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Memoria histórica

La Diputación de A Coruña lidera una iniciativa para recuperar el Pazo de Meirás e ilegalizar la Fundación Franco

Pazo de Meirás.

La Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada, han mantenido la mañana de este miércoles una reunión con el objetivo de construir un "grupo de instituciones públicas para llevar adelante todas las acciones precisas para cambiar las leyes" y devolver la titularidad pública al Pazo de Meirás. Tal y como han confirmado a infoLibre participantes en la cita, la intención apunta a la creación de una red constituida por sociedad civil, partidos e instituciones, capaz de sumar fuerzas y alcanzar acuerdos respecto al bien de interés cultural. En el encuentro han participado, además, representantes de la Universidade da Coruña, la Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de Coruña (CRMH), Iniciativa Galega pola Memoria (IGM), el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el investigador Emilio Grandío.

Según ha informado la Diputación de A Coruña, el encuentro ha resultado en la decisión de solicitar una modificación de la Ley de Fundaciones para impedir la legalidad de entidades que hagan apología del franquismo, reclamar la aprobación de una Ley gallega de Memoria Histórica y realizar un estudio alrededor del "expolio y apropiación" del pazo, además de constituir "con carácter inmediato" una Xunta por la Devolución del Pazo de Meirás. Esta última propuesta fue diseñada por Manuel Monge, socio y expresidente de la CRMH, con el fin de reproducir "a la inversa" la Junta Pro-Pazo del Caudillo "que se usó para comenzar el expolio". "Que ahora sean las instituciones públicas de la democracia las que lideren la devolución", reivindican fuentes consultadas por este diario.

La Fundación Franco, creada menos de un año después de la muerte del dictador y legalmente inscrita en el Registro de Fundaciones, afirma en sus estatutos que su objetivo es la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española", y en un comunicado emitido el pasado lunes 31 de julio señala que su gestión al frente de las visitas al pazo supone una oportunidad para mostrar "la grandeza de la figura" de Franco. El pasado dos de agosto la CRMH pidió la ilegalización de la fundación para "frenar" lo que considera una "continua e impune apología del franquismo". Hasta el momento, la Xunta de Galicia se ha escudado en que la organización "es legal" para permitir que asuma la gestión de las visitas.

El acuerdo alcanzado este miércoles supone el primer paso para crear "una masa crítica de instituciones" que vaya "construyendo paso a paso" el marco necesario para lograr que el pazo recupere su titularidad pública y sea entendido como espacio de memoria y recuperación.

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Las partes que componen el acuerdo estiman que, "más allá de iniciativas puntuales" –como la impulsada por En Marea en marzo para expropiar el pazo, que fue rechazada por el PP–, la solución para contrarrestar la mayoría absoluta de los conservadores gallegos pasa por unir fuerzas de forma conjunta y "atar lazos de unión" hacia un objetivo común. Actualmente "las vías parlamentarias están bloqueadas por el PP", así que "la única opción" apunta a un "frente amplio donde estén principalmente instituciones, partidos políticos, colegios profesionales y sociedad civil".

"La unidad por la defensa de las víctimas tiene que ser total desde las fuerzas democráticas", ha señalado el alcalde de Sada, Benito Portela, en conversación con infoLibre. Portela se manifiesta a favor de "trabajar juntos instituciones, partidos y colectivos memorialistas" para tratar de "hacer presión y tomar decisiones" en un asunto clave para el cumplimiento y la recuperación de la memoria histórica en la comunidad.

Carlos Babío, miembro de la CRMH, insiste en que "Feijóo tiene que entender que o se está con la democracia o no, no hay medias tintas posibles". Babío subraya que "se está hablando de apología de un genocidio, algo que no es tolerable por ninguna democracia del mundo". Critica, además, lo que considera "hipocresía de Feijóo" a la hora de asegurar que no dispone de los elementos necesarios para evitar que la finca sea gestionada por la organización franquista y devuelta a la ciudadanía, cuando a su vez el PP ha votado en contra de todas las iniciativas memorialistas presentadas por la oposición. Partiendo de la reunión mantenida este miércoles, instituciones y sociedad civil pretenden trabajar en la búsqueda de esas herramientas con el fin de dibujar un escenario en el que los conservadores gallegos también tendrán que tomar parte.

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