Telepolítica

Castigar a los discapacitados

José Miguel Contreras nueva.

El politiqueo, si eres capaz de tomar cierta distancia, puede tener cierta parte entretenida. Me refiero a cuando, pase lo que pase, los partidos se posicionan de forma automática en argumentos radicalmente enfrentados. La principal tarea de los portavoces respectivos es la de encontrar motivos para apoyar u oponerse a lo que toque en cada momento. Hay ocasiones en las que hay que echarle enorme imaginación y creatividad para poder justificar cómo ir en contra del mínimo sentido común.

Sin embargo, hay algunos asuntos en los que la politización predeterminada puede llegar a ser realmente desagradable. Cuando las materias que se abordan tienen especial relevancia y afectan a personas que padecen alguna dificultad significativa, jugar a deformar la realidad por interés partidista resulta inadmisible.

No todo debería ser confrontación

Resulta obvio que el modelo educativo está abierto a debate. Es difícil conseguir el consenso sobre el buen número de materias que lo conforman. Hay aspectos económicos, ideológicos o, incluso, religiosos que condicionan el punto de vista de cada uno. Al final, la base de la democracia consiste en construir mayorías sociales que permitan conseguir un acuerdo lo más amplio posible. Se entiende que los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, pueden hacer efectivas sus ideas y aspiraciones si consiguen ganar la correspondiente votación parlamentaria.

Por otro lado, cabe entender que hay algunos aspectos sobre los que no debería haber diferencia alguna entre los distintos posicionamientos, sean estos económicos, ideológicos o religiosos. Uno de ellos es el relativo a la educación especial. Algunos portavoces han extendido estas últimas semanas la idea de que la ley Celaá pretende reducir el número de plazas en centros educativos especializados en la atención exclusiva a la discapacidad. Con toda la razón del mundo, muchos ciudadanos que han escuchado esta información no terminan de entender cómo es posible que se deje de atender a niños que deberían gozar de una prioritaria protección por parte del Estado.

Mentir aparentando decir la verdad

Nos encontramos ante un curioso caso en el que se ha producido una confluencia explosiva. Por un lado, una evidente falta de buena comunicación pública por parte del Gobierno que da la sensación de que no ha sabido explicar cuál es exactamente su proyecto. Por otro, una destructiva campaña de intoxicación de algunos sectores que han utilizado incluso a discapacitados y sus familias haciéndoles creer que se enfrentaban a una amenaza que no debería existir.

Quizá a través de un ejemplo comparativo podemos entender dónde está la tergiversación de la realidad. Si un gobierno afirma que va a reducir el número de afectados por una enfermedad gracias a que se va a invertir en facilitarles un tratamiento efectivo, todos pensaríamos en que es una buena noticia. Sin embargo, si lo que nos dicen es que el gobierno va a reducir el número de camas destinadas a atender esa enfermedad, podría llevarnos a pensar que la iniciativa es inadmisible. La verdad es que si se consigue curar la enfermedad con eficacia, como consecuencia de la medida, se reduciría el número de camas hospitalarias disponibles para atender a esos enfermos que ya no necesitan esa asistencia.

Los derechos de la discapacidad

Los que hemos trabajado desde hace años en asuntos relacionados con la educación y la discapacidad siempre hemos defendido la necesidad de conseguir que la integración social se lleve hasta el límite máximo posible. Uno de los grandes avances de la civilización ha sido el dejar de considerar a los discapacitados como ciudadanos de segundo nivel que deben ser recluidos y abandonados a su suerte. No hace muchas décadas que en numerosas familias la discapacidad se consideraba casi un castigo divino que debía ser escondido cara al exterior.

La sociedad contemporánea ha conseguido grandes avances en esta materia. Lejos de aceptar que hay personas que carecen de la habilidad para desenvolverse en convivencia con los demás, tendemos a asumir que aquellas personas que padecen alguna discapacidad deben ser especialmente protegidas e integradas. Es su derecho y es nuestra obligación. La ley Celaá recoge una de las grandes aspiraciones exigidas por los colectivos de apoyo a la discapacidad.

Facilitar las máximas oportunidades

Se trata de que nuestro sistema educativo se comprometa a hacer los máximos esfuerzos para facilitar que los discapacitados tengan la posibilidad de ser educados en entornos integrados junto a niños y niñas en plena normalidad. Para ello se requiere invertir en adaptar, en personal e infraestructuras, los centros convencionales a las necesidades de atención que este tipo de alumnos requiere. Sería un magnífico avance que la iniciativa diera sus frutos.

Evidentemente, esta acción debe acompasarse de forma ineludible con el compromiso de que aquellos niños y niñas, cuyo grado de discapacidad les impida desenvolverse en un entorno de integración, dispongan de centros especiales dotados de las máximas garantías de atención. No se trata por tanto de dejar de ayudar a nadie, sino de atender mejor cada caso de forma individualizada, asegurándonos de que todos van a tener la oportunidad de explorar al máximo sus posibilidades, sin más limitación que lo imposible.

Nota final.- Soy padre de un hijo con discapacidad. He intentado dedicar los máximos esfuerzos posibles en mi vida por ayudar a los colectivos en defensa de los derechos de los discapacitados. He sido miembro durante varios años del Real Patronato de la Discapacidad en España. Asimismo, he trabajado desde hace más de 25 años en defensa de la integración de los discapacitados auditivos en nuestro sistema educativo.

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