Operación Púnica

El juez Velasco impone una fianza de 40.000 euros a la secretaria de Marjaliza

El juez Eloy Velasco.

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 40.000 euros para Ana María Ramírez, que fue secretaria personal durante 18 años del presunto cerebro de la trama Púnica David Marjaliza y socio del ex secretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, informaron fuentes jurídicas y recogió Europa Press.

El magistrado modificó la situación de prisión incondicional en la que se encuentra la que está considerada como la "mano derecha" de Marjaliza y le impuso como medidas cautelares, una vez pague la caución, comparecencias quincenales en el juzgado, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Velasco acordó esta medida un día antes de que se levante el secreto de sumario del caso Púnica, salvo una pieza de comisiones rogatorias, y después de que este lunes compareciera en su juzgado el exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, a quien también retiró el pasaporte e impuso comparecencias en el juzgado tras negarse a declarar en la causa en la que está imputado indiciariamente por delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos por el "trato de favor" dispensado al presunto conseguidor de la red Púnica Alejandro de Pedro.

Ana María Ramírez volvió a la cárcel, en la que se encuentra desde el pasado 30 de octubre, el pasado jueves tras declarar durante dos horas y media ante el juez Velasco, que le imputó por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, al considerar que tenía un "papel determinante" en la trama y actuaba como "mano derecha" de su jefe.

"Confección de facturas"

En concreto, el titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que Ramírez tuvo "una actuación activa en la confección de facturas" y en la "realización de pagos", así como en "el manejo" de su entramado societario, pues aparecía como administradora o apoderada de diez empresas de la red Púnica.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirmó el pasado enero la prisión provisional de Ramírez en un auto en el que desestimaba un recurso de su defensa y destacaba que ocultó correos electrónicos sobre sus cuentas en Suiza y Singapur "detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas debajo de las camas".

Además, escondió en su domicilio organigramas de las empresas creadas por los cabecillas de la red; dos sobres de divisas, entre ellos uno que contenía 24.345 euros; y contratos privados que "ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama".

"Por orden de su jefe"

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Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirmaron la situación procesal de Ramírez por el riesgo de "destrucción de pruebas" que existiría si saliera de prisión y rechazaron que la imputada actuara "en todo momento en la creencia de la legalidad de su actuación", como argumentó su defensa.

Según su representación legal, todos los pagos y las llamadas telefónicas que realizó fueron "por orden de su jefe", lo que no implicaría que "ella participase en la comisión de los delitos que se imputan a Marjaliza".

En el caso Púnica se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".

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