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Plaza Pública

Cambio climático y Constitución

Jose Errejón Villacieros
Publicada el 04/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/12/2019 a las 20:24
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Escribo este texto en vísperas del 41º aniversario de la promulgación de la Constitución española y de la celebración en Madrid de la 25ª Conferencia de las Partes del Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra el Cambio Climático. Creo que esta feliz coincidencia podría permitirnos como sociedad encontrar un ámbito de entendimiento y construcción colectiva, tan necesario en un momento tan delicado en el que parecerían estar en cuestión los fundamentos democráticos de nuestra convivencia.

Tuve la ocasión de formar parte de la delegación española en la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro y conservo algún recuerdo que creo podría ser útil para arrojar algo de luz sobre un presente tan complejo en los ámbitos estatal y global.

Acababa de caer el muro de Berlín y las predicciones de Fukuyama sobre el fin de la historia parecían abrir una venturosa perspectiva para la expansión del capitalismo, ya sin el obstáculo que pudieron haber supuesto lo que por entonces se llamaba el “socialismo realmente existente”.

Tal vez fuera esa la razón por la que las propuestas de la UE, estimuladas por los Verdes alemanes y una parte de la socialdemocracia europea, fueran severamente limitadas por la negativa del presidente de USA de la época de apoyar nada que pudiera amenazar, siquiera remotamente, el american way of life. De forma que la formalización de los Convenios –junto al de Cambio Climático, el de conservación de la Biodiversidad y el de lucha contra la Desertificación– se hizo con una clara actitud de reserva por USA y los Estados sometidos a su área de influencia.

Las peripecias vividas parta la aplicación del Convenio en estos 27 años son bien conocidas y pueden resumirse en la inocuidad de los instrumentos puestos en marcha, muy en particular los llamados mercados de derechos de emisión que, si no han conseguido mejorar los procesos productivos o utilizar combustibles menos emisores de GEI, han permitido en cambio a grandes emisores de CO2 comercializar derechos sobrantes, así de generosas han sido las asignaciones de los Estados a las empresas titulares de actividades emisoras de este gas.

Eso por lo que se refiere a los países firmantes del Protocolo de Kyoto, el nuestro entre ellos. Para los no firmantes, con USA a la cabeza, por entonces con el demócrata Clinton en la Casa Blanca, indiferencia cuando no hostilidad hacia la potencial efectividad en la aplicación de tales instrumentos.

En nuestro país las obligaciones establecidas en el Convenio y en los instrumentos que lo desarrollan han pasado inadvertidas para la mayoría de la población, ante la inacción de los partidos que se han sucedido en los gobiernos estatal y autonómicos. La consecuencia ha sido una evolución ascendente de las emisiones de CO2, incluso en los periodos de recesión económica. Más aún, los efectos asociados a los cambios estructurales de la economía española, en términos de desmaterialización de la actividad económica, no han producido los efectos esperados de reducción de esas emisiones y ello en razón de la creciente contribución de los sectores del transporte y la construcción residencial asociados al llamado boom inmobiliario (cemento, vidrio, mueble y cerámica, etc).

Todo ello unido a la irresponsable posición negacionista de los dirigentes del PP han tenido como resultado una actitud de indiferencia de una parte muy importante de la sociedad española hacia los problemas del cambo climático. Durante estas casi tres décadas la elevación de las temperaturas medias ha sido ya perceptible y agravaba además alguno de nuestros más graves problemas ecológicos, como la deforestación, los periodos recurrentes de sequía y la desertificación; y, sin embargo, sería difícil encontrar en el Diario de Sesiones del Congreso y el Senado constancia de algún debate, resolución o pronunciamiento sobre tan importante problema.

Es innegable la gravedad de los problemas que tiene planteado este país, no se trata en absoluto de minimizarlos. Pero así como la solución de algunos está conduciendo a cada vez más sectores a postular la actualización de las reglas constitucionales, el problema del calentamiento global y los plazos que la comunidad científica mundial está planteando para frenar la irreversibilidad de sus efectos, exige de la sociedad española y de su clase política muy en especial abordar con la mayor urgencia este problema otorgándole la prioridad que su potencial irreversibilidad demanda.

La reforma de la Constitución no es, ciertamente, un milagroso bálsamo solucionador de tan grave problema –global, no se debe olvidar–. Pero abordarla ya en lo que le concierne puede ser el camino más corto para que la sociedad en su conjunto se lo plantee como propio, como indelegable en ninguna clase política o tecnocrática.

Porque es claro que el cambio climático está cuestionando nuestro modelo de convivencia consagrado en la Constitución. Muchos son los preceptos constitucionales potencialmente objeto de este cuestionamiento pero creo que el núcleo del mismo está en esa suerte de división de tareas en virtud de la cual se deja al mercado y a la propiedad privada la dirección de la actividad económica y al Estado la protección de los derechos y la prestación de los servicios públicos que los hacen posibles.

En la experiencia histórica real, hemos asistido a una creciente colonización del conjunto de los aspectos de la vida social por las relaciones de mercado y por su lógica, la lógica de la maximización de beneficio y la minimización de los costes que cada uno espera obtener de las relaciones sociales de las que participa, la lógica del “individuo-empresa”.

Esa lógica, llevada al paroxismo por los promotores de la expansión inmobiliaria y financiera y no compensada por la acción de los gobiernos ha llevado al abandono cuando no a la destrucción de los sistemas y recursos naturales y a la liquidación de los vínculos societarios no de mercado.

Cuando las señales de la catástrofe ecológica ya no se pueden ocultar, la mayor parte de la población se encuentra atada a unas pautas de vida y consumo insostenibles y –lo que es peor– con muy escasas capacidades individuales y colectivas de respuesta, debiendo esperar todo o casi todo de la intervención del Estado.

Es eso lo que impone la prioridad del problema climático en la agenda política, lo que exige una revisión del paradigma consagrado en la Constitución. Pero tal revisión solo será eficaz si es el resultado de una asunción de responsabilidades por parte de la ciudadanía. La “Constitución ecológica” que necesitamos solo será efectiva si se implanta en la sociedad antes de consagrase en el texto constitucional.

La clase política, no obstante, tiene la obligación de impulsar y estimular el debate en la sociedad civil, los frutos no se harán esperar. Es encomiable, al respecto, el esfuerzo de información que están haciendo los medios de comunicación con motivo de la COP25 y es fácil imaginar el tiempo que hubiésemos ganado de haber emprendido esta tarea hace algunos años.

El Gobierno en funciones tiene todo el derecho de apuntarse el mérito de haber visto la oportunidad de traer la COP a Madrid ante los temores de la oligarquía chilena de que su celebración fuera un altavoz para las magníficas movilizaciones que protagoniza su pueblo. Por cierto, son en gran medida las oligarquías que condenan a sus pueblos a la incertidumbre y la pobreza, las que se niegan a asumir sus responsabilidades por la crisis climática.

Con la simpatía que ha despertado su gesto entre amplias capas de la sociedad española, el gobierno que se forme tras la investidura estará en condiciones de poner en marcha una enérgica política de reducción de emisiones de CO2 en el marco de una auténtica estrategia para la transición ecológica. Una buena forma de comenzarla sería incorporar en la estructura orgánica del nuevo Gobierno una vicepresidencia para la Transición Ecológica, mostrando así la prioridad otorgada a esta política.

Pero lo más importante,con todo, sería impulsar el debate para la inclusión de esos objetivos de la transición ecológica y del cuadro de valores que los inspiran en la Reforma Constitucional. ¿Sería aventurado, por ejemplo, añadir en el artículo 1º de la Constitución, junto a los valores superiores proclamados, “el respeto a los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales” o “la sosteniblidad de los procesos ecológicos esenciales”?¿ O en el art.10º, junto a los fundamentos proclamados del orden político y la paz social añadir: “el respeto a los sistemas naturales y los procesos ecológicos esenciales”?

Como en otras materias, la Constitución del 78 ha cumplido un hito, en este caso introducir la preocupación ambiental en la vida pública siquiera haya sido de forma tan tímida como lo hace el artículo 45º y aunque luego los poderes públicos no hayan cumplido de forma efectiva el mandato contenido en dicho precepto.

La constitución ecológica no puede quedarse en meras proclamaciones de valores, por relevantes que estos sean. O, mejor dicho, los valores proclamados deberán encarnarse en instituciones que regulen la vida cotidiana en los diversos aspectos de lo social.

La actividad económica y la apropiación de sus frutos no puede ser hecha con menoscabo de los bienes comunes que hacen posible la vida y, si lo hacen, es obligación del responsable restaurarlos al estado anterior, el trabajo es un derecho que no puede convertirse en un instrumento de predación de recursos naturales y de la vida misma del trabajador, el ocio y el descanso no pueden poner en peligro los bienes comunes.

Tenemos que volver a pensar nuestra vida en sociedad, tenemos que encontrar unas reglas de convivencia que garanticen la sostenibilidad de nuestras vidas y las de nuestros hijos. Necesitamos un nuevo contrato social y tenemos que incluir en él la naturaleza que es la condición primera de nuestra existencia.
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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.
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