por cierto, un órgano que debería haberse renovado hace tiempo, en concreto en 2013 para cumplir el procedimiento regular, es el Consejo de Administración de RTVE. En el pasado, el PP ya bloqueó esa renovación durante un año, en 2012. Aprovechando que la antigua ley exigía una mayoría de dos tercios en el Congreso para el nombramiento, se dedicó a rechazar todos los candidatos propuestos.

Para evitar que un bloqueo así se repita, y para mejorar la independencia y actualización del servicio de radiotelevisión pública, sus trabajadores y muchos activistas y académicos nos movilizamos y conseguimos un cambio de ley en junio de 2017, que obliga a elegir al presidente de RTVE a través de un concurso público en base a un proyecto, el conocido como “Modelo BBC”. La Ley 5/2017 modificó la Ley 17/2006, fue completada a su vez mediante el Real Decreto 4/2018, y finalmente, gracias a la presión de la opinión pública, se convocó el concurso.

Un Consejo de Expertos plural evaluó el currículum y –mucho más importante− el proyecto de futuro presentado por cada candidato y candidata. El resultado es un listado de veinte personas aptas para formar el Consejo. Sólo resta finalizar el proceso que elegirá a diez consejeros (6 en el Congreso y 4 en el Senado) y de entre ellos al presidente, que deberá ser ratificado por mayoría absoluta en el Congreso, en lugar de por dos tercios, para evitar bloqueos. Además, la elección de la Presidencia deberá reunir el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios (o sea, cinco), para garantizar transversalidad y pluralismo.

Aquella ley no se ha llegado a aplicar todavía. Se presentaron proyectos y perfiles diversos y realmente excelentes, de diferentes procedencias. Podría revolucionar el audiovisual español y puede convertir RTVE en un referente de independencia, transparencia y pluralismo, y un motor de empleo en el sector, como lo ha sido la joya de la corona británica, la BBC, en vez de un juguete del partido de gobierno que viene de regalo con la llave de la Moncloa.

Sin embargo, se nombró para salir del paso una única administradora provisional, por primera vez en democracia. En vez de transición al digital, seguimos por ahora en el nombramiento digital, sin concurso público, sin mayoría cualificada y sin control de ningún Consejo de Administración. Se alarga ya a siete años por tanto la situación de irregularidad, sin un Consejo elegido de manera normal según está previsto en la ley.

Por eso las palabras del gobierno retornan hacia él como imagen en un espejo: "El respeto a las instituciones es responsabilidad de todos, no se puede bloquear la renovación de los órganos que por ley debieran haberse renovado hace ya mucho tiempo”, por lo que “hacemos un llamado a la responsabilidad”. La independencia de RTVE debe garantizarse para que recupere la mejor reputación posible como servicio público imprescindible. La crisis de difusión que atraviesa, que la sitúa en unas cuotas de audiencia muy por debajo de los grupos privados, y la crisis organizativa derivada de su alargada situación de provisionalidad, no pueden extenderse por más tiempo, o conducirán al servicio público a la ruina y la irrelevancia social.

Dicen que dicen, que el PSOE planea acabar con el concurso público para que la presidencia de RTVE se vuelva a elegir a propuesta del partido de Gobierno con apoyo de 2/3 de la cámara, regalando así innecesariamente la posibilidad de bloqueo a una derecha enajenada. El propio Sánchez lo propuso el pasado 6 de noviembre para TV3 , donde, por cierto, ya se hace de esa manera, por lo que el lapsus no tuvo mucho recorrido más allá de dejar ver el modelo que Sánchez tiene en la cabeza: retorno al pasado.

Juanma del Olmo Ibáñez y Noelia Vera Ruiz-Herrera, dirigentes de Podemos recientemente nombrados cargos de peso en este Gobierno (director de Estrategia y Comunicación para Vicepresidencia él y secretaria de Estado para Igualdad ella), fueron las personas encargadas del asunto RTVE por parte de Unidas Podemos durante las arduas negociaciones con el PSOE de la pasada legislatura, que derivaron en un polémico intercambio de cromos. Ambos conocen los años de lucha de los trabajadores de RTVE y de asociaciones como Teledetodos, FeSP y ULEPICC, y el delicado diseño de campaña que hicimos para lograr involucrar a Ciudadanos en este proyecto y así terminar arrastrando al PSOE también, muy reticente desde un principio. Una reforma así no se logra todas las legislaturas.

Estoy convencido de que no harán la vista gorda ante esta situación y harán cuanto esté en su mano para poner fin a la situación de transitoriedad que día a día menoscaba la imagen y sostenibilidad del ente público. Somos muchos quienes les pedimos que presionen para lograr que se active inmediatamente la Comisión Mixta en el Parlamento y se lleve a término el concurso público. Porque RTVE necesita urgentemente un plan de transparencia, participación, actualización y estabilización acorde al mandato constitucional y al programa electoral que les llevó a ese puesto. Urge recuperar un presupuesto suficiente y establecer por fin el mandato marco y el contrato programa que garanticen el funcionamiento independiente del servicio público.

Tras haberse erigido en portavoces de la lucha por la independencia, no creo que Podemos permita que este gobierno intente una marcha atrás en el concurso público, en función de algún cálculo cortoplacista. Mantener control sobre RTVE pudiera parecer una ventaja para el sanchismo y el gobierno de coalición, que soportará un duro hostigamiento desde la derecha mediática. Pero generar un ente mucho más independiente y transparente completando y haciendo irreversible el concurso, es un logro que pasará a la historia y marcará un estándar de calidad irrenunciable para las futuras generaciones.

No hacerlo regalaría a la oposición la posibilidad de una reforma legal justificada en la siguiente legislatura, y ya sabemos cómo se las gastan al respecto, y sabemos lo mucho que cuesta levantar demandas y ganar batallas en este terreno. Urge poner fin a la parálisis y la provisionalidad, por tanto, y renovar también este órgano. Hacemos un llamado a la responsabilidad.

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