Corrupción en Cataluña

La Fiscalía atribuye al tesorero de CDC el control directo del pago de mordidas a cambio de contratos públicos

Agentes de la Guardia Civil sacan anoche de la sede de Convergencia Democràtica de Catalunya una decena de cajas durante los registros llevados en Barcelona.

El horizonte penal de Andreu Viloca, tesorero de CDC y detenido desde primera hora de este miércoles, aparece hoy ennegrecido por cuanto quienes investigan la presunta financiación ilegal del partido disponen de un inesperado as: tienen verificado -y así lo enfatizan las fuentes consultadas por infoLibre- que es Viloca quien directamente controlaba el sistema de vasos comunicantes entre las donaciones a la fundación de CDC, Catdem, y las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas que aportaban esos fondos, con cuyos responsables se reunía. Era, por tanto, actor de primer orden en el ya célebre sistema del 3%.

La operación, que este miércoles se saldó con una batida de registros y arrestos iniciada en la sede de CDC y que alcanzó a compañías señeras como son Urbaser, del grupo ACS de Florentino Pérez, Copisa y Grupo Soler, no ha terminado. Es más, hoy jueves podría haber nuevos arrestos.

El nexo común es doble: las empresas investigadas han donado dinero y a su vez son grandes receptoras de contratos públicos.

Todos los detenidos del miércoles, incluidos seis empresarios, un alto cargo de la Generalitat y dos subordinados de Viloca en el departamento de tesorería de CDC, han pasado la noche en el calabozo.

Andreu Viloca se sitúa en el centro de la investigación con el ya citado alto cargo de la Generalitat a muy poca distancia. Se trata de Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures de Catalunya SAU y uno de los detenidos en esta tercera fase de la llamada Operación Petrum, que comenzó hace dos años en el municipio tarraconense de Torredembarra con lo que entonces parecía un caso de estricta corrupción local.

Empresa pública clave

Las fuentes consultadas recalcan cómo las pesquisas realizadas tras el primer registro a las sedes de Catdem y CDC, el 27 de agosto, indican que Infraestructuras de Catalunya SAU, cuya sede también ha peinado ahora la Guardia Civil, desempeñaba un papel esencial en el reparto de contratos a quienes pagaban el 3% de mordida a través de donaciones a Catdem. Esa empresa pública se presenta como un auténtico panzer de la contratación pública. Su presupuesto anual ha llegado a superar los 1.000 millones de euros.

Lo que los investigadores aseguran haber comprobado ya es esto: que las reuniones del tesorero con los empresarios involucrados en la investigación, entre ellos los seis que han pasado la noche del miércoles en el calabozo, corrían parejas en el tiempo a las donaciones que estos efectuaban a la fundación de Convergència, Catdem, y a las adjudicaciones que, en supuesta contrapartida, obtenían de administraciones controladas por el partido de Artur Mas. 

No ha trascendido qué vía ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción acreditar la existencia de un nexo entre esas citas con empresarios, las donaciones y las adjudicaciones públicas. Es decir, no se sabe con qué tipo de material probatorio –documentos, pruebas gráficas, declaraciones incriminatorias, etc.- cuentan los investigadores.

Pero las fuentes consultadas aseguran que es abundante e inequívoco. Y que la suma de elementos en manos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción arroja indicios más que sólidos de la –presunta- perpetración de los delitos atribuidos a Viloca: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

La trituradora de papel

Entre los empresarios arrestados figuran los máximos directivos de Copisa, Xavier Tauler; Grupo Soler, Jordi Soler; Rogasa, José María Romero; Oproler, Sergi Lerma, detenido en Majadahonda (Madrid) y Josep Manel Bassols; y Antoni García Bragado, de Tec Cuatro. Un séptimo empresario no ha podido ser detenido porque se encuentra de viaje en el Caribe.

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Qué pasará con ellos este jueves es una incógnita. Pero la noche del miércoles las fuentes consultadas ya daban por seguro un extremo: que, desde luego, Andreu Viloca seguirá detenido.

Que la Guardia Civil detectase en el primer registro a CDC, el del 27 de agosto, que Viloca había intentado librarse de papeles con una trituradora opera en su contra. Y, de hecho, puede complicar su situación cuando comparezca ante el juez que investiga el caso, el titular del juzgado de instrucción 1 de El Vendrell, si la Fiscalía pide finalmente prisión incondicional para él por riesgo de destrucción de nuevas pruebas.

En aquel primer registro del 27 de agosto, el protagonista involuntario de la batida policial fue su predecesor en la tesorería de CDC y de Catdem, Daniel Osácar, que sigue bajo investigación.

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