La jueza defiende imputar a los políticos que recibieron regalos de Monbus por más de 400 euros y la Fiscalía se opone

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, ha decidido investigar a 24 políticos y altos funcionarios por un delito de cohecho. Todos ellos recibieron regalos por importe superior a 400 euros enviados por el dueño de la empresa de transportes Monbus, Raúl López, detenido e imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública. Ése es el límite que la jueza establece para dictaminar si el regalo a un alto cargo “va más allá de los usos sociales y de los valores habituales” y adquiere, por tanto, “capacidad para turbar la imparcialidad y la probidad de los funcionarios y autoridades”.

Además de los 24 políticos y funcionarios a los que imputa Pilar de Lara, hay otros siete que no están bajo su jurisdicción y que también han recibido regalos del dueño de Monbus. Por ello, la jueza ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXJ) explicando los hechos que afectan a los políticos aforados ante esos tribunales, que deberán decidir ahora si observan indicios de delito y deciden abrir una investigación que puede terminar con la solicitud de suplicatorios o si por el contrario no consideran que la aceptación de los regalos tenga relevancia penal. Ante el Supremo se encuentran aforados el eurodiputado José Blanco (PSOE), los senadores José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras, y la diputada Pilar Rojo (todos ellos del PP), y ante el TSXG lo están el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su vicepresidente, Alfonso Rueda, y el exalcalde de Santiago y ahora diputado autonómico Xosé Antonio Sánchez Bugallo (PSOE). Además, la jueza pregunta si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no debería adoptar la misma medida con el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González Jiménez (PP), que también es diputado en la Asamblea de Madrid.

Entre las 24 personas cuya imputación se solicita por parte de Pilar de Lara se encuentran el expresidente de Aena Juan Ignacio Lema Devesa, el de Renfe Teófilo Serrano, el de FEVE Amador Robles y el de Ferrocarriles de Catalunya Enric Ticó i Buxadós. En la lista también figura el ex secretario general de Transportes José Luis Cachafeiro, el ex presidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, y tres de sus altos funcionarios, y el de Igualada (Barcelona) Jordi Aymami. Nueve altos funcionarios de la Generalitat de Catalunya y tres de la Xunta completan el auto. De todas estas personas la juez sospecha que cometieron un delito de cohecho de facilitación; es decir, aceptaron ventajas en consideración a su cargo aunque no conste de momento que, a cambio, hayan favorecido de algún modo a quien les obsequió.

Las actuaciones no son más que una de las 12 piezas separadas a las que ha dado lugar la denominada operación Cóndor: la juez investiga si Raúl López, en connivencia con funcionarios públicos, “urdió un plan preconcebido” para conseguir adjudicaciones públicas utilizando mecanismos ilícitos, tales como acudir a los concursos con información privilegiada, buscar a las empresas invitadas a los concursos negociados sin publicidad para pactar ofertas o pagar a clientes cantidades en metálico opacas a Hacienda.

Las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, han revelado que el propietario de Monbus, el segundo mayor grupo de transporte de pasajeros del país, se gastó casi medio millón de euros desde 2006 hasta 2014 en regalos a políticos y altos funcionarios de toda España. La mayor parte de esos obsequios eran botellas de vino, y en algunos casos de los más caros: cajas de Vega Sicilia de hasta 878 euros.

A la luz de esas averiguaciones, el fiscal de Lugo, Jesús Álvarez González, apreció en diciembre de 2015 indicios de un delito de cohecho en los regalos enviados a Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, el exdiputado del PP Alejandro Gómez Alonso –portavoz de la comisión de Infraestructuras del Parlamento gallego– y el exministro José Blanco. Por ello, pidió que se elevara exposición razonada al Tribunal Supremo y al TSXG para que concedieran el suplicatorio y procesar a estos aforados. A juicio del fiscal, los “costosos obsequios” de Raúl López pretendían “propiciar una buena relación con su grupo empresarial y conseguir facilidades con las correspondientes Administraciones”.

El fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, acudió meses más tarde, el pasado abril, a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Galicia en busca de un criterio común para las diferentes causas abiertas en relación con los regalos de Monbus: los no aforados, los aforados bajo competencia de Tribunales Superiores y los aforados sometidos al Supremo. Como consecuencia, en mayo decidió pedir el sobreseimiento de la causa contra los no aforados, además de dictaminar que no procedía pedir el suplicatorio para los aforados. Cuando la jueza insistió en seguir adelante con el procesamiento, el fiscal jefe de Lugo volvió a pedir que se dejara sin efecto.

“Usos sociales arraigados”, según el fiscal

En sus escritos, a los que ha tenido acceso infoLibre, Brezmes reconoce que, en el caso de autoridades y funcionarios, recibir lotes de botellas de vino en Navidad “no se ajusta actualmente a los códigos éticos, normativa ad hoc y buenas prácticas de una Administración moderna, transparente y eficiente”. Pero a continuación asegura que “en los años en que se realizaron [los regalos de Monbus] una parte mayoritaria de la sociedad los consideraba como usos sociales arraigados, ajenos al ámbito jurisdiccional penal”. Los obsequios se enviaron hasta 2014. A su juicio, además, el envío de las botellas “en modo alguno tienen la capacidad de influencia mínima y necesaria para interferir en el ejercicio de las funciones públicas de los investigados, independientemente de lo que pretendiese el remitente”.

El fiscal jefe de Lugo llega a estas conclusiones no sin antes recordar los distintos límites que múltiples organismos han establecido para decidir en qué momento una muestra de cortesía pasa a convertirse en problema ético. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lo fija en 150 euros. La misma cantidad figura en el Código de Comportamiento de la Administración italiana, en el de los funcionarios de la Comisión Europea y en el de los diputados del Parlamento Europeo. El código ético del PSOE lo rebaja a 100 euros, el de la Xunta a 90 euros y el de los funcionarios de Estados Unidos lo deja en sólo 50 euros, recuerda el fiscal.

Pues bien, el importe mínimo de la caja de vino recibida por los aforados es de 517,55 euros. El paquete más caro ascendía a 878 euros, por lo que “excede el Salario Mínimo Interprofesional [655,2 euros]”, apunta la jueza Pilar de Lara en un auto del pasado 10 de noviembre donde rebate los argumentos del ministerio público. En primer lugar, le recuerda que gran parte de los obsequiados son funcionarios y autoridades que trabajan en el ámbito del transporte en territorios donde Monbus tiene contratos y que pertenecen a administraciones públicas donde la empresa mantiene intereses económicos. Según los informes de Vigilancia Aduanera, el grupo de Raúl López ha sumado adjudicaciones públicas por importe de 172,6 millones de euros desde 2008 hasta 2014.

Alarma social y mediática

“La realización de tales prebendas”, añade De Lara, “está directamente vinculada al cargo que desempeñaban los citados funcionarios y autoridades, pues resulta obvio que, de no ostentar tales cargos, no habrían recibido los regalos en cuestión”. La cuantía del regalo dependía del cargo del destinatario, destaca, e incluso algunos de ellos vieron rebajado su valor en el momento en que dejaron sus puestos. A su juicio, al recibir y aceptar el obsequio “quedan tácitamente en una situación de correspondencia y compromiso”.

Además, la jueza resalta el hecho de que casi todos los regalos fueran entregados en los domicilios particulares de los funcionarios y políticos, en lugar de en sus despachos oficiales. Pero sobre todo le reprocha al fiscal su apreciación de que recibir tales obsequios sea “una conducta tolerada socialmente en la época de su realización”, hasta hace sólo dos años. “De hecho”, advierte De Lara, “su inadmisión social provocó, no sólo una situación de alarma social y mediática, sino también la aprobación de sucesivos códigos éticos y de conducta”.

Finalmente, la magistrada concluye que el problema para dilucidar si los regalos, aun siendo “moralmente sancionables”, merecen “reproche penal” es el “límite”. De Lara lo establece en 400 euros, el criterio que marca la diferencia entre delitos patrimoniales leves y menos leves.