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Cataluña

La Ley del Referéndum prevé declarar independencia antes de 48 horas si gana el 'sí'

  • No se exigirá participación mínima y se blindará a los cargos electos 
  • La ley con la que el Gobierno catalán pretende convocar el referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla

infoLibre Publicada 04/07/2017 a las 14:25 Actualizada 04/07/2017 a las 21:07    
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Los diputados de JxSí y la CUP durante la presentación de la Ley del Referéndum.

Los diputados de JxSí y la CUP durante la presentación de la Ley del Referéndum.

EFE
El proyecto de ley con que el Gobierno catalán y los partidos independentistas quieren convocar el referéndum del 1 de octubre recoge que el Parlamento catalán proclamará la independencia "inmediatamente" si gana el 'sí', para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una constitución para la nueva república catalana.

La normativa con la que quieren amparar el referéndum ha sido redactada por JxSí y la CUP con ayuda de "multitud de expertos" y ha sido presentada este martes en el auditorio del Parlament en un acto al que se había invitado a todos los diputados pero al que finalmente han acudido los de Podem y EUiA, además de los diputados de los dos grupos impulsores.

La normativa de los independentistas declara al Parlament soberano y dice que le habilita para impulsar un referéndum de independencia con resultados vinculantes: si gana el sí se declarará la independencia como máximo 48 horas después de la proclamación definitiva de los resultados. Esto no implica necesariamente que la proclamación de la independencia sea el 3 de octubre, sino que podría ser después, porque los resultados pueden impugnarse, pero este proceso no se dilataría más de diez días.

Venecia no fija mínimos

Los independentistas aseguran que amparándose en los estándares de la Comisión de Venecia, la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado de la consulta, pero tanto JxSí como la CUP han insistido en la necesidad de que la afluencia sea "un éxito".
Han recordado que la Comisión de Venecia propone no fijar un mínimo de participación en los referéndums para evitar posibles boicots por parte de los detractores de la consulta. También han reiterado que el 1-O no tendrá nada que ver con la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014, que no fue vinculante y que tampoco contaba con un censo previo: entonces los ciudadanos debían autorizar su inclusión en el censo en los puntos de votación antes de introducir la papeleta en la urna.

Ahora habrá censo previo y lo elaborará el Govern, aunque los detalles de este procedimiento se reservan para el acto en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) en el que este martes por la tarde el Ejecutivo catalán dará los detalles organizativos del referéndum.

Mesas obligadas

Según los autores de la ley, las mesas electorales que se constituirán el día de la votación se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral.

En caso de que no se presenten miembros de las mesas, la Sindicatura Electoral de la demarcación designará inmediatamente las personas que deben constituirla "pudiendo ordenar que formen parte de ella el número de electores presentes en el local".

Podrán participar todas las personas con derecho a voto "en una convocatoria electoral convencional" que sean residentes en Cataluña y en el exterior --en este segundo caso se necesitará una acreditación especial--, y la ley establece que el Govern deberá ser neutral en todo el proceso.

Sin jueces

Todo el procedimiento estará controlado por una Sindicatura Electoral, en sustitución de la Junta Electoral, un órgano de nueva creación que estará formado por cinco miembros –juristas y politólogos– propuestos por el Parlament y avalados por una mayoría absoluta: de entre ellos se elegirá a un presidente --que pasará a denominarse Síndic Electoral-- y a un secretario.

De este organismo dependerán cuatro sindicaturas de tres miembros que representarán a cada una de las circunscripciones electorales –correspondientes a las cuatro capitales catalanas–, y se encargará de velar por la transparencia, la neutralidad, el pluralismo de los medios de comunicación y el escrutinio final: en consecuencia, certificará los resultados del referéndum.

Observadores

De entre todas las funciones de la Sindicatura Electoral, destaca la acreditación de un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso, asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren, y podrá emitir recomendaciones y hacer consultas.
La ley recoge que todas las autoridades públicas tendrán la obligación de colaborar con la Sindicatura Electoral, y el texto dedica un apartado a los ayuntamientos: deberán poner a disposición de este órgano electoral todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación.

Si se niegan, la ley prevé que entonces el Govern podrá habilitar locales alternativos, y también exige que en todo momento el Ejecutivo deberá facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento.

Seguridad jurídica

La futura ley del referéndum será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta y blindarles de cualquier actuación judicial por parte del Estado.
La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un "decreto de normas complementario" que establecerá los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo de la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

Otro punto que concreta el proyecto de ley es que el espacio para campaña electoral se dividirá en un 70% para los partidos y en un 30% para las entidades soberanistas, que previamente deberán ser acreditadas.

La ley del referéndum se publicará en la web garanties.cat, con la que el Govern quiere promover la participación en el referéndum, y se registrará en las próximas semanas en el Parlament.

JxSí y la CUP estudian poderla aprobar a través de la lectura única, un procedimiento de máxima urgencia que le daría luz verde en pocas horas y sin debate previo: este mecanismo se ha incluido en la reforma del reglamento del Parlament que varios grupos de la oposición han recurrido al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Este órgano consultivo debe pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad de extender el uso de este mecanismo hasta ahora reservado al Govern, pero en cualquier caso no hay obligación de cumplir con sus dictámenes. Inicialmente estaba previsto que la ley de referéndum se presentara junto a la ley de transitoriedad jurídica, que sienta las bases de la independencia, pero finalmente los grupos independentistas han decidido separarlas: la segunda norma se revelaría y pondría en marcha una vez se conozca el resultado de la votación.

El proyecto de ley del referéndum no prevé una participación mínima para validar el resultado, amparándose en las indicaciones de la Comisión de Venecia, según ha explicado este martes la portavoz de JxSí, Marta Rovira, durante la presentación de la ley en el auditorio del Parlament.
Rovira ha afirmado que la ley responde a la "ruptura del pacto constitucional" que considera que el Tribunal Constitucional llevó a cabo con la sentencia del Estatut.

"Había que dar una respuesta", ha dicho, y ha añadido que también es una respuesta al mandato que considera que obtuvieron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando JxSí se presentó a la convocatoria entendiéndola como un plebiscito de la independencia, y después de reiterados intentos de presentar el proyecto de ley de forma acordada con el Estado. Considera que la norma es la herramienta para el ejercicio del derecho de autodeterminación, que ha destacado que es un derecho que los catalanes tienen como pueblo y que está reconocido internacionalmente y también por el Estado, que es firmante de los tratados que lo recogen.

"Es un derecho que tenemos como país y que es inalienable, irrevocable e imprescindible. Lo tenemos y por eso lo ejercemos", y ha advertido de que lo que le dará garantías no es el proyecto de ley ni que se convoque, sino aspectos como la participación y las garantías con las que quieren dotar las campañas para el referéndum. Rovira cree que para conseguir un resultado vinculante hay que afrontarlo con la máxima normalidad democrática y eso es lo que prevé la norma: "Normalidad democrática, con máximas garantías".

La diputada de la CUP Gabriela Serra ha explicado que la norma explicita que se proclamará la independencia en el Parlament "inmediatamente" en caso de que gane el 'sí' a la independencia, y si gana el 'no' el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, disolverá la Cámara y convocará elecciones autonómicas. También ha dicho que el referéndum que prevén celebrar será vinculante: "Si la mayoría dice que no, lo primero que hará el presidente es convocar unas elecciones autonómicas. Si la mayoría de votos son positivos, inmediatamente se tendrá que proclamar la república catalana".
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6 Comentarios
  • gualdo gualdo 05/07/17 03:11

    Bien, hemos llegado a la situación ya prevista hace muchos meses, si no años. Estaba claro que el Govern iba a llegar a esta solución, que es desde hace años su estrategia fundamental. Se trata de llevar las cosas al extremo para que, con la inestimable contribución del gobierno central pseudo-fascista (concedido, dicho sea de paso, tanto por el psoe como por la política errónea de Podemos), lograr un mártir, tan solo un mártir catalán que pueda presentar ante el escaparate internacional. Es su única salida, lo saben bien; cuentan con la gran baza del pp en el gobierno. Los muy tontos del psoe y de Podemos les han ayudado, incluido Iglesias con sus estupidos abracitos y besucones a Puigdemont. Dado que la malhadada de la cospedal está ahí, en el ministerio de defensa, el govern 
    sabe aprovechar la sazón. Recuerdan lo que dijo el ex de interior, Fernández? Que no serían tan tontos como para hacer desfilar a la guardia civil por las ramblas? Cospedal SÍ será así de estúpida. Señores, la cosa pinta mal. La estrategia, que ya apunté hace años en este foro, y que pensaba que sucedería antes, es la siguiente: Puigdemont y demás son acusados de sedición, y metidos entre rejas. Movilizaciones en Cataluña. Represión. Piedras de manifestantes, y finalmente un mártir que ofrecer a los altares internacionales. Y así se irá Cataluña.

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  • José González José González 04/07/17 22:44

    Pues nada, a ver si tenemos suerte: hay referendum, ganan los separatistas, se declara la independencia, el gobierno del Estado hace como que no le importa... y empezamos a hacer vida normal y hablamos de otras cosas, de otros lugares del país que ahora es como si no existieran, y nos quitamos todos (ellos y los demás) un peso de encima. En el fondo no creo que vaya a pasar, pero por soñar un poco no se pierde nada, ¿verdad?

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    6

    • Llaranes Llaranes 05/07/17 00:14

      Debe de ser el mayor problema de los catalanes der españoles y de ser el mayor problema de los españoles que los Catalanes no sean Españoles... y claros esos problemas se dedican los políticos serios y competentes, la pobreza energética, el acceso de los nos a la mejor educación, las esperas en las operaciones hospitalarias, el desarrollo tecnológico y el apoyo a la investigación son problemas menores... hacen bien en gastar el tiempo y rel dinero en lo quee de verdad importa: la bandera y la patria, Make Catalunya great again! Make EspaÑa great again!

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  • RFripp RFripp 04/07/17 20:09

    No va a ver Referéndum y lo saben, es pura impostura, pero tendremos problemas.

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    • RFripp RFripp 04/07/17 20:11

      Falta : No va a haber.

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  • jorgeplaza jorgeplaza 04/07/17 19:39

    Se trata realmente de una tentativa golpe de Estado. De un golpe de Estado que, además, trata a los ciudadanos del nuevo Estado --a los que supuestamente liberará del yugo opresor de España-- como auténticos peleles, sin ofrecerles las menores garantías sobre el censo o la mayoría requerida. ¡Y se dicen demócratas! Hasta cierto punto, los catalanes no independentistas lo tienen merecido: hace mucho tiempo que tendrían que haber sacado las uñas: en estos casos funciona mejor la ley del Talión que ofrecer la otra mejilla. Curiosamente, a pesar de ser una parte claramente minoritaria, todo el desgraciado proceso lleva el atrabiliario sello de la CUP. Creo que el Estado tendrá que activar todos los recursos a su alcance, incluyendo el ejercicio, probablemente muy moderado, de la fuerza. A diferencia de lo que piensan algunos, creo también que ese uso de la fuerza hará disolverse como un azucarillo de manera casi instantánea toda esta revolución de guardarropía. No me desagradaría una condena de unas decenitas de años a los responsables de esta barbaridad.

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