La madre de Maracena no entrega a sus hijos y está "en paradero desconocido"

La madre de Maracena (Granada) a la que un juzgado ordenó la entrega este miércoles de sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla pero con quien ella había vuelto a convivir (la segunda hija nació durante ese segundo período), se encuentra "en paradero desconocido" después de haber incumplido el mandato judicial por el que los menores debían regresar con el progenitor a Italia, donde tienen fijada su "residencia habitual".

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada había fijado la restitución de los menores para las 16:30 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberían ser llevados por la madre, según la providencia dictada por la jueza, pero Juana Rivas "no ha comparecido", según confirmaron a Europa Press fuentes institucionales.

De forma casi paralela, su abogada, María Castillo, reconocía en declaraciones a los periodistas desconocer su paradero, si había abandonado o no el municipio de Maracena con los niños o cuáles eran sus intenciones, puesto que de hecho no habría tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.

Ante la posibilidad de que la entrega de los menores fuera "obstaculizada" por la madre, la jueza había pedido auxilio a través de la citada providencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que, en ese caso, adoptaran "las medidas administrativas precisas" para garantizar el cumplimiento del mandato judicial, actuando no solo en la residencia de los menores en Maracena, sino en aquellos lugares donde puedan encontrarse, por lo que se prevé que ese sea el siguiente paso.

Tanto la representante legal de Juana Rivas como la responsable del Centro de la Mujer de esa localidad, Francisca Granados, mantuvieron este miércoles una reunión con la fiscal que ha llevado el caso, en el marco de las actuaciones que realizaron en las últimas horas para impedir que tuviera que entregar a los menores.

Durante el encuentro, expusieron a la fiscal que esta medida produciría "un daño irreparable" para los menores, tal y como "revelan los contundentes" informes de los psicólogos que trabajaron con el menor de once años "en el marco de un contexto de violencia de género".

La Fiscalía les trasladó, no obstante, que debía cumplirse la decisión adoptada por la jueza y que su posición procesal se había ajustado a la normativa, de acuerdo a lo recogido en la Convención de La Haya a la que apeló el padre en este procedimiento, según detallaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público. El padre sostiene que los hijos fueron sdacados del domicilio conyugal, donde tienen la residencia, acuerdo entre los dos padres.

Tras este encuentro, Francisca Granados intentó contactar con Juana Rivas para contarle lo ocurrido pero el teléfono "salía apagado o fuera de cobertura". "Yo me despedí de Juana ayer [por el martes] a las once de la noche y desconozco dónde está", declaró a la prensa. En el mismo sentido, se pronunció la abogada, que rehusó dar más detalles de las conversaciones confidenciales que haya podido mantener con su cliente en las últimas horas.

Ambas reivindicaron que este es un caso de violencia de género y "no un secuestro" de los niños, tal y como ha establecido la jueza, y pidieron que sea tratado como tal. Así, avanzaron que, "a partir de este momento", van a "seguir trabajando para que se haga justicia", presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pidiendo que se suspenda la ejecución de la providencia que obliga a la entrega de los menores hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

A las 16:30 horas se ha celebrado una concentración en el municipio de Maracena con la presencia de un centenar de personas en apoyo a Juana Rivas, que estos meses explicó a los medios que "tuvo que escapar de la isla italiana Carloforte, en la que vivía con su ya expareja y padre de sus dos hijos" por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Según afirmó, los menores habrían sido "testigos de todo ese dolor".

Secuestro interparental

En contraposición, el representante legal del exmarido de Juana, el abogado Adolfo Alonso, mantuvo estos días que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia machista, lamentando la "instrumentalización" que se habría hecho del caso.

Esta versión está avalada por la Audiencia de Granada, que confirmó el pasado mes de abril la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que ordenó que los menores fueran devueltos al domicilio del padre en Calafonte (Italia) y condenó a la mujer a pagar las costas del procedimiento al entender que había "sustraído" a los niños, tomando "la justicia por su mano" y trayéndolos a España.

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Entendía el tribunal que Juana Rivas "aprovechando un permiso en España, dejó de trasladar a los hijos donde tenían su residencia, donde vive el padre y están escolarizados, y tomándose la justicia por su mano como vulgarmente se dice, los trajo a España", según consta en la sentencia, consultada por Europa Press.

La Sala argumentó que "no cabe tomarse la justicia por propia mano, salvo en los excepcionales supuestos en que la ley lo autoriza" y los menores, "hijos de la apelante, y no lo olvidemos también de su padre —según se remarca—, residen en Italia, desde el año 2013, el menor desde su nacimiento, y están sujetos a las normas de aquel país, y las del derecho Internacional que se concretan en el Tratado de Roma".

Añade la sentencia que, de acuerdo a las pruebas obrantes en los autos, los hechos alegados y los actos propios de la madre, así como del padre, todo ello en su conjunto, "permite concluir que la restitución no supone ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable".