La Iglesia católica: menos creyentes, mismos privilegios

Mientras la sociedad española camina, aunque con paso lento, hacia la secularización, la Iglesia católica mantiene unos privilegios negociados en la Transición. Punto angular de esas prebendas es la financiación de sus actividades, pues, sean o no católicos, todos los contribuyentes sostienen con sus impuestos a una religión concreta a pesar de que, según la Constitución, España es un Estado "aconfesional". El Estado entregará en 2013 a la jerarquía 247 millones de euros, aunque colectivos como Europa Laica creen que recibirá hasta 11.000 millones incluyendo exenciones fiscales o conciertos con colegios católicos. 

Sin embargo, no se trata solo de una cuestión económica. Los obispos católicos no solo mantienen sino que acrecientan bajo el actual Gobierno su influencia en aspectos como la educación, el concepto de familia tradicional o la limitación de los derechos civiles. 

El PSOE metió en el cajón de la promesas incumplidas su compromiso de avanzar hacia la laicidad del Estado con una ley de libertad religiosa ampliamente rechazada por la jerarquía eclesiástica. Con el PP en el poder, no parece posible que vayan a llevarse a cabo reformas encaminadas a reducir el poder de los católicos. Los crucifijos cristianos seguirán campando a sus anchas en edificios públicos y las ceremonias religiosas continuarán siendo seña de identidad de los funerales de Estado. 

Financiación

La Iglesia católica está subvencionada generosamente por fondos públicos y su autofinanciación –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– no deja de ser una utopía. En 2013, según se recoge en los Presupuestos Generales, el Estado entregará cada mes a la Iglesia católica 13,2 millones de euros (158,4 en total) a cuenta de la asignación tributaria mediante el IRPF para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero. No obstante, la cantidad total que recibirá este año por esta asignación, que se complementa con la liquidación de lo recaudado el año anterior, será de 247 millones, 1,2 millones menos que en 2012 como consecuencia del descenso del número de personas que marcaron esa casilla. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%.

Sin embargo, ese no es todo el dinero público que reciben los obispos, porque los presupuestos no recogen todas las partidas. En 2013, y según datos de Europa Laica, la Iglesia católica recibirá de todas las administraciones públicas hasta 11.000 millones de euros, incluyendo el impago del IBI y de otros impuestos municipales. Según esta organización las asignaciones serán las siguientes: salarios de profesores de religión seleccionados por los obispos, pero pagados por el Estado (610 millones);  conciertos de la escuela católica (4.000 millones); asistencia sanitaria y obra social (2.800 millones); exenciones tributarias (2.500 millones); mantenimiento del patrimonio (700 millones); subvenciones y gastos de eventos religiosos diversos (400 millones); capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios (25 millones) o coparticipación del Gobierno en entidades católicas como la Obra Pía (10 millones). Además, a ello hay que sumar al menos otros 120 millones que, siempre según Europa Laica, la Iglesia recibirá a través de la X de "otros fines sociales", de la que se benefician ONG católicas como Cáritas o Manos Unidas.

Por su parte, La Fundació Ferrer i Guàrdia, en el Anuario de la laicidad 2012 publicado en mayo de ese año, estima que la Iglesia católica recibe una cantidad que oscila entre los 8.000 y los 9.000 millones de euros al año. 

Fiscalidad

En España, la Iglesia católica goza de determinados privilegios ante el fisco. Los obispos –en virtud del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979– están exentos de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, de la misma forma que lo están otras congregaciones religiosas (desde 1992) y las fundaciones y asociaciones de utilidad pública sin ánimo de lucro (desde 2002). Los autores y asociaciones laicistas, citados por Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado recientemente Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales. Los portavoces de la Iglesia, sin embargo, aseguran que el Estado "ahorra" más de 3.500 millones de euros al Estado con sus colegios concertados, según informa Europa Press. 

Hasta el 1 de enero de 2007 la Iglesia católica estaba exenta de pagar el IVA en las operaciones comerciales, aunque este privilegio se resolvió en 2006 para cumplir con la airada exigencia de la UE. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciarlo ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio llegó antes de que llegara la respuesta de la Justicia. Los obispos sí mantienen el descargo del ICIO, el impuesto municipal por hacer obras. 

educación

Los portavoces eclesiásticos, en una información recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica. Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado lo hacen en un centro religioso.

Los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Y así sigue hasta el momento. La posición de esta materia –que cursaron el 67% de los alumnos durante 2011– ha sido tradicionalmente uno de los caballos de batalla de la jerarquía católica, que reclama que sea evaluable y cuente para la media, y que, además, tenga una alternativa fuerte.

Ahora, en el proyecto de ley educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert, está previsto que se recupere una alternativa fuerte, si bien habrá que esperar a los desarrollos para ver si ambas contarán para la media. El proyecto sí plantea la eliminación de Educación para la Ciudadanía, materia contra la que la jerarquía católica volvió a movilizarse con la vuelta al poder de los socialistas tras años de la calma con la ley educativa que puso en marcha José María Aznar.

Otro de los ejes sobre los cuales han surgido problemas derivados de la educación ha sido la existencia de simbología religiosa en centros educativos públicos y concertados de toda España tal y como denuncian los colectivos laicistas.

Respaldo social

Con los datos en la mano, parece fácil diagnosticar una deriva, lenta, pero constante, hacia la secularización en la sociedad española. Aunque el catolicismo sigue siendo hegemónico, el número de españoles que dice profesar esta religión ha ido disminuyendo en los últimos años. Las encuestas muestran cómo se ha ido acelerando la desafección de los ciudadanos hacia esta religión. El 70,5% de los españoles se declaran católicos ahora –en febrero de 2013–, frente al 82,1% que lo hacían en 2001, lo que muestra casi 12 puntos de caída en 12 años según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, más de la mitad de estos se autodefinen como nada o poco practicantes. 

Los colectivos laicistas señalan que la manera "más objetiva" de diagnosticar el respaldo real de la Iglesia católica es observar el número de personas que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta para el sostenimiento de la institución. En la última declaración de la renta presentada en 2012 con datos de 2011, sólo un 34,83% de los contribuyentes (7.357.037 personas) marcaron esa casilla, frente al 35,71% que lo hicieron en 2011. 

Por tanto, el peso del catolicismo parece estar descompensado en relación al fuerte retroceso de las prácticas religiosas en la España actual, sobre todo entre los más jóvenes. El último estudio al respecto se remonta a 2006, cuando la Fundación Santa María detalló en un dossier que los jóvenes que se declaraban católicos habían bajado del 77% al 49% en una década.