El Gobierno suspenderá los pagos a Cataluña si detecta que dedica fondos al referéndum

El Ejecutivo comienza a dar pasos para impedir el referéndum en Cataluña anunciado para el 1-O. El primero de ellos tiene que ver con el control de los fondos que el Estado destina a este comunidad autónoma. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que se reunió este viernes antes del Consejo de Ministros acordó que la Generalitat debe remitir semanalmente al Gobierno información sobre los gastos realizados y garantizar que no se han destinado partidas par el referéndum. De lo contrario, la Moncloa suspenderá la transferencia de efectivo a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El encargado de hacer el anuncio fue el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Queremos saber que nadie usa el dinero de todos para las pretensiones de unos pocos, como es el referéndum ilegal", anunció.

El también ministro de Educación avanzó que será el Ministerio de Hacienda, en manos de Cristóbal Montoro, el que se encargue de recibir y controlar la información que le llegue desde la Generalitat.

El portavoz enumeró una serie de cargos que deberán remitir semanalmente una información certificando que no han iniciado el pago de partidas orientadas a la celebración del referéndum.

Méndez de Vigo recordó que la iniciativa de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos llega después de sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio, que anuló por unanimidad la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de Cataluña. Esta establecía la organización del referéndum independentista.

El Constitucional anula las partidas presupuestarias de la Generalitat que se destinen a financiar el referéndum

Con esta decisión, el Alto Tribunal estimaba de modo parcial el recurso presentado el pasado abril por el Gobierno de Rajoy contra la Ley de Presupuestos de Cataluña de 2017. Ese se dirigía contra la disposición adicional 40 y las partidas referidas a "procesos electorales y consultas populares" y a "procesos electorales y participación ciudadana".

Está previsto que Cataluña reciba este año del FLA 3.600 millones de euros.

Antecedentes

El anuncio de este viernes comenzó a dar sus primeros pasos el 20 de noviembre de 2015, tal y como recordó Méndez de Vigo. Ese día, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó los repartos adicionales del FLA de 2014 sin condiciones para nadie. Salvo para Cataluña. Si la Generalitat quería entrar en el reparto, tendría que hacer frente a unas "obligaciones especiales", según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El objetivo era "asegurar que estos fondos se destinan al fin que tienen previsto". Es decir, para evitar que vayan a parar a la creación de estructuras de Estado y reviertan sobre los ciudadanos.

Ese mismo día, Montoro explicó que la medida implicaba que el interventor de la Generalitat debía informar mensualmente de que los gastos son legales. De que "no contravienen el ordenamiento jurídico". Además, las operaciones de endeudamiento se aprobarán "operación por operación", dijo.

Comunicado de Hacienda

En un comunicado difundido este viernes por el Ministerio de Hacienda se subraya que "el acceso al reparto de recursos ordinarios y adicionales, asignados y pendientes de desembolso, o pendientes de asignar, con cargo a dicho Fondo [al FLA], podrá quedar condicionado a que cumpla, además de las condiciones fijadas en el Acuerdo CDGAE [Comisión Delegada de Asuntos Económicos] de 20 de noviembre de 2015, las nuevas condiciones fijadas en el día de hoy".

Entre las nuevas condiciones se cita la "emisión de un certificado semanal, además de los certificados iniciales y mensuales, en el que se certifique que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos que puedan ser destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum".

Además, se señala que "en caso de incumplimiento de la remisión de la información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado directa o indirectamente el procedimiento refrendario, la propia CDGAE podrá adoptar las medidas procedentes que impidan la ejecución, continuación o reiteración en esta actividad y cuantas otras se consideren precisas con la finalidad de restablecer la actuación financiera de la comunidad autónoma a la legalidad, incluyendo la suspensión de la financiación correspondiente".  Y que "se mantendrá la aplicación de lo previsto en este acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma".

Reacciones

La diputada del PSC en el Parlament Alicia Romero criticó la "amenaza" del Gobierno central a la Generalitat de condicionar el FLA a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum del 1-O, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, reprochó al Gobierno que utilice esta "coacción", ya que considera que el FLA es necesario para la Generalitat, aunque ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido las partidas de los presupuestos destinadas a organizar el referéndum.

Romero atribuyó la decisión del Gobierno a la falta de confianza institucional entre la Generalitat y el Estado, y aseguró que "las relaciones están muy enrarecidas y hace que haya declaraciones de este tipo, que nosotros rechazamos".

"Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista", declararon a Europa Press fuentes de la dirección del partido naranja.

Ciudadanos argumentó que el Gobierno de España "tiene que pensar en todos los catalanes" y que Puigdemont "no debe poner en riesgo los servicios básicos".

Desde la formación presidida por Albert Rivera sostienen que los políticos separatistas deben ser los que "paguen individualmente las consecuencias de sus actos". "Que no las paguemos todos los catalanes", subrayaron.

Ciudadanos, que hasta ahora ha expresado su respaldo a todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy frente al proceso independentista, cree que el referéndum previsto para el próximo 1 de octubre no se va a celebrar porque es ilegal y el Gobierno tiene que impedirlo.