Consulta catalana 2014

Jueces para la Democracia califica de “autoritaria” la expulsión del juez que redactó la Constitución catalana

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El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, definió este viernes como "inadmisible, de sesgo autoritario, que ataca la libertad de expresión y de creación jurídica" la expulsión por un periodo de tres años del juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado jueves por doce votos frente a nueve, como responsable de una falta disciplinaria muy grave relacionada con su participación en los trabajos de redacción de una Constitución para Cataluña.

"Se trata de una sanción que parte de una interpretación extremadamente forzada, que vulnera el principio de legalidad, al no estar prevista la prohibición de los hechos imputados a Vidal en el estatuto disciplinario de los jueces", argumentó Bosch.

El Poder Judicial decide suspender por un periodo de tres años al juez que redactó la Constitución catalana

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El portavoz de la asociación de jueces también recordó que "no se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las miles de sentencias que ha dictado a lo largo de su carrera profesional", sino que "se le sanciona por realizar un análisis jurídico que está en desacuerdo con el actual modelo territorial de nuestro país y con el presente marco constitucional". "Pretender silenciar con sanciones a quien no comparte el actual marco constitucional supone ignorar los beneficios de un debate abierto sobre todos estos problemas", aseguró Bosch. 

El magistrado también consideró "preocupante" que se haya impuesto "por primera vez" una suspensión "por razones meramente ideológicas" y argumentó que la división de votos en el Poder Judicial –12 a favor frente a nueve en contra– es "una muestra clara del carácter escasamente jurídico de esta decisión".

"Consideramos que resulta legítimo que posiciones independentistas se puedan defender en una sociedad democrática", apuntó Bosch, que añadió que "la sanción supone un retroceso a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas". "Con decisiones de esta naturaleza, el CGPJ confirma una vez más su nula credibilidad como institución encargada de velar por la independencia judicial y vuelve a mostrarse como un órgano al servicio del poder político", sentenció el magistrado.

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