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Corrupción

Un año de cárcel para Millet y Montull por tráfico de influencias el caso del hotel

  • Ambos están condenados por tráfico de influencias debido a las irregularidades en la gestión del proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música de Barcelona
  • Los dos exmáximos responsables de la institución cultural tenían en mente impulsar un hotel de lujo "movidos por el ánimo de obtener un beneficio económico, tanto para sí como para la Fundación" del Palau

infolibre
Publicada el 28/05/2014 a las 11:45 Actualizada el 28/05/2014 a las 11:46
Félix Millet

El saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet .

EFE
La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año de cárcel al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a otro a su mano derecha, Jordi Montull, por las irregularidades en la gestión del proyecto de construcción de un hotel de lujo junto a la institución cultural, y ha absuelto a la excúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

En la sentencia, recogida por Europa Press, la Audiencia absuelve al exconcejal de Urbanismo Ramon García-Bragado, al exgerente de Urbanismo Ramon Massaguer, al entonces responsable de los servicios jurídicos del Consistorio Enric Lambies y al arquitecto del proyecto que nunca vio la luz, Carlos Díaz.

A Millet y a Montull los ha condenado por los delitos de tráfico de influencias cometido por particular y de ofrecimiento de tráfico de influencias; al primero le impone una multa de 3.600.000 euros y al segundo de 900.000.

Los dos exmáximos responsables de la institución cultural tenían en mente impulsar un hotel de lujo "movidos por el ánimo de obtener un beneficio económico, tanto para sí como para la Fundación" del Palau de la Música. Para ello, aprovechándose de su "prestigio y ascendencia moral", y de las ventajas que les proporcionaban sus cargos, comenzaron a ponerse en contacto sin cesar –con reuniones, llamadas, cartas y correos electrónicos– con las autoridades competentes, con lo que lograron convencer a las instituciones para llevar a cabo el proyecto.

Montull, con el aval de Millet, aumentó su insistencia en todas las fases de la tramitación, que no se limitaba a meras solicitudes, y utilizó expresiones insistentes que la Audiencia califica de "verdadera presión" sobre las instituciones. Respecto a la excúpula de Urbanismo, la Audiencia no ve acreditado que conociesen el propósito lucrativo "cometido exclusivamente por los acusados Millet y Montull".

Sí que ve probado que Lambies elaboró informes en los que hizo constar a sabiendas de su falsedad que el propietario de las fincas era la fundación del Palau, pese a que desde el 27 de febrero de 2008 "había tenido conocimiento fehaciente" de que habían pasado a manos de Olivia Hotels, promotor de la obra.

Sin embargo, cree que esta falsedad es "irrelevante" desde el punto de vista de la legalidad urbanística porque la legislación en vigor no exigía especificar la relación de propietarios en los cinco años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento de modificación del Plan General Metropolitano, al no tratarse de modificación global de usos.

Posible falso testimonio

La Audiencia también ordena a Millet y a Montull devolver los 895.000 euros que el promotor de la obra, Manuel Valderrama, les entregó, pese a que este declaró en el juicio que no los había cobrado. En este sentido, ha aceptado la petición del fiscal de tomar otra vez declaración a Valderrama al considerar que "existen indicios racionales" de que cometió un delito de falso testimonio en el juicio.

Según la sentencia, esta cantidad se la exigió Montull para que durante la tramitación de la modificación puntual del Plan General Metropolitano la fundación del Palau siguiera apareciendo como propietario de las fincas "enmascarando" la nueva titularidad.

Fiscalía estudia recurrir

Todo ello para aprovechar el prestigio del Palau y facilitar la modificación, que era imprescindible para contruir el hotel, que contaba con una fuerte oposición vecinal, y que se incrementó al conocerse que una empresa privada era la titular de las fincas. Ahora, la Fiscalía de Barcelona y la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (Favb), que ejercía de acusación popular, estudian recurrir la sentencia.
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