La crisis política de Cataluña

EL PSOE está convencido de que la votación del 1-O ya es imposible y mantiene su respaldo a Rajoy a pesar de las detenciones

Si la operación policial que ha dado lugar a la detención de 14 altos cargos y responsables de la Generalitat ha levantado alguna reserva en la dirección del PSOE, la Ejecutiva de Pedro Sánchez ha preferido guardársela para sí. Con un retraso que llamó la atención de todo el mundo (doce horas después de que el despliegue policial se hiciese visible en los edificios del Govern), los socialistas se aferraron al origen judicial de la operación para separarla de la voluntad del Gobierno y cerrar de nuevo filas con Mariano Rajoyorigen judicial en defensa de la legalidad.

Fue José Luis Ábalos, el número tres del partido, el encargado de comparecer ante los medios. Lo hizo pasadas las siete y media de la tarde para repetir la opinión que, por la mañana, ya había emitido el primer secretario del PSC, Miguel Iceta: la solución tiene que ser política, no judicial, y el primer paso lo tiene que dar el Govern renunciando a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Una petición que, apenas dos horas después, también trasladó a Carles Puigdemont el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración institucional pronunciada desde el Palacio de la Moncloa.

Una convocatoria, la del referéndum, cuya celebración los socialistas ya dan por imposible después de la operación policial de este miércoles. “No hay ninguna posibilidad de llevarlo a cabo”, llegó a decir el secretario de Organización socialista, así que lo mejor es que [las autoridades catalanas] “abandonen la idea” y se sienten a abrir una diálogo sobre el futuro de Cataluña que conduzca a mayor autogobierno y una mejor financiación.

Ábalos no ofreció detalles de la reunión que Pedro Sánchez celebró a primera hora de la mañana con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa y que el PSOE no quiso confirmar hasta casi las dos de la tarde. Se limitó a repetir que su partido defiende la legalidad, pero también la proporcionalidad de las medidas para impedir el referéndum. Y que, una vez más, Sánchez trasladó al presidente la necesidad de buscar una salida política al conflicto.

Ya por la tarde Sánchez habló telefónicamente con los secretarios de las federaciones territoriales, singularmente con los que también son presidentes autonómicos, para trasladarles la posición del partido e intercambiar impresiones sobre la situación en Cataluña.

El secretario de Organización del PSOE no sólo no cuestionó sino que justificó las detenciones practicadas por orden judicial, porque los dirigentes políticos catalanes “son adultos” y saben que lo ocurrido es “consecuencia de haber incumplido la ley”.

Y se empleó a fondo para restar importancia a las opiniones de los dirigentes socialistas que se han mostrado más críticos con las detenciones (la presidenta balear, Francina Armengol, y algunos alcaldes catalanes) diciendo que “estas cosas forman parte del debate pequeño” en comparación con el problema político de fondo.

Una reacción tardía

La reacción de la dirección federal se hizo de rogar durante todo el día. En la sesión del control al Gobierno del Congreso de los Diputados, cuando ya era de dominio público la operación policial que se estaba llevando a cabo en Cataluña, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, quiso dejar claro que el PSOE mantiene su apoyo al Ejecutivo en este asunto. “Usted mejor que nadie”, explicó a Mariano Rajoy en el Pleno, “sabe que el Partido Socialista está en la defensa de la legalidad, en el apoyo al Estado de Derecho, en el apoyo a su Gobierno en la defensa de la legalidad y en el apoyo a los jueces, y ahí vamos a seguir estando”.

Esa llamativa ausencia de una reacción oficial por parte de la dirección del partido abrió la puerta a dos voces abiertamente contradictorias: las de Susana Díaz y Francina Armengol, presidentas, respectivamente, de Andalucía e Illes Balears.

La presidenta del Govern balear fue muy crítica con la detención de cargos públicos en Cataluña: “Se ha pasado una línea roja” que, según ha opinado, “no es edificante para llegar a la solución del diálogo que es absolutamente necesaria para resolver este conflicto” y que “avanza hacia una mayor ruptura social”.

Según Armengol, “queda de manifiesto que la incapacidad de los dos gobiernos para dialogar y llegar a una solución consensuada y pactada para el futuro de Cataluña ha sido un desastre para la sociedad y lo estamos pagando con una crispación social evidente en el pueblo catalán”.

“Se debe escuchar a la sociedad catalana”, pidió la presidenta balear. Ante “un conflicto que es político, no vale sólo una solución policial, porque esa no es la salida”. “La salida ante un conflicto político es la política”, insistió.

Un mensaje bien diferente del de la presidenta andaluza, cuyos diputados afines en el Congreso dejaron bien claro el pasado martes que discrepan de la posición oficial del partido en esta materia.

Susana Díaz cerró filas sin condiciones con el Gobierno. “El Estado de Derecho”“, dijo en una declaración pública sobre las detenciones en Cataluña, “tiene la obligación de restablecer la ley y hacerlo desde el respeto escrupuloso a las órganos judiciales”. “No olvidemos”, añadió “que el Estado somos todos”. Díaz también hizo un “llamamiento a la serenidad y a la tranquilidad” para “evitar cualquier acción o manifestación que suponga un riesgo a al convivencia democrática”. Ni una sola palabra sobre una solución política negociada, el eje de la estrategia política de Pedro Sánchez para afrontar el conflicto de Cataluña.

Más en línea con la posición oficial del PSOE, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró que “quizá sea el momento de bajar el balón e intentar reconducir la situación”, porque “sólo hay un camino, el de la ley y el diálogo”. “Estoy preocupado, como cualquier persona responsable, por los acontecimientos que estamos viviendo. La situación es muy negativa para los catalanes y el conjunto de españoles”, ha añadido.

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