El juez interroga a un intermediario clave de las mordidas de la principal empresa de la 'Púnica'

El empresario Andrés Fernández de la Calle declara este jueves como investigado en la Audiencia Nacional como presunto intermediario de las mordidas que la empresa Cofely pagó a cargos del PP implicado en la trama Púnica. La Agencia Tributaria ha detectado que de sus cuentas salieron en 2013 en efectivo 216.964 euros.

"La información obtenida de la Agencia Tributaria revela un circuito con los movimientos de fondos, que teniendo por origen los contratos públicos adjudicados a la entidad Cofely, son derivados, en una secuencia consecutiva de dos fases, primero a la sociedad de Eduardo de la Peña y en una segunda fase a las sociedades de Andrés Fernández de la Calle".

De esta forma explica la Agencia Tributaria en un informe, incluido en el sumario de la operación Púnica, el papel que presuntamente desempeñó en la trama el empresario Andrés Fernández de la Calle, que será interrogado este jueves como investigado-imputado por el juez que instruye el caso en la Audiencia nacional, Eloy Velasco.

Fahorman 2011 y Getacons 2012

En concreto, se trata de las empresas Fahorman 2011 SL y Getacons 2012 SL, inscritas en el Registro Mercantil el 25 de septiembre de 2012. Estas sociedades no presentaron declaraciones a la Agencia Tributaria en 2013: "Y de sus cuentas bancarias salen en efectivo entre febrero y diciembre de 2013 diecisiete remesas de dinero por un importe total de 200.364 euros".

Cofely-España, la filial de la multinacional francesa GDF Suez, era la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama liderada por el ex secretario general del PPmadrileño Francisco Granados, y la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas que ahora investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica.

170 millones cobrados

Cofely pudo haber cobrado, según los indicios que constan en el sumario, más de 170 millones de euros de las Administraciones públicas implicadas, principalmente Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Las intervenciones telefónicas realizadas por la UCO de la Guardia Civil, por orden del juez Velasco, constatan que David Marjaliza, considerado el número dos de la trama liderada por Francisco Granados, ejerció de "conseguidor" para la empresa Cofely-España. "El modus operandi para obtener los contratos es siempre el uso de influencias y corrupción en los ediles municipales", explica la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, el comercial de la mercantil Cofely Pedro García Pérez "interviene activamente en los acuerdos y sus superiores Constantivo Álvarez de la Casa (director comercial) y Didier Maurice (director general) conocen, impulsan y remuneran los favores, influencias y promesas acordados".

Montajes y transporte

El informe de la Agencia Tributaria de las empresas del investigado Andrés Fernández de la Calle, inscritas en el municipio de Tomelloso (Ciudad Real), tenían como objeto social el "montaje de media y alta gestión, líneas de transporte, líneas de baja tensión, centros de transformación y automatismos".

La Agencia Tributaria puso reparos a la inscripción de las empresas Fahorman 2011 SL y Getacons 2012 SL en el domicilio familiar de su propietario, que retiraba importantes cantidades en efectivo de sus cuentas. Como por ejemplo 23.500 euros el 8 de marzo de 2013; 27.100 euros el 12 de marzo de 2013 y 16.940 euros el 5 de marzo de 2013.

Precisamente, Hacienda hace hincapié en esta última retirada de dinero de 16.940 euros, "ya que en la misma fecha se produce un ingreso en efectivo de la misma cantidad realizado por Francisco Vázquez Lozano".

Marjaliza, en libertad

El juez Velasco dejó el pasado 30 de diciembre en libertad a David Marjaliza, socio y amigo de la infancia Francisco Granados, tras haber satisfecho la fianza de 100.000 euros que le impuso por su "dinámica de colaboración" con la Justicia.

En concreto, destacó que Marjaliza ha aportado "evidencias documentales incriminatorias" y ha auxiliado a su juzgado en "la recuperación de activos de origen delictivo". Los investigadores han recibido informaciones procedentes de sus testaferros y "colaboradores más inmediatos", en referencia a su secretaria, Ana María Ramírez.

Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros, la presencia en unas 150 empresas e incluso la construcción de un zulo para ocultar "obras de arte y dinero", está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.

Estos delitos se atribuyen también al exconsejero madrileño Francisco Granados, el único de los miembros de la trama que permanece en prisión.

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Un centenar de imputados

La operación Púnica estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran investigadas por participar en la adjudicación de contratos supuestamente fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación online en las Comunidades de Madrid y Murcia, la Diputación de León y una decena de Ayuntamientos.Madrid

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa se encuentran, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; los antiguos titulares de Educación Lucía Figar y Manuel Pérez GómezLucía Figar; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.