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¡Insostenible!

Hechos y cifras para una Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Observatorio de la Sostenibilidad Publicada 26/06/2017 a las 06:00 Actualizada 25/06/2017 a las 20:07    
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Imagen de la boina de contaminación en Madrid.

Imagen de la boina de contaminación en Madrid.

E.P.
España inicia el debate sobre la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Por fin el gobierno va a legislar para reducir las emisiones y apostar por un modelo bajo en carbono como lo están haciendo todos los países de nuestro entorno. España firmó el Acuerdo de París en 2015 y en mayo 2017 ha iniciado los debates para desarrollar dicha ley.

El Observatorio de la Sostenibilidad (OS), con el fin de contribuir a este debate, aporta hechos y cifras de recopilaciones de informes científicos, de análisis propios y de la recopilación e interpretación de datos oficiales, para que el proyecto de ley y las discusiones se apoyen sobre una base científica.

Las condiciones ecológicas de España son de elevada vulnerabilidad especialmente para el ciclo hidrológico, la biodiversidad y las costas, por ello son necesarias actuaciones urgentes para adaptarnos al cambio climático pero también para reducir nuestras emisiones, ya que somos el país europeo que más las ha aumentado desde 1990. Por otra parte, 2016 tuvo unas temperaturas medias de 0.7 grados superiores a las de 2015. “El año 2016 ha sido muy cálido en España, con una temperatura media de 15,8º C, valor que supera en 0,7º C al normal (período de referencia 1981-2010). Se ha tratado del sexto año más cálido desde el comienzo de la serie en 1965 y el quinto más cálido de lo que llevamos de siglo XXI”.
 


HECHOS Y CIFRAS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA


Emisiones totales de gases efecto invernadero en España

La evolución de las emisiones en España presenta un aumento sostenido hasta el año 2008 y una disminución aún más acentuada hasta 2013, año en el cual la tendencia cambia de nuevo y se inicia otra vez el incremento de las emisiones. Según Eurostat, las emisiones del Estado español en el periodo 1990-2014 se incrementaron de un factor 100 a un factor 117; en el mismo periodo, las emisiones en el conjunto de la Europa de los 28 disminuyeron de un factor 100 a un factor 77.  España fue el país europeo que más aumentó sus emisiones en valores absolutos (29 millones de toneladas). El resto de países europeos que aumentaron sus emisiones en ese periodo fueron Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero entre todos no llegan ni a la tercera parte del incremento que se ha producido en nuestro país. La disminución en Europa se debe a la recesión desde 2008 y a las medidas adoptadas en otros países para mitigar el cambio climático. El proceso se ha acentuado ya que hasta el año 2015 España aumentó al 18,35% sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en el que en el conjunto de la Unión Europea (UE) cayeron el 17,9%.

En 2015 se estimó un aumento del 3,3% respecto al año 2014. La utilización de carbón de importación en la generación de energía eléctrica contribuyó sin duda a este aumento.

En 2016 el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en un porcentaje estimado del -3,13% (estimación de José Santamarta, del OS), hasta los 329 millones de toneladas de CO2 equivalente. La reducción de las emisiones se debe también en esta ocasión a una única causa estrictamente coyuntural como es la reducción en torno a un 31% del consumo de carbón por parte del sistema energético, algo determinado por el mercado, no por las políticas gubernamentales. La buena noticia tiene matices: el consumo de productos petrolíferos aumentó un 3%. Mientras que la industria reduce su parte de culpa en el cambio climático, al menos en España, el transporte no contribuye lo suficiente a la lucha contra al calentamiento global, aunque también ha reducido sus emisiones. El porcentaje de emisiones procedentes del transporte es superior en España a la media de la UE-28.
 



Emisiones de los sectores energético, petrolero, industrial y cementero (fuentes fijas sometidas al mercado de emisiones)
 



Las emisiones procedentes de fuentes fijas (producción de energía, industria del petróleo, otras industrias…) representaron el 40,45% del total de las emisiones de CO2 españolas en 2015. El restante 59,55% correspondió a fuentes de emisión difusas (transporte, hogares, agricultura…). La cifra total de emisiones para fuentes fijas fue de 137,1 millones de Tm en 2015; el total de emisiones de GEI en 2015 alcanzó los 339,3 millones de Tm. Las emisiones de fuente difusa alcanzan, por tanto, los 202,2 millones de Tm.
 


La propuesta europea para el mercado de CO2 se basa en el backloading, que consiste en retrasar la subasta de 900 millones de derechos de emisión correspondientes a 2013-2015 al período 2019-2020 para aumentar el precio de la tonelada de CO2, que ha llegado a alcanzar los 5 euros cuando tiempo atrás se situó en los 30 euros por tonelada. En conclusión, se sobreasignó de una manera muy importante al sector de la gran industria (excepto en el caso de las eléctricas) de modo que, como suele ser habitual, se pervierte la lógica de funcionamiento del mercado de emisiones. El II Plan Nacional de Asignaciones se realizó tan generosamente que acabaron sobrando derechos de emisión (también, por supuesto, porque tampoco se previó que podía haber una crisis). Como consecuencia de esta generosidad el sector industrial vendió las sobreasignaciones consiguiendo pingües beneficios y posteriormente siguió emitiendo a precios muy bajos. Por otra parte, el cumplimiento de Kioto respecto a las emisiones de los otros sectores difusos (básicamente transporte, residencial, hogares, etc.) se realiza comprando derechos en otros países, lo cual supone una fuerte salida de dinero: España va a ser el primer gran comprador de derechos de emisión de dióxido de carbono en países del Este de Europa. En mayo de 2017 la tonelada de C se cotiza a 4,57 euros. En resumen, el mercado de Carbono en Europa ha sido un fracaso y no ha incentivado una transición hacia una economía baja en carbono.
 

 



Se observa la disminución progresiva de las emisiones por la producción de cemento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras de 2008, pero con un repunte en 2015; también la disminución y posterior aumento de las emisiones de las centrales térmicas hasta un máximo en 2015 (es previsible que a partir de este año se inicie un importante desplome en el sector). Finalmente, las refinerías, sector donde las emisiones podrían aumentar en relación con la demanda del sector del transporte privado de pasajeros y de mercancías por la carretera.

Emisiones de las grandes empresas

Los sectores fijos con mayores emisiones son la producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, las refinerías, la producción de cemento y la industria química. A continuación se detallan las empresas que más gases de efecto invernadero emitieron en el año 2015 sujetas al mercado de emisiones de emisiones según el  Registro Nacional de Emisiones (Renade).

Tan solo Endesa emite un 10% de todo lo emitido en España en ese año. Endesa produce en sus instalaciones el 24,32% del total de emisiones de fuente fija españolas, muy por encima del 9,53% de Repsol y del 9,45% de Gas Natural/Fenosa, situadas a continuación en el ranking.

Las grandes refineras y petroleras como Repsol, Petronor y Cepsa emitieron casi 18 M de toneladas, es decir un 5% de todo lo emitido. Las cinco mayores electricas emiten un total de 65 Millones de toneladas lo que supone un 20% del total de las emisiones de ese año.

Las 10 empresas que más emiten en 2015 acumulan 95.206.677 toneladas equivalentes de CO2 (TeqC) verificadas por el Renade; esta cantidad supone casi un 70% (69,43%) del total nacional de fuentes de emisión fijas, estimadas por el Renade en 137,1 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2015; las 20 empresas con mayores emisiones alcanzan entre todas el 80% (79,53%) del total nacional de emisiones de fuentes fijas.
     


Emisiones difusas

El total de emisiones difusas ha descendido desde cerca de 240 millones de toneladas a algo más de 200. El porcentaje de emisiones difusas respecto al total ha aumentado ligeramente respecto al año 2005 pasando de ser un 57% a un 60%.

El sector del transporte destaca entre estas emisiones difusas. Con datos de 2013, informe publicado en 2016, el transporte consume el 39% de la energía final de España (siendo la media europea el 31,6%) y las emisiones debidas al transporte se estimaban en el 27,5% (siendo el valor medio de la UE-28 del 23,7%) según el Observatorio de Transporte y la Logística en España del Ministerio de Fomento. Esto es debido al transporte de mercancías por carreteras y al uso del vehículo privado.
 


Emisiones por CCAA

Andalucía, Cataluña,  Castilla y León, Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana son las 6 comunidades más emisoras en 2015, y producen más del 60% de todas las emisiones. Se observa como Extremadura, Murcia, Canarias, C. Valenciana y Madrid son las que mas han aumentado sus emisiones desde 1990 y las que más las han reducido Castilla y León, País Vasco y Galicia. El porcentaje de emisiones fijas respecto a difusas indica sobre todo el grado de industrializacion y de situación de plantas energéticas. Cataluña, Andalucía, Madrid y Castilla y León son las que mas porcentaje de emisiones difusas tienen.

Solo existen inventarios entre 2006 y 2015 para las emisiones difusas y fijas por CCAA. Las que mas han incrementado sus emisiones fijas en este periodo han sido la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Región de Murcia, si bien estas emisiones industriales proceden de decisiones de política energética o industrial tomadas fuera de las CCAA. Sin embargo, las emisiones difusas si que son en la mayoría de las ocasiones procedentes de decisiones que se pueden tomar dentro de las CCAA. Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura son las que han presentado menores reducciones.
 



Comportamiento de España respecto a otros países de la Unión Europea

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) advierte de ello en diversos informes: España fue el país europeo que más aumentó sus emisiones en valores absolutos (29 millones de toneladas) en el periodo 1990-2014. El resto de países europeos que aumentaron sus emisiones en ese periodo fueron Portugal, Chipre, Irlanda y Malta, pero entre todos no llegan ni a la tercera parte del incremento que se ha producido en nuestro país. El proceso se ha acentuado ya que hasta el año 2015 España aumentó el 18,35% sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en el que en el conjunto de la Unión Europea (UE) cayeron el 17,9%.

España aumentó en un 22,5% sus emisiones totales entre 1990 y 2012, un período en el que en el conjunto de la UE cayeron el 17,9 %, según datos de Eurostat. En 2012 España es el país que más aumentó sus emisiones en toneladas y, junto con Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, el país europeo que necesita comprar más derechos de emisión de CO2 en proporción a sus emisiones. Solo así, a golpe de talonario, pudo compensar las toneladas de más que ha enviado a la atmósfera y cumplir sus compromisos. España gastó entre 2008 y 2012 más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión. La EEA alerta de que en España la brecha entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales es comparativamente muy grande. Supone un 13%, cuando la media de los países europeos es del 1,9%. España, por tanto, compró cantidades significativas de derechos de emisión. Con los datos comparables de 2015 este hecho se ha agravado.
 

 

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: RESPONSABILIDAD DIFERENCIADA


Tan solo 90 compañías son responsables de dos terceras partes de las emisiones totales causadas por el ser humano. Chevron, Exxon, BP, etc. son algunas de ellas, con cifras en torno al 3%. La española Repsol sería responsable de un 0,22% del cambio climático mundial. Para el año 2015 en España los datos señalan estas empresas: Endesa, Repsol + Petronor, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico, ArcelorMittal, E.ON, Cepsa, Cemex,  Iberdrola y Cementos Portland son respsoanbles del 70% de las emisiones. Es mucho más fácil incidir en las emisiones fijas de estas empresas que en el resto de las emisiones difusas realizadas por los otros 45 millones de decisores.

La elección de procesos más o menos limpios para la producción de energía o en la planificación del transporte no recae tan solo en la ciudadanía, son los representantes políticos y las propias empresas las que determinan estas decisiones.

Si se desea que la responsabilidad social corporativa (RSC) no sea sólo retórica social corporativa, será necesario que todas las empresas empiecen a determinar con exactitud cuáles son sus emisiones reales y en qué medida influyen en el cambio climático. Parece evidente la exigencia de que las grandes corporaciones de sectores estratégicos tienen el deber de asumir los retos del cambio climático (minimización, adaptación, modelo de producción) y deben establecer acciones responsables tanto frente a accionistas como ante la sociedad en general, adelantándose a los acontecimientos, mejorando el carácter de su RSC, readaptando su actividad hacia el marco de los principales documentos de la UE y de NNUU y rediseñando su influencia política y su carácter de lobby (implantación de las mejores técnicas disponibles y uso de los recursos energéticos más limpios, descarbonización de la economía, incremento de la ratio de renovables, disminución del consumo y de la dependencia energética…). El cambio climático implica riesgos empresariales, especialmente por las calificaciones de las agencias de rating, y su atractivo  y acceso a recursos financieros; por cuya razón las empresas deberán disponer de planes estratégicos concretos que les permitan seguir la senda de la reducción de impactos que desde todos los foros se imponen. La responsabilidad compartida ante el cambio climático obliga también a las empresas a reconducir su RSC hacia temas que afectan a las expectativas y planificación vital de la ciudadanía y a explicar, justificar y difundir sus datos y sus decisiones en temas clave para el futuro de manera que se consideren no solo el rendimiento económico privados, sino el beneficio público. A partir de estos datos se pueden identificar “responsabilidades diferenciadas“ tanto hacia el exterior del entorno empresarial, como en la afectación a los propios accionistas, tensiones que deberán derivar en proyectos inaplazables para la reducción de las emisiones y la adaptación inmediata al cambio climático, cuyos costes y financiaciones representarán una distorsión muy importante para su propia valoración empresarial. La creciente sensibilidad de los ciudadanos, inversores, clientes y organismos activos en la defensa de esos objetivos planetarios, va a imponer una asunción real del cambio climático, además  de erosionar determinados activos intangibles como el valor de la marca y, por ende, las posiciones competitivas.

Además de los riesgos señalados a medio plazo inducidos por el cambio climático, se encuentra que el cumplimiento de los compromisos de Estado va a generar todo tipo de ajustes y la necesidad de asumir costes de transición a un nuevo escenario de una economía baja en carbono.

Otro tanto ocurre con los países. Es preciso adoptar ambiciosas medidas de reducción desde ahora mismo para cerrar la brecha de emisiones antes de 2020, especialmente por parte de los países desarrollados, y también establecer mecanismos posteriores al Acuerdo de París que permitan aumentar la ambición de estos objetivos, sobre todo si se observa un agravamiento de los escenarios climáticos.

Debido a la situación especial de riesgo y vulnerabilidad del país estas actuaciones son urgentes e inaplazables.


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