La crisis política de Cataluña
Puigdemont entrega el control del 1-O a observadores internacionales, académicos y entidades públicas
El Govern de la Generalitat disuelve la Sindicatura Electoral, que su propia legislación había puesto al frente de la organización y control del referéndum del 1 de octubre. La decisión se ha hecho oública apenas unas horas antes de la entrada en vigor de las multas de entre 12,000 y 6.000 euros diarios impuestas por el Tribunal Constitucional a los miembros del organismo.
El Ejecutivo catalán ha pedido a la Sindicatura que, antes de su disolución, ceda sus funciones a entes públicos, académicos e observadores internacionales del referéndum, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
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El Constitucional les había exigido no sólo la dimisión sino que antes revocasen todas las resoluciones y acuerdos que hubiesen adoptado.
La Sindicatura Electoral estaba compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) había acordado de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los miembros de la Sindicatura. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascendían a 6.000 euros. Y había multado también con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, detenido este miércoles en la Operación Anubis y cesado el jueves por la Generalitat para proteger su patrimonio, así como de 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal, jefa del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat. El TC había ordenado además a la Agencia Tributaria que procediese, incluso por la vía de apremio, al cobro de las multas.
