Jueces y fiscales de la Audiencia Nacional claman ante “la restricción salvaje” de la justicia universal

Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional están muy enfadados con lo que definen como "restricción salvaje de la jurisdicción universal", en referencia a la reforma exprés de la justicia universal impulsada por el Gobierno. Estos funcionarios, que son los que día a día tienen que trabajar con las causas afectadas por la reforma, sostienen que provocará un auténtico "desbarajuste" a la hora de investigar delitos como terrorismo, tráfico de drogas, piratería, mutilación genital femenina, torturas, secuestros, tráfico de material nuclear, trata de seres humanos, corrupción internacional o desapariciones forzadas.

"Con la nueva normativa los dictadores podrán refugiarse en España. Cualquier genocida podría tener en España un retiro plácido. Y nuestro país podría convertirse en un refugio privilegiado de genocidas y dictadores", confirma contrariado un magistrado que prefiere mantener su anonimato.

Contentar a la superpotencia ChinainfoLibre

ha conversado con varios jueces y fiscales, y ha recogido el profundo malestar que existe entre ellos por la modificación de la justicia universal. Una reforma cuya finalidad principal, según denuncian, es contentar a la superpotencia China después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictara una orden de búsqueda y captura contra cinco exlíderes comunistas chinos –entre ellos el expresidente Jiang Zemin– por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

"No hay duda de que el Partido Popular ha reaccionado ante las presiones de China. Pero los precedentes de legislar a golpe de telediario no han sido buenos", alerta un fiscal, que recuerda que en 2009 el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya acometió una reforma de la justicia universal: "Pero fue una reforma con un poco más de cabeza, porque se basaba en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", prosigue el representante del Ministerio Público.

Alcance limitado

Las consecuencias de la anterior reforma tuvieron un alcance limitado, según se especifica en la Memoria de 2013 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Solo dos de la veintena de casos en tramitación fueron archivados. En concreto, los jueces cerraron una investigación sobre Myanmar (Birmania) y una segunda sobre el Tíbet.

Pero con la actual modificación, según los interlocutores de infoLibre, no solo se daría carpetazo a casos como el del Sáhara Occidental, Ruanda, El Salvador, Guantánamo, Couso, Guatemala, Caso Vielmann o una denuncia por el genocidio nazi, sino que delitos que en la actualidad están perfectamente delimitados podrían sufrir modificaciones, provocando un espacio de impunidad. Algo que sin duda aprovecharán las defensas de las personas acusadas de crímenes de enorme gravedad. 

"Desbarajuste" jurídico

El mencionado "desbarajuste" en el ordenamiento jurídico se concretaría, según los jueces y fiscales, en que habría dudas a la hora de perseguir los actos de terrorismo. Por ejemplo, tras la reforma, la justicia española no podría haber protagonizado el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, que fue detenido el 16 de octubre de 1998 en Londres tras una orden del anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Esta iniciativa española se convirtió en el preludio de una bateria de procesos judiciales que tuvo que afrontar el dictador chileno en sus últimos años de vida.

También los delitos relativos a la piratería podrían sufrir importantes variaciones. Con la nueva normativa los jueces españoles solo podrán actuar invocando la justicia universal cuando los piratas tengan la nacionalidad española o el barco afectado sea español. "Algo que es totalmente absurdo", explica un juez, que recuerda que la ley ya contempla los casos en los que se ven envueltos los españoles.

En relación a los casos de genocidio, según uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, la ley es más restrictiva que en otros delitos de menor rango o trascendencia. "Restringen tanto la persecución del genocidio que solo se podrá investigar en los casos en los que el genocida se encuentre en España, y en los que España haya denegado la extradición", algo que en Estados considerados fallidos –como Somalia– o países no democráticos –como China–, no parece muy viable.

"¿Y que pasaría si un barco español apresara a los integrantes de un cayuco en aguas internacionales?", se pregunta un fiscal, que vaticina problemas en la interpretación, pues habría que determinar la competencia y tratar de demostrar que es una organización criminal. Pero esta duda se extiende, entienden otros funcionarios de justicia, a otros casos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales: "Quien ha hecho la proposición de ley no tiene ni idea", sentencia un magistrado, que muestra de esta forma claramente su oposición al cambio en la ley.

Proxeneta ruso

Y como ejemplo de este "lío", un juez recuerda que la nueva versión de la justicia universal española podría haber impedido a la justicia española apresar al proxeneta ruso Igor Chernasvkiy, conocido con el sobrenombre de El fantasma, pues durante varios años permaneció fugado de la justicia: "No sabíamos si estaba en España o en otro país. Pero sí detectamos que era el principal responsable de la captación y el posterior envío de cera de 3.000 mujeres a otras partes de Europa, donde eran obligadas a ejercer la prostitución. Se trataba de investigar los crímenes en la captación, y lo conseguimos. Pero ahora sería más difícil", alega un integrante del Ministerio Público de la Audiencia Nacional.

Pero el aspecto que más indigna a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional es, sin duda, el apartado 5 de la proposición de ley, que otorga la potestad al Tribunal Supremo para decidir si un crimen puede perseguirse o no: "Los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. La valoración de estas circunstancias, que por su relevancia corresponderá a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se llevará a cabo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional", especifica la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

"El preámbulo puede ir contra los tratados internacionales", especifica un magistrado, mientras que otro sostiene: "Nos tratan como a menores de edad. Pues ahora nosotros tenemos que esperar que el Tribunal Supremo, cuyos integrantes han sido nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) nos digan si un Estado va a colaborar o no para juzgar sus propios crímenes".

Con esta nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la decisión que adoptó la Audiencia Nacional de proseguir el proceso judicial contra los presuntos autores del crimen contra el religioso español Ignacio Ellacuría en El Salvador podría ser ya imposible. Pues la norma pondrá en manos del Tribunal Supremo la decisión última de considerar si el país, en esta caso El Salvador, hizo un juicio "paripé" condenando solo a una persona a una pena de seis meses de reclusión en una cárcel militar.

Proposición de Ley sobre Justicia Universal (PDF)

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España, en segunda división

Además, las modificaciones podrían tener otras consecuencias, como por ejemplo restringir el acceso a la defensa letrada de los afectados por crímenes contra la humanidad: "España, que siempre ha estado a la vanguardia en la justicia universal, incluso desde la época de la presencia española en América con Francisco de Vitoria o el fraile dominico Bartolomé de las Casas, ha sido en los últimos años un garante de la justicia en todo el mundo. Pero ahora bajamos a la segunda división", confiesa resignado un juez, quien asegura que la proposición de ley tendría que ser modificada.

Así, y de forma más concreta, uno de los implicados en los crímenes cometidos en Guatemala, que se encuentra en prisión, podría ser liberado con la nueva ley. Un alivio que también tendrá un presunto criminal de Ruanda, que según las autoridades españolas podría estar viviendo en el Reino Unido, y que afrontaría en los próximos meses su extradición a España.