Urgencia de la política

A tan solo cinco años de la irrupción de Podemos en la escena política española y de la visibilización nacional de Cs y a unos meses de la de Vox, tal parece que el mapa político español, que parecía inmerso en un profundo proceso de recomposición, estuviera volviendo sobre sus pasos y tendiendo, de una forma ya perceptible en encuestas y estudios de opinión, a reagrupar las preferencias del electorado en torno al clásico eje político de derecha/izquierda.

No está claro si es esta una tendencia primero percibida en la sociedad civil o, por el contrario, en los estados mayores de los partidos. Hemos visto a Díaz Ayuso hacer un discurso prácticamente situado en la extrema derecha de hoy (esto es, con un radical posicionamiento ultraliberal) que, si tenía por objeto asegurarse los cinco votos de Vox para su investidura, sintoniza con facilidad con esa derecha sin complejos de la que habla Casado y, antes que él, Aznar y FAES y que tan bien sintoniza con las tendencias en el lado derecho del tablero a ambos lados del Atlántico.

Del lado de la izquierda la tendencia que parece dominante es un repliegue respecto a las esperanzas despertadas en 2014 y 2015 para recuperar y profundizar los contenidos democráticos y sociales de la Constitución del 78.

Tal parece que el electorado de izquierdas, desconcertado por las dos ocasiones frustradas en 2016 y 2019 para conseguir un gobierno de izquierdas que acometiera estas tareas redemocratizadoras, estuviera ahora replegándose sobre las posiciones menos ambiciosas representadas por el PSOE como tradicional izquierda del régimen.

No viene aliento alguno de la sociedad civil que sirviera de generador de energías para impulsar alguna suerte de cambio político. Si descontamos el movimiento de los pensionistas, al cabo un movimiento en defensa de los compromisos constitucionales, solo el magnífico movimiento feminista y el esperanzador brote juvenil en contra del colapso ecológico parecen contener alguna potencialidad, contrarrestando las tendencias conservadoras de fondo que se detectan en la sociedad civil.

No parece que el desencuentro entre el PSOE y UP lleve camino de arreglarse y no vale la pena intentar encontrar las causas de este desencuentro. Lo verdaderamente relevante del mismo es que se produce en un contexto “socialmente frío”por la señalada falta de aliento social. En ese contexto todo se dirime en la opacidad de los despachos, en la algarabía de los medios de comunicación y en el ruido sectario de las redes sociales, un entorno poco propicio para desarrollar juegos de suma positiva entre los potenciales socios de la negociación.

No sé si es posible que el PSOE incremente su apoyo electoral y consiga incrementar sus escaños compensando así la caída de UP y alcanzando los 176 necesarios para la investidura con los votos de PNV, Más País y PRC; es difícil pero no es imposible. Ello le permitiría formar gobierno monocolor y contar con el apoyo de Iglesias que habría superado, a pesar de todo, un episodio que arriesgaba la continuidad de su mandato.

Pero ambas circunstancias no podrían ocultar la ausencia de proyecto compartido de las izquierdas españolas, la orientación de la mayoritaria hacia un entendimiento con alguna de las derechas más presentables y la ausencia de perspectiva de UP distinta que la mera supervivencia como aparato.

En estas condiciones y en las derivadas del oscurecimiento del contexto político y económico global, no es fácil presentar expectativas muy favorables para las políticas de izquierda en los próximos años. Es lo que, seguramente, empuja a los estrategas de la Moncloa a buscar fórmulas de gobierno en sintonía con el consenso europeo, en un trance de desaceleración económica agudizada por los efectos de la guerra comercial y del Brexit.

En el terreno estrictamente político son muchos los analistas que auguran una vuelta más o menos rápida al bipartidismo. Algunos, es indudable, expresan tanto una opinión como un  deseo y la mayoría  se repliega ante los efectos polarizadores de la política española que el multipartidismo no habría hecho sino acentuar.

Se elude el análisis de fondo de los problemas que la política debiera abordar y se piensa que la vuelta al bipartidismo tendría efectos milagrosos a través del entendimiento de los dos principales actores políticos. No se advierte –o no se quiere hacerlo– que algunos de estos problemas requieren una revisión de las reglas del juego que han venido rigiendo las prácticas políticas desde 1978, que algunas de las instituciones consagradas en la Constitución han agotado su vida útil.

Se prefiere achacar el bloqueo de la vida política a algunos rasgos personales de sus principales protagonistas, a la dificultad para empatizar, a su exceso de soberbia, etc.

Todo ello conduce a una más de las falsas salidas que hemos visto en los últimos años, a que se sucedan los gobiernos sin abordar con rigor la verdadera naturaleza de los problemas que aquejan a la sociedad española.

Y, así, tengamos o no gobierno después del 10N, su programa no entrará en estos problemas, los sobrevolará a la espera de una mejora de la situación global, del fin de la guerra comercial USA/China, del arreglo del Brexit, etc, para no hablar del problema por excelencia, el cada vez más próximo colapso ecológico para el que los gobernantes solo encuentran la solución de las declaraciones y las conferencias internacionales (1). Elocuente, al respecto, la práctica omisión de cualquier referencia al tema climático y a la crisis ecológica en general en el debate a cinco de este lunes pasado.

Miente quien diga que hay una solución sencilla para estos problemas. Su alcance, envergadura y complejidad descartan soluciones que puedan aplicarse de un día para otro. Son muchas y muy complejas las dimensiones sobre las que habría que actuar para enfrentarlos con rigor y en algunas de ellas se desconocen la totalidad de los efectos que podrían derivarse.

Pero es seguro que hay que ponerse manos a la obra cuanto antes y que, además, hay que empezar por contar a la ciudadanía lo que se sabe y lo que se desconoce de los problemas a abordar.

El conjunto de la clase política, incluso con un gobierno en funciones, debería abordar en sede legislativa el conocimiento y la deliberación sobre estos principales problemas. Inventariarlos, calificar su grado de gravedad y la urgencia para actuar. Es incomprensible que el Congreso esté parado, ¿acaso los señores diputados y diputadas necesitaban que el ejecutivo les recordara la lista de problemas? ¿No hubiera podido el actual Gobierno en funciones realizar este inventario para su discusión en comisiones de trabajo que fueran adelantando la tarea mientras era investido y se constituía el nuevo Gobierno? A lo mejor hasta hubiera servido de ilustración a los equipos negociadores para calibrar la importancia relativa de estos problemas y la urgencia de acometerlos.

La presidenta o presidente del Congreso que salga elegido del 10N, ¿no podría ordenar y dirigir un primer debate sobre alguno de estos grandes problemas (Cataluña, emergencia climática, desaceleración económica) de manera que se fuera configurando el marco en el que más tarde se presentaran las correspondientes políticas públicas que el Gobierno que se forme pretenda impulsar?

Incluso poniéndonos en la peor de las hipótesis, que del 10N no saliera una mayoría suficiente para formar Gobierno y que los distintos actores no fueran capaces de urdir acuerdos para la gobernabilidad, ¿no estaría este trabajo parlamentario ayudando en la identificación de estos problemas, facilitando al tiempo el conocimiento por la ciudadanía de la posición de los distintos partidos y, en tal medida, mejorando su capacidad de juzgar ante una posible repetición electoral?

No hay en todo caso razón alguna para esta paralización en la vida política del país hasta tanto no se constituya el Gobierno. El Gobierno ejecuta las directrices salidas de la representación de la soberanía popular (“Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, artículo 97º de la Constitución) pero ésta dispone de potestades y competencias suficientes para abordar, cuanto menos, la identificación de los principales problemas que integran la agenda política.

El momento que vivimos no admite más demoras, exige ponerse manos a la obra en el abordaje de los graves problemas citados, antes de que los peores demagogos nos presenten a la democracia como la causa de los problemas y nos propongan alguna de sus fórmulas salvadoras que tal huella de horror dejaron el pasado siglo.

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  (1) Ello no obstante, hay que saludar la iniciativa de Sánchez de acoger la Conferencia de las Partes de la Convención contra el Cambio Climático. Incluso contando con las inequívocas dosis de oportunismo que conlleva, la celebración de la COP en Madrid incorpora con fuerza el debate sobre la emergencia climática a la agenda política del país.