El Gobierno se vuelca contra la logística del 1-O y Rajoy advierte de que ya había avisado

En el Partido Popular y en el Gobierno resumen las detenciones y los registros de este miércoles en Cataluña: "Se está desmantelando", dicen, "el operativo" del 1-O. "La logística", añaden. Y recuerdan que no se está haciendo nada por sorpresa, que no se han sacado ningún as de la manga. Ya habían avisado, advierten las fuentes consultadas en un momento en el que ERC y el PDCat abandonaron el Pleno del Congreso de los Diputados en señal de protesta.

Con la Generalitat dispuesta a que el 1-O se vote y dando todos los pasos para ello, este miércoles han empezado también a darse los pasos para intentar evitar que se vote: "La Guardia Civil está desarrollando un dispositivo de servicio para recopilar pruebas e indicios para la investigación, practicando las diligencias judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona", informaba el Ministerio del Interior en una breve nota titulada "referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional".

El operativo, admitían fuentes del departamento de Juan Ignacio Zoido, iba al corazón de la organización de la consulta. Al órgano de coordinación del 1-O que nació a mediados de julio.

Pese a que el Gobierno, en una declaración institucional leída por Íñigo Méndez de Vigo en el Congreso, insiste en que "nadie está por encima de las órdenes de jueces y fiscales" ni "por encima de las sentencias del TC"  y que "lo que no es democracia es desobedecer las leyes y buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tiene", una de las cosas que más preocupa ahora a la la Moncloa es la reacción en las calles. Las manifestaciones, concentraciones y los posibles enfrentamientos entre partidarios y no partidarios del 1-O.

Los máximos colaboradores de Puigdemont

Entre los catorce detenidos destacan personas del núcleo de máxima confianza del vicepresidente Oriol Junqueras. Es el caso de Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número dos de Junqueras.

Además de altos cargos de Economía, Hacienda y Exteriores, entre los detenidos también figuran responsables de organismos como el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) como Josue Sallent Rivas y David Franco Martos. Un día después de que la Guardia Civil interviniera 45.000 sobres nominales –se considera que son el 80% del total– para la constitución de las mesas electorales los investigadores habían puesto al CTTI en el punto de mira para evitar que las citaciones pueden hacerse vía electrónica.

Otros de los detenidos relevantes de los que informaron fuentes de Interior son Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales; Josep Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez (Economía y Hacienda) y David Palancad Serrano (Asuntos Exteriores).

9,8 millones de papeletas

Paralelamente, la Guardia Civil, en el marco de estas actuaciones, intervino en una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona), "material electoral fundamental para la realización del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional".

Concretamente en el registro realizado en una nave localizada en el polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona), se procedió a la intervención de 9.894.350 papeletas de votación, informó Interior en un comunicado.

Rajoy justifica las actuaciones: "Estaban avisados"

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso esquivar el asunto en los pasillos de la Cámara baja tras enfrentarse a las preguntas de la oposición y escuchar a Gabriel Rufián (ERC) demandarle que "saque sus sucias manos de las instituciones catalanas".

"El estado tiene que reaccionar. No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Estaban avisados. Sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir que es lo que quieren que sea su país y yo, como ya he dicho en todas las ocasiones, pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad y que volvamos al sentido común, porque como ya hemos dicho el referéndum no se puede celebrar", respondía Rajoy. Sí esquivó, en dos ocasiones, la pregunta sobre si se juega su futuro político con su actuación ante el referéndum ideal.

Dentro del hemiciclo había respondido a Rufián que "no tiene sentido" explicarle "lo que es el estado de derecho". "Es una operación [la de la Guardia Civil] por decisión del juez", recordó al tiempo que subrayaba que "cualquier demócrata" tiene la obligación de acatar lo que digan "los tres poderes del Estado".

Rajoy no quiere responder respecto a qué se juega con su gestión de esta crisis. Pero el presidente del Gobierno, al que siempre se le retrata como un dirigente político que ha hecho del esperar a que escampe parte de su éxito, está, señalan quienes le rodean, ante el principal reto de su carrera política. Ni la crisis económica ni la corrupción.

El 155 "por la puerta de atrás"

El pasado viernes, en un acto de partido en Barcelona, Rajoy avisaba de que se le estaba obligando desde el Govern a tomar iniciativas que no quería tomar. Ya por la mañana, el Consejo de Ministros había dado los pasos para la intervención de la Hacienda catalana. El 155 sigue sobre la mesa, aunque los promotores del 1-O creen que ya se está aplicando "por la puerta de atrás". Al jefe de los conservadores no le gustaría recurrir a él. Pero a día de hoy no se puede descartar nada.

Las detenciones y operaciones de la Guardia Civil en Cataluña de este miércoles ponen de manifiesto, señalan en la Moncloa, que el Gobierno, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenían un plan trazado para ir reaccionando a medida que la Generalitat iba dando pasos.

En las últimas semanas, desde los partidos de la oposición se ha criticado al Ejecutivo por no buscar una "solución política" para el "desafío soberanista". La respuesta siempre ha sido que Rajoy nunca se ha negado a hablar, pero que no es fácil sentarse con quienes te ponen como premisa un referéndum "sí o sí". Y que, con el desafío ya planteado, recurrir los pasos del Govern ante el TC y trasladar actuaciones a la Fiscalía también es hacer política.

Reforma constitucional

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Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que la vía democrática para promover la secesión de Cataluña es la reforma constitucional.

"Si alguien quiere, en Cataluña, ir a la independencia tiene una vía democrática, que es instar la reforma de la Constitución, trabajar por tener las mayorías", planteó Sáez de Santamaría, indicando que "uno no puede pensar que si no tiene esas mayorías puede hacer lo que le venga en gana", informa Europa Press.

La mano derecha de Rajoy en el Gobierno hizo estas declaraciones desde Teruel, donde viajó para firmar una nueva edición del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).