Granados declara que Ignacio González usaba la Agencia de Informática de Madrid para vigilar a altos cargos

Francisco Granados utilizó este lunes su declaración voluntaria ante el juez que le investiga por graves delitos de corrupción en el caso Púnica para involucrar en la financiación ilegal del PP a Esperanza Aguirre, Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya ha anunciado una querella inmediata. El antiguo número dos del PP madrileño, que solo respondió a las preguntas de su abogado y precisó algunos datos a requerimiento del juez Manuel García Castellón, lanzó otra acusación de calado contra el también investigado Ignacio González, su enemigo acérrimo desde que en 2011 el hasta esa fecha poderoso secretario general del PP madrileño fue defenestrado por Aguirre tanto en el Gobierno regional como en el partido: según su declaración, el entonces vicepresidente y luego presidente de la Comunidad utilizó la Agencia de Informática (ICM) de Madrid para controlar las llamadas y mensajes enviados desde teléfonos corporativos de la Comunidad de Madrid. 

Ahora en libertad bajo fianza, Granados había anunciado a través de la Cadena SER y del digital OKdiario que aprovecharía su comparecencia para hacer grandes revelaciones sobre la financiación opaca del PP. Su mensaje resultó inequívoco en lo que se refiere al papel que atribuye a Aguirre, González y Cifuentes. Pero la escasez de detalles y lo que algunas fuentes definen como un estilo narrativo difuso y vago cuajado de justificaciones como la de que ni siquiera tenía poder real en su feudo de Arpegio, un organismo que manejó cientos de millones y situado bajo la lupa de la Guardia Civil, han tenido un efecto que, desde luego, no era el que buscaba Granados: al menos de momento, los investigadores del caso no asignan a su declaración la solidez necesaria para incorporar de manera automática a Aguirre y/o Cifuentes al panel de imputados. El día 20, proseguirá el interrogatorio. Y llegará el momento de las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

En un momento de su comparecencia y tras asegurar que la relación sentimental que, según su versión, mantenían González y Cifuentes acabó como en "Atracción Fatal"Atracción Fatal, el principal investigado de Púnica adujo que esa ruptura cambió por completo la composición del núcleo de poder que "reforzaba" las campañas de Esperanza Aguirre con financiación "paralela" obtenida mediante el uso espurio de partidas de publicidad institucional. Y que fue entonces cuando, además de relegar a Cifuentes logrando que Aguirre la despojase de su rango de número 3 del partido y la convirtiera en presidenta del comité de garantías –septiembre de 2008–, Ignacio González se hizo con el control de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), investigada desde el primer momento como uno de los grandes instrumentos utilizados para la financiación ilegal del partido. ICM, sostuvo Granados, interesaba a González porque ponía en sus manos un elevado presupuesto y "todo el control de las comunicaciones".

El juez García Castellón, relatan fuentes jurídicas, le pidió al llegar ahí que explicase qué quería decir. Y fue entonces, cuando en apoyo de su afirmación, Granados mencionó uno de los manuscritos incautados durante los registros de la Operación Lezo: el que la Guardia Civil intervino en las oficinas de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de González en el Canal de Isabel II, y de cuyo contenido informó infoLibre hace una semana. Ese esquema, dijo Granados, refleja que González podía controlar todas las llamadas. El gráfico, en efecto, muestra lo que parece corresponderse con el tráfico de llamadas y mensajes cruzados entre distintos dirigentes del PP madrileño. La mayor parte de ellos son quienes denunciaron que habían sido sometidos a seguimientos –Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores– pero también, y por partida triple, aparece el nombre de Cristina Cifuentes. Granados vino a decir, y así lo han confirmado a este diario fuentes conocedoras del interrogatorio y que representan posiciones diferentes en la causa, el nombre de la presidenta figura sobre una anotación que dice "Anónimos/I. Gallego" porque tanto la exdirectora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, como la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, recibieron anónimos que, según Granados, podían proceder de Cifuentes.

A lo largo de tres horas de interrogatorio, el imputado se presentó a sí mismo como alguien por completo ajeno a la obtención de financiación "paralela" en las campañas de 2007 y 2011 mediante el desvío de fondos para publicidad institucional asignados a organismos como el Canal de Isabel II, feudo de González, el Imade, dirigido por "un pariente de Esperanza Aguirre" o el Consorcio Turístico de Madrid, a cuyo frente se situaba la exsenadora Ana Isabel Mariño.

Negó incluso saber nada de lo que durante sus dos años de mandato oficial hacía Arpegio, un organismo elefantiásico que manejó el mayor plan de inversión pública de Madrid y epicentro de lo que los investigadores sospechan que fue un amaño de contratos a gran escala. Todo lo controlaban Aguirre y González, que le colocaron al grupo que en la práctica iba a capitanear Arpegio –el exconsejero Jaime González Taboada y el exviceconsejero Miguel Ángel Ruiz– y le hicieron delegar sus funciones en el consejero delegado de esa fundación, Eduardo Larraz. Una de las sociedades que, según la UCO, controlaban testaferros de Granados cobró medio millón de una adjudicataria de Arpegio. 

Defendiendo a Rajoy

Además de defenderse a sí mismo, Granados defendió a dos políticos –el presidente, Mariano Rajoy, que fue quien "destapó" la GürtelGürtelal pedir sin éxito a Aguirre que parase el pelotazo del municipio de Arganda y quien le "convenció" para ser senador tras su caída ante Aguirre en 2011, y el exgerente regional del PP, el investigado Beltrán Gutiérrez– y a un empresario: Javier López Madrid, yerno de  Juan Miguel Villar Mir y también imputado, amigo suyo y que, según la versión del exconsejero de Presidencia de Madrid nunca pintó nada en la Comunidad de Madrid. A través de su empresa Financiera SiaCapital, López Madrid fue el gestor último de un fondo público regional de capital riesgo, Inicap, que entre 2011 y 2014 le reportó ingresos de al menos 600.000 euros. Según Granados, las iniciales "JLM", aquellas que figuran en su agenda y tras las que la Guardia Civil identifica a Javier López Madrid solo significan "Juntas Locales de Madrid". Las fuentes sondeadas por este diario incluyen ese punto en el mapa de afirmaciones inverosímiles trazado ayer por Granados.

Esa financiación ilegal o irregular, adjetivos que Granados ha sustituido en todo momento por "paralela" o "ajena" a las vías ordinarias de ingresos, la canalizaba un equipo nucleado en torno a Aguirre y González y en el que, además de Cifuentes –llegó a ser "los ojos y los oídos" del entonces vicepresidente–, el exconsejero ha ubicado a antiguos altos cargos como el viceconsejero de Presidencia Borja Sarasola, la exsenadora Ana Isabel Mariño y la ex directora de Comunicación del Gobierno de Madrid, Isabel Gallego.

Según Granados, cuando el equipo que organizaba la campaña "para todos", es decir, para Esperanza Aguirre y para los distintos candidatos municipales, hacía notar las "carencias", era ese núcleo duro dedicado a "reforzar" especialmente la campaña de Aguirre el que les transmitía un mensaje: que no había que preocuparse porque eso que hacía falta iba "por otro lado". Ese otro lado, intuye, cree, deduce Granados –por usar los conceptos y términos a los que acudió una y otra vez durante el interrogatorio– pasaba por encargar a empresas de publicidad institucional que se ocupasen del asunto. Entre esas empresas, Granados ha citado expresamente a Swat, que está siendo investigada desde el estallido del caso.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. En su lanzamiento de misiles contra Aguirre, González y Cifuentes, el exconsejero ha recalcado que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. Algunas fuentes creen que la referencia al marido de Cifuentes ha sido un error en sentido literal. Y que Granados aludía en realidad al marido de Esperanza Aguirre, cuya amistad con Molpeceres acumula ya décadas. Este diario no ha podido confirmar si se trató de un lapsus o de un dardo de significado críptico y todavía desconocido.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dijo para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.