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Las preguntas que Cifuentes no quiere responder

Miguel Ongil

Desde que la presidenta declarara el 2 de mayo, llegando a afirmar: “El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid”… no han dejado de revelarse detalles que nos sitúan más bien al principio de una época en la que vamos a conocer la implicación de más miembros del PP en la corrupción.

Desde entonces ha cambiado drásticamente la percepción de Cifuentes, hasta entonces espoleada por los medios generalistas como ejemplo de regeneración en el Partido Popular. El relato de que la presidenta había sido la responsable de destapar la corrupción del Canal apenas duró unos pocos días, fechas en las que fuimos conociendo detalles en las escuchas de la operación Lezo: “Cifuentes y Taboada hacían sus chanchullos en los pueblos”. Hasta que llegó el mayor shock de su carrera, la publicación de los informes de la UCO y autos del juez instructor sobre la adjudicación del contrato de cafetería de la Comunidad de Madrid a Arturo Fernández cuando Cristina Cifuentes presidía la mesa de contratación.

No se trata tan sólo de un caso de presunta prevaricación. En sus autos, el juez Velasco explica como la documentación intervenida en el registro de la casa de Beltrán Gutiérrez, el “Bárcenas de Madrid” y apoderado de Fundescam, le llevan a pensar que las adjudicaciones a Arturo Fernández son el caso más “sintomático” de la financiación ilegal del PP a cambio de contratos públicos.

Ya en 2009 Anticorrupción estableció como esta fundación financió ilegalmente los gastos de campaña del gobierno surgido del Tamayazo, y con dinero negro. Los delitos prescribieron. Cifuentes se estrenó en el patronato en 2005, aprobando las cuentas anuales de 2004. Ahora hemos conocido como al menos hasta 2014, Fundescam no dejó de funcionar como un auténtico lavadero de dinero sin sede social ni actividad propia, cuyas reuniones tenían lugar en la primera planta de Génova.

Si la presidenta de la Comunidad de Madrid está en el ojo del huracán no es solo por jugar un papel clave en una adjudicación plagada de irregularidades en la que fue a la vez juez y parte, al formar parte de la mesa de contratación y el comité de expertos. Cifuentes está siendo investigada porque ella estuvo en una misma legislatura de 2007-2011 en el comité de campaña electoral como patrona de Fundescam y en la mesa de contratación de la Asamblea, y por tanto podía tener la capacidad y el conocimiento de amañar concursos públicos en favor de donantes de Fundescam, que a su vez financiaba ilegalmente campañas electorales.

Tampoco debemos olvidar que en ese periodo, además, fue la responsable del comité de garantías del PP de Madrid en la época en que José Luis Peñas y Jesús Gómez denunciaron respectivamente la Gürtel y el supuesto pago de OHL de un millón de euros a Ignacio González en Suiza. En ambos casos Cifuentes respondió a esas denuncias emplazándoles a no abrir la boca o a pasar un largo tiempo en la “nevera”.

La comparecencia de Cifuentes ante la Comisión de Corrupción, denunciada por el PP como un intento del “tripartito de inquisición” de desgastar su imagen, era más bien su mejor oportunidad para despejar toda duda de una licitación que según la presidenta no tuvo nada de irregular. Lo cierto es que tras haber tenido dos sesiones y escuchar a seis testigos, lejos de aclarar las dudas, éstas no han hecho más que aumentar.

Previamente a entrar en detalles, hay dos cuestiones esenciales que es necesario explicar para entender las posibles irregularidades del proceso de licitación que intentaré explicar prescindiendo de jerga jurídica.

La primera trata sobre los pliegos y el comité de expertos. Se plantearon dos posibles pliegos, uno en el que la valoración subjetiva no pasaba del 50 por ciento y otro que llegaba al 80 por ciento: finalmente el elegido. El criterio para valorar un 20% de los puntos que se otorgan a cada oferta podía ser definido de antemano porque la ley exige que se constituya un comité de expertos para la valoración subjetiva. Este comité de expertos tiene que cumplir dos condiciones obvias: estar formado por expertos y ser independientes del órgano contratante. No se puede ser a la vez juez y parte.

El segundo aspecto importante es que la valoración del comité de expertos no puede cambiar las condiciones esenciales para valorar las ofertas definidas en el pliego puesto que estaría alterando la competición. No se pueden cambiar las reglas a mitad del juego. ¿Quién propuso a Cifuentes para dicho comité? Según declaró Antero Ruiz, ex vicepresidente de la Asamblea, “es verdad que el Comité de Expertos se nombra a propuesta del Secretario General”. También señala al ex Secretario General el expresidente Echeverría en 2011 en su declaración ante la Guardia Civil. Sin embargo, Fabio Pascua, quien ocupó dicha responsabilidad y estuvo muy ligado a la trayectoria de Elvira Rodríguez, negó tajantemente haber propuesto a Cifuentes.

Rodríguez, presidenta de la Asamblea en 2009, se negó a concretar diciendo que fue la mesa en su conjunto la que propuso a Cifuentes. ¿Quién miente? ¿Quién propuso cambiar los criterios de valoración en la mesa de expertos? Treinta de los 80 puntos se concedieron a la experiencia profesional de los licitantes, lo relevante para el caso es que esta valoración se decidió “objetivar”, generando un sistema por el que 20 puntos se asignarían a la experiencia en el sector público y diez en el sector privado.

No podemos saber quién tuvo esta idea porque la letrada jefe se negó a declarar. Lo que sí sabemos por la jefa de protocolo, y también miembro del Comité de Expertos es que dicho cambio “no fue legal”, aunque no cambiara significativamente la puntuación de las ofertas. La tercera persona en el Comité de Expertos fue Cifuentes, que en todo momento negó haber participado y se escudó tras las trabajadoras públicas.

¿Quién mandó cambiar las normas a mitad del partido?¿Quién decidió que este procedimiento debía tener sí o sí una comité de expertos? Hemos sabido que la Mesa de la Asamblea tuvo dos opciones pero decidió plantear la opción con un 80% de la puntuación basado en criterios objetivos, lo que requería un Comité de Expertos. Lo cierto es que el propio Comité cambia los criterios y los convierte en objetivos. Si esto se hubiese hecho desde un primer momento en el pleno, no hubiera habido lugar la su creación. ¿Quién decide que lo más adecuado es extraer el grueso de la valoración de la Mesa de Contratación para dárselo a un comité de expertos?¿Existe jurisprudencia sobre la incompatibilidad de ser miembro de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos?

Es cierto que no existe doctrina asentada, pero si existe numerosos fallos de juntas de contratación que no son vinculantes aunque hay que justificar el porqué una decisión se aparta de su interpretación, así como varias sentencias de Tribunales Superiores de Justicia que se expresan con contundencia sobre dicha incompatibilidad para formar parte de ambos órganos. Lo que también ha quedado claro es que estos antecedentes, confirmados por Fabio Pascua —doctor en derecho administrativo—, no fueron tomados en cuenta por la actual Secretaría General, para hacer su informe ad hoc para salvar a Cifuentes, lo que cuestiona o su capacidad o su falta de imparcialidad.

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La comparecencia en la Comisión de Investigación de la Corrupción y la moción de censura que Cifuentes vendió como un proceso inquisitorial, lejos de haber servido para demostrar su inocencia, han mostrado las mentiras y las medias verdades que se han utilizado en su defensa desde todos los estamentos de la Asamblea de Madrid.

Si además sumamos el espectáculo dado por el PP en la moción de censura, junio no será el mes en que la presidenta ha recuperado credibilidad, éste ha sido el mes en que ha empezado su declive. Más importante aún, hemos visto cómo caían las caretas y cómo el PP de Madrid, lejos de ser una supuesta versión moderna y más limpia del PP, se trata de la sección regional del PP más casposa, machista y corrompida. Ha sido cuando Cifuentes se ha visto contra las cuerdas, cargando contra la Guardia Civil y amenazando con querellas. Como la más fiel heredera de Esperanza Aguirre. ________________________

* Miguel Ongil es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

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