El PP endurece su discurso con referencias a Companys, el 155 y el Código Penal horas antes del pleno

Los conservadores endurecieron este lunes su mensaje hacia el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a poco más de 24 horas de que comparezca en el Pleno del Parlament con la duda de hasta dónde llevará su compromiso de hacer una declaración de independencia. Así, mientras desde el Gobierno la vicepresidenta dejó caer que si Puigdemont proclama la independencia de forma unilateral, la respuesta del Ejecutivo llegará a través del Senado –la Cámara facultada para activar el 155–, en el PP se puso el énfasis en las responsabilidades penales de los promotores de la independencia. Hasta el punto de que el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, advirtió a Puigdemont de que puede acabar como Lluís Companys, el expresidente de la Generalitat encarcelado en 1934 y fusilado por el franquismo en 1940. Casado matizó que se refería a la prisión.

Los conservadores insisten en la necesidad de "no adelantar acontecimientos" y esperar una decisión del Parlament antes de dar una respuesta. Pero destacan que Mariano Rajoy tiene sobre la mesa todas las reacciones posibles en función del grado de desafío que se le plantee desde el Parlament.

Este lunes, el presidente del Gobierno reunió al Comité de Dirección del PP a las 11 de la mañana en la sede nacional del partido y el análisis de la situación en Cataluña consumió el grueso de la convocatoria. Al término, Pablo Casado resumió el encuentro con una cita literal de Mariano Rajoy: "Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas para impedirlo que sean necesarias. La separación de Cataluña no se va a producir y el Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea".

Similares argumentos se vertían en un argumentario del PP, elaborado por la Vicesecretaría de Estudios y Programas, en el que se destacaba que "el PP ha estado, está y estará firmemente comprometido con la defensa de la cohesión y la unidad de España". Y que, bajo esta premisa, "Cataluña nunca ha sido independiente y nunca va a ser independiente" y "no se va a romper ni la democracia, ni la libertad, ni la Constitución, ni España".

"Firmeza y prudencia"

La respuesta, insistía este documento interno, llegará "en el momento preciso desde la firmeza y la prudencia".

El Gobierno sabe que se la juega en su respuesta a una eventual declaración unilateral de independencia. Desde la Moncloa se había insistido en que no habría ni urnas ni votaciones el 1-O, y las hubo. También se había insistido en que se iban a evitar cargas policiales, y las hubo. Ahora, transcurrida más de una semana del 1-O, los conservadores han sido testigos de cómo crecía el malestar interno en sus propias filas por no haber aplicado ya el 155 de la Constitución y de cómo Ciudadanos, su socio de investidura y sin embargo rival electoral, también le demandaba activar ya el artículo que implica la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno central.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, en una entrevista concedida a la agencia Efe, sostuvo que a la hora de responder a Cataluña él será el máximo responsable de esa decisión: "Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era", dijo en alusión al momento en el que desde determinados sectores se le reclamaba que pidiera el rescate por la situación de crisis económica.

Uno de los principales temores de Rajoy en estos momentos es el de que se rompa la unidad del bloque PP-PSOE-Ciudadanos en la respuesta al llamado desafío soberanista. 

Con Ciudadanos está claro que no tendrá ningún problema a la hora de aplicar el 155. Y, este lunes, el PSOE no fue claro sobre esta hipótesis. Pero tanto Pedro Sánchez y Miquel Iceta, secretario general del PSOE y primer secretario del PSC, respectivamente, advirtieron de que igual que tienden la mano para dialogar, también apoyarán "la respuesta del Estado ante cualquier intento de quiebra".

"Se ha estudiado muy poco"

Pese a que los apoyos parecen ahora más firmes que hace una semana, y pese a que en un momento determinado de la entrevista que concedió a Cope, Soraya Sáenz de Santamaría, mencionó que la respuesta a Puigdemont si el Parlament lleva a cabo una declaración unilateral de independencia corresponderá al Gobierno, "a través del Senado", la vicepresidenta no descartó otras medidas "diferentes" al 155.

En este sentido, mantuvo que para llevar adelante medidas de este tipo se necesita "mucho criterio político y mucho consenso" y, sobre todo, "hay que medirlo en criterios de eficacia". Llegó incluso a decir que este artículo de la Constitución, que nunca se ha aplicado, "se ha estudiado muy poco".

Junto al 155, en el Gobierno se han mencionado otras herramientas como recurrir a la Ley de Seguridad Nacional.

Rajoy convoca un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar si aplica el artículo 155

Ver más

De forma paralela, en los conservadores recuerdan que los promotores de la independencia podrían estar incurriendo en los delitos de sedición y rebeldía, ambos tipificados en el Código Penal. El delito de sedición conlleva penas de hasta 15 años de cárcel. 

"No hace falta ser abogado para saber lo que hay en el Código Penal. ¿O es que hablamos ya de amnistías?", advirtió Casado en la rueda de prensa en la que hizo la polémica mención a Companys.

En privado, otros dirigentes conservadores recuerdan que la Justicia ha ido dando pasos desde que Puigdemont y sus colaboradores se ubicaron el margen de la ley y que "la maquinaria del Estado de derecho es imparable". Es decir, que tendrán que ir dando explicaciones a medida que avancen las investigaciones judiciales. De ahí que, para el PP, el president y Junqueras no sirvan como interlocutores. Tras la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional al final de la X Legislatura, cuando el PP tenía mayoría absoluta, el alto tribunal puede sentenciar la inhabilitación de cargos públicos que incumplan las resoluciones. La ley mediante la que el bloque independentista pretende proclamar la independencia de forma unilateral ya fue declarada inconstitucional.